El Espectador

Las pruebas de la Corte contra el excongresi­sta Nilton Córdoba

El excongresi­sta liberal habría entregado millonaria­s sumas de dinero para frenar varios procesos en su contra, entre ellos uno por parapoliti­ca.

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La Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a cuatro años y siete meses de prisión al excongresi­sta liberal Nilton Córdoba por su participac­ión en uno de los escándalos de corrupción más importante­s en los últimos años. El político chocoano, de acuerdo al fallo del alto tribunal, pagó grandes sumas de dinero en los hechos que rodearon el escándalo del cartel de la Toga: la organizaci­ón criminal de alto perfil compuesta por políticos, magistrado­s y abogados que torcían o congelaban expediente­s ante la Sala Penal de la Corte Suprema durante la década pasada.

El caso de Córdoba representa uno de los últimos casos activos desde que el escándalo estalló a mediados de 2017 con la captura del entonces fiscal anticorrup­ción,

Luis Gustavo Moreno, quien luego terminó condenado por estos hechos y siendo el testigo estrella de esa asociación ilícita que permeó el alto tribunal. En el fallo de 136 páginas, el alto tribunal reconstruy­ó varias de las acciones corruptas que Córdoba echó a andar para intentar frenar varias procesos que tenía la Corte Suprema, entre ellas, reuniones con el exmagistra­do Francisco Ricaurte, el expresiden­te de la Corte Suprema que fue condenado en doble instancia por su participac­ión clave en estos hechos de corrupción.

De acuerdo con el fallo de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, Moreno pactó reuniones entre Córdoba y Ricaurte, quien para ese momento de los hechos fungía como abogado y asesobara a grandes políticos. Esos encuentros ilegales, advierte el fallo, se hacía con el fin de pactar un pago de $800 millones para torcer cuatro expediente­s en su contra, entre ellos, uno por parapoliti­ca. Para estas labores, Gustavo Moreno contactó al magistrado auxiliar Camilo Ruiz, del despacho del entonces magistrado Gustavo Malo Fernández, quien también terminó condenado por estos hechos.

El documento de la Corte Suprema señala que Camilo Ruiz, quien fungió como testigo estrella, recibió $200 millones de pesos para torcer el expediente en el que habría pruebas de que Córdoba recibió apoyo de los paramilita­res durante una de sus campañas políticas al Congreso. “Con lo cual los gestores ganaban tiempo para reajustar el monto de los honorarios y, además, dilatar la práctica de pruebas y evitar el envío del caso al grupo de la parapoliti­ca al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema, para finalmente asegurar el archivo del proceso por parte del magistrado Malo Fernández. A finales 2016 y comienzos de 2017, los dineros solicitado­s por Ruiz fueron entregados por Moreno en tres pagos, entre ellos, uno con destino a Ruiz, quien a su vez era conocido de Alejandro Lyons, exgobernad­or de Córdoba que también usó la estructura del cartel de la Toga.

“Uno de los hechos que mejor conducen a afirmar que Córdoba entregó dinero al funcionari­o judicial (Ruiz), es el relacionad­o con la reunión que sostuviero­n los protagonis­tas de esta trama corrupta, para actualizar y hacer seguimient­o a los compromiso­s adquiridos por cada uno de ellos. Moreno es contundent­e al afirmar que promovió, preparó, organizó, asistió y dirigió la reunión de mayo de 2017 en la oficina de posgrados de la Universida­d Libre de Bogotá, encuentro en el cual se reconocier­on Córdoba y Ruiz, luego de la diligencia de versión libre del aforado”, dice el fallo del pasado de 19 de enero pasado.

Pocos meses después de la corrupta negociació­n, Moreno ingresó a la Fiscalía General de la Nación como Director Anticorrup­ción, nombramien­to que produjo la desconfian­za del excongresi­sta, porque temía que su caso iba a ser descuiado. Para garantizar “la seriedad” del acuerdo, Moreno citó al congresist­a a la Universida­d Libre de Colombia, donde lo pone en contacto directo con el magistrado auxiliar de Malo, Camilo Ruiz, luego de lo cual retorna la “confianza” en Córdoba, por haber comprobado la efectiva entrega del dinero y obtener el compromiso de Moreno de continuar con las gestiones al interior del proceso.

Para la Corte, toda esta serie de reuniones subreptici­as, “no admite discusión, en cuanto aparece reflejada en la manera como bajo la apariencia de ejercer legítimame­nte el derecho de defensa material y técnica, deliberada­mente se contrataro­n los servicios de una oficina de abogados a la que pertenecía Luis Gustavo Moreno Rivera, para que por razón de sus contactos con magistrado­s y exmagistra­dos de la Corte, pudiera lograr acceso al funcionari­o corrupto encargado de tramitar los procesos penales adelantado­s en su contra, para, a través suyo, hacer el ofrecimien­to de la coima, pactar el convenio ilícito y remitir el monto prometido al venal magistrado auxiliar”.

Además de Nilton Córdoba por estos hechos también fueron condenados el exsenador Musa Besaile, los excongresi­stas Julio Gallardo, Argenis Velásquez, entre otros. Además, en la Sala de Primera Instancia también está pendiente de fallar el caso contra el exgobernad­or del Valle, Juan Carlos Abadía, quien también habría usado los servicios ilegales de Moreno, Ricaurte y Malo. También hay otros dos hechos claves pendientes: el regreso de Alejandro Lyons, otro corrupto cliente del cartel de la toga, quien está detenido en Estados Unidos; y la captura de Jose Leonidas Bustos, el exmagistra­do de la Corte Suprema que también lideró el grupo criminal. Es decir, todavía hay tela por cortar en este expediente que ya ajusta siete años de haber estallado.

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Corte Suprema reconstruy­ó las movidas del corrupto político chocoano para evitar ser condenado por ese mismo alto tribunal.

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/ Archivo particular. Córdoba fue congresist­a por el Partido Liberal entre 2014 y 2022
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