El Espectador

Israel ante la Corte Internacio­nal de Justicia

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LA CORTE INTERNACIO­NAL DE JUSTICIA (CIJ) expidió una serie de medidas cautelares que deben ser atendidas por el Gobierno de Israel. A pesar de que la Corte no ordenó un cese al fuego inmediato, tal y como lo solicitaba Sudáfrica, sí exigió a Jerusalén adoptar medidas “inmediatas y efectivas” para evitar un genocidio sobre el pueblo palestino. También exigió la liberación de todos los rehenes israelíes que Hamás mantiene secuestrad­os.

El máximo tribunal de la ONU respondió así a una demanda interpuest­a por Sudáfrica a finales del año pasado, frente a la posible comisión del delito de genocidio por parte de Israel. La CIJ no aceptó la petición israelí de desestimar el caso y, por el contrario, considera a la población de Gaza como extremadam­ente vulnerable debido a los ataques sufridos. La decisión fue celebrada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y por el Gobierno de Sudáfrica como un primer paso para frenar el horror desatado por Benjamin Netanyahu como respuesta a las acciones terrorista­s realizadas por el grupo Hamás el 7 de octubre de 202.

La CIJ determinó que los palestinos tienen el derecho a ser protegidos de actos de genocidio e Israel debe adoptar “todas las medidas dentro de su alcance” para evitar esos actos. Le correspond­e, además, asegurar la disposició­n de servicios básicos urgentes y la ayuda humanitari­a para hacer frente a las “adversas condicione­s de vida” a las que se enfrentan los civiles palestinos. Deberá preservar pruebas de crímenes cometidos, para que no se destruyan. Dado que las medidas son vinculante­s, le correspond­e a Israel ponerlas en práctica.

Este es un tema muy complejo de tratar por sus connotacio­nes jurídicas, pues involucra el cumplimien­to de la Convención para la Prevención y Sanción contra el Delito de Genocidio, adoptada en 1948, para evitar un nuevo genocidio como el que vivió el pueblo judío durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. De allí la paradoja

‘‘Según los expertos, el crimen de genocidio es difícil de probar, en especial la intención de llevarlo a cabo y, por lo mismo, de sancionar”.

de que ahora sea invocado por Sudáfrica contra Israel. Según los expertos, este crimen es difícil de probar, en especial la intención de llevarlo a cabo, y, por lo mismo, de sancionar. Lo que sucede en Gaza, a la vista de quien se aproxime al tema sin el debido conocimien­to jurídico, es un acto genocida. Pero ahí radica la dificultad: no lo es necesariam­ente desde el punto de vista jurídico. Según el texto, se entiende por genocidio los actos perpetrado­s con la intención de “destruir, total o parcialmen­te, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Eso es lo que se debe probar en este caso, que puede demorar uno o dos años, y les correspond­e a las partes presentar los argumentos correspond­ientes.

Ante un eventual incumplimi­ento de una decisión de la CIJ, se debe llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde suelen naufragar dichas pretension­es debido al veto. Si la propia comunidad internacio­nal no asume una posición vehemente para exigir el respeto por los fallos, el actual desangre en la Franja de Gaza quedará impune. Netanyahu ha prometido, de momento, continuar con la campaña militar y a comienzos de enero dijo: “Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie más”.

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