Comienza la carrera por la rectoría de la U. Nacional
El 21 de marzo se sabrá quién reemplazará a Dolly Montoya en el cargo, pero esta vez surgió una polémica porque no hay ninguna mujer entre los diez candidatos y uno de ellos tiene denuncias por violencia basada en género.
Ya comenzó la carrera por la rectoría de la universidad pública más grande del país: la Universidad Nacional. Luego de que se cerrara el proceso de inscripción, hay una lista de 10 candidatos que aspiran a reemplazar a Dolly Montoya en el cargo. Es un proceso que culminará el 21 de marzo y, como buena elección, no se ha librado de una que otra controversia. Una de ellas, que no haya una sola mujer entre el grupo de aspirantes; otra, las denuncias por violencia de género que hay contra uno de los candidatos; y una más, el papel del gobierno de turno en el proceso.
Pero antes de explicar los motivos de estos debates, hay que aclarar que este proceso no es, propiamente, una elección sino una designación hecha por el Consejo Superior Universitario. De esto depende el rumbo que tomará, por ejemplo, la modernización de programas, de promoción de áreas de formación o investigación.
Hoy, ese grupo está compuesto así: la ministra de Educación, dos miembros de la universidad designados por el presidente, una persona designada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), un exrector de la institución, un integrante designado por el Consejo Académico, un representante elegido por profesores y otro elegido por estudiantes. También está la actual rectora, Dolly Montoya, que tiene voz, pero no voto.
Aunque se presentaron once candidatos, clasificaron diez: Germán Castaño, Moisés Cetré, Jorge Eliécer Córdoba, Juan Pablo Duque, Giovanni Franco, Jairo López, Carlos Mora, Leopoldo Múnera, José Ismael Peña y Raúl Sastre.
Estos aspirantes tienen que presentar sus propuestas ante la comunidad educativa y asistir a los debates de la universidad.
En medio de ese camino, habrá un evento que genera incomodidad entre algunos estudiantes la consulta previa (que es electrónica), en la que profesores, estudiantes y egresados votarán por su candidato preferido el 12 de marzo.
“La decepción tiene que ver con que la gente ha perdido la esperanza y la expectativa, porque saben que sus resultados no se van a respetar”, dice Jennifer Pedraza, congresista y exestudiante de la Universidad Nacional.
Como explica Sergio Lancheros, integrante del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior, el punto es que “los resultados de esta votación no son vinculantes; simplemente se toma una consulta de opinión de la comunidad universitaria”.
Pero, como asegura Ignacio Mantilla, exrector de la institución, la consulta tiene un índice ponderado de opinión, donde los profesores tienen el 60 % del peso, seguido de los estudiantes con el 30 % y los egresados con el 10 %.
Sin embargo, según algunos actores, que solo sea una consulta ha generado desinterés de la comunidad universitaria. Un buen ejemplo para Pedraza es lo que ocurrió hace dos semanas: hubo debate entre los candidatos pero solo fueron 200 personas, pese a ser un espacio habilitado para 1.600.
En todo caso, los resultados de esa “consulta” definirán quiénes serán los cinco candidatos finalistas. Pero, mientras eso sucede, hay otro elemento que algunos actores no pueden dejar pasar desaparecido: la posible injerencia del Gobierno de turno.
La política en las elecciones de la rectoría de la U. Nacional
El exrector Mantilla comenta que la universidad se ha caracterizado por ser muy seria en el proceso de elección de rector y ha evitado que haya politiquería. Pero Ronald Vargas, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Nacional, tiene otro punto de vista. Como el Gobierno tiene tres votos (el ministerio, el CESU y los delegados de Presidencia), para él son actores que “votan en bloque”. Dice que no se puede negar que es un cargo muy llamativo, porque la institución tiene presencia en todos los territorios y “cuenta con un presupuesto de $2,2 billones”.
De acuerdo con Pedraza, la designación de este cargo es tan importante en términos políticos, que, en los últimos años, no se ha elegido al candidato que escoge la comunidad académica en la consulta. Recuerda que, a la rectora actual, Dolly Montoya, le ganó el voto en blanco y fueron “Santos y Duque los que la pusieron”.
Pero esta vez, dice Vargas, podría ser diferente pues el designado del CESU no es afín al gobierno Petro. Para él, es posible que, esta vez, los representantes de estudiantes, profesores y del Gobierno “sean más proclives a respaldar el resultado de la consulta estudiantil”.
Esta posible “jugada”, apunta Pedraza, muestra una esperanza de que el Gobierno adopte el resultado de la consulta, lo que, añade, “sería coherente con las propuestas de Petro”.
Violencia basada en género, sin atención
Estas elecciones tienen una particularidad: no hay ninguna mujer entre los candidatos. Además, uno de ellos tuvo dos investigaciones disciplinarias por presunta violencia basada en género. Se trata de Moisés Cetré, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Nacional.
Por medio de un correo enviado al grupo de estudiantes y egresados de la universidad, el candidato dijo que no estaba de acuerdo con esa política de cancelación que pretendían impulsar algunos integrantes del plantel. Además, anotó que “esta es realmente una acción de matoneo grupal, en la que se ataca, descalifica, persigue y bloquea a alguien, ya sea por sus declaraciones, puntos de vista, trayectoria o acciones específicas”.
Ante la polémica, Cetré, quien también se presentó en las elecciones pasadas, se defiende: “No tengo ni siquiera una orden de caución por este tema. Les he escrito a las personas que me han señalado que me muestren las pruebas y se quedan callados. Ellos han sido instrumentalizados”. Resalta que en la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde trabajó hasta 2004, no lo despidieron por denuncias de violencia basada en género, sino que presentó su carta de renuncia por otros motivos.
Más allá de este caso, la pregunta es si los estamentos de la institución prohíben que algún candidato con uno de estos casos se pueda postular. Amanda Lucía Mora, secretaria general, explica que los aspirantes deben firmar un documento para postularse donde deben manifestar que no han “sido condenados por hechos punibles, salvo delitos políticos o puniciosos, ni sancionados en el ejercicio de su profesión o disciplinariamente por faltas graves”. Además, la universidad debe verificar si tienen procesos abiertos.
A Vargas le genera inquietud este punto, pues la universidad “se basa en la presunción de inocencia y permite que puedas aspirar al cargo”. Esto, a su vez, complementa Pedraza, va en contravía de lo que dice la Corte Constitucional, pues señala que “para garantizar que la educación sea un derecho como tal, debe garantizarse a su vez que sea libre de todo tipo de violencias basadas en género”. Algo que, advierte, no está pasando en la institución.
›› Uno de los candidatos tuvo dos investigaciones disciplinarias por presunta violencia basada en género.