Esta es la historia de los múltiples enredos que fracturan a la Cancillería
En el servicio diplomático hay al menos tres embajadas acéfalas y de a pocos el canciller (e) ha sacado a las personas de mayor confianza del suspendido.
En la Cancillería se respira un aire cargado de la incertidumbre que viene con un ministro que, en principio, solo debía permanecer tres meses en el cargo, pero cuyos movimientos parecen indicar que su estancia en el Palacio de San Carlos será más larga, si no es que permanente. De a pocos, los funcionarios más cercanos al suspendido canciller Álvaro Leyva han ido saliendo y Luis Gilberto Murillo, quien se vino desde la Embajada en Washington para reemplazarlo hace seis semanas, trata de poner la casa en orden. Pero los ecos del desorden de la cartera se sienten en otras latitudes.
Mientras el país se volcó hacia la discusión sobre una asamblea constituyente, como la propuso el presidente Gustavo Petro hace ocho días, y el discurso del primer mandatario se fue endureciendo contra varios sectores de la oposición, esta semana el suspendido ministro estuvo paseando por la Cancillería. Aunque algunos señalan que “solo fue a saludar”, otros leyeron su visita como una forma de tantear el terreno de su posible regreso. Y es que el 24 de marzo se cumplen tres meses desde que la Procuraduría le ordenó a Leyva separarse de su cargo por cuenta del polémico proceso de licitación de pasaportes. Sin embargo, parece que el tiempo que ha pasado no ha aplacado la situación de Leyva.
Desde que Murillo asumió su rol en encargo, los funcionarios más cercanos a Leyva han ido saliendo de la entidad uno a uno. Esta semana salió Silvia Carrizosa, directora de Talento Humano de la cartera. Ya se han ido también José Antonio Salazar, exsecretario general, quien adjudicó el contrato de casi $600.000 millones a Thomas Greg & Sons y quien, por eso mismo, fue denunciado por el Gobierno ante la Fiscalía esta semana; Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos internacionales, y Lida Rodríguez, jefa de contratos.
El lío por las libretas también llevó a que en los últimos ocho días Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, decidiera entrar a inspeccionar la Cancillería para buscar pruebas de posible irrespeto a la libre competencia en la licitación. Los sindicatos del ministerio alegan que la SIC se llevó información de seguridad nacional y le han mandado un derecho de petición a Rusinque para que dé explicaciones. La entidad también entró en esos días a las oficinas y la planta de Thomas y a la Registraduría, con quien la firma también tiene millonarios contratos.
Sin embargo, fuera de los reflectores y a fuego lento, se han ido cocinando otros problemas en ese ministerio, que tiene un presupuesto de funcionamiento de un poco más de $703.000 millones. Estas averías le pasan la cuenta de cobro al primer mandatario, entre ellas, la ausencia de por lo menos tres embajadores en misiones claves, los roces entre los diplomáticos y el incumplimiento de la promesa de designar al menos la mitad de los cargos en el exterior a profesionales de la carrera diplomática.
Y es que lo que sucede en el Palacio de San Carlos tiene ecos internacionales. Prueba de ello es la noticia de que Sebastián Guanumen asumirá el cargo de embajador colombiano en Santiago de Chile. Aunque esta semana se confirmó que el actual cónsul, cuestionado por sus declaraciones de “correr la línea ética” durante la campaña presidencial de 2022, tendrá el beneplácito, desde que empezaron los rumores sobre su nombramiento saltaron alarmas en Chile, un aliado clave de Colombia. Algunos políticos chilenos han dicho que el colombiano ha mostrado apoyo a “expresiones violentas que afectaron a Chile”. “Gabriel Boric, Gustavo Petro, esperábamos alguien a la altura”, dijo el congresista de derecha Iván Moreira.
Después de 17 meses del gobierno Petro, también hay vacíos en otras embajadas, como Japón. Fuentes cercanas a la Cancillería revelaron que el decreto para nombrar a Gabriel Duque como embajador lleva cinco meses estancado en Presidencia, esperando la firma de Petro. Por su parte, el Ministerio negó la elaboración de dicho decreto. En todo caso, mientras se nombra a alguien en propiedad, Flor Ángela Durán Consuegra, la encargada de negocios provisional, asume las funciones del cargo.
Aún no suenan nombres para ocupar el cargo de embajador en Australia, donde hay más de 35.000 colombianos. Por el momento, está Esther Margarita Arias como encargada de negocios. Según la Cancillería, allá hay ocho funcionarios, de los cuales cuatro son diplomáticos de carrera.
Las embajadas sin cabeza no son el único asunto que ha despertado cuestionamientos. También lo ha sido el interés de la Cancillería de crear 10 sedes diplomáticas adicionales durante el cuatrienio de Petro, y así quedar con un total de 75 en 2026. Estas estarían en Barbados, Haití, Guyana, Etiopía, Senegal, Arabia Saudita, Nueva Zelanda, República Checa, Rumania y Palestina. En estos países viven, sumados, casi 3.500 colombianos. La apertura de estas nuevas 10 sedes diplomáticas, cuya creación supondría una inversión de $24.000 millones, también es parte de la estrategia de posicionamiento global de Colombia prevista en el PND.
Pero cuando Armando Benedetti fue elegido embajador ante la FAO, el 7 de febrero, se puso en duda si los recursos serían suficientes para abrir las 10 embajadas contempladas originalmente. Fuentes cercanas a la Cancillería explicaron que la apertura sí será posible. Sería cuestión de, por ejemplo, asignar ministros plenipotenciarios con funciones de jefe de misión, en lugar de embajadores. Además, Petro ha llamado a consultas a otros tres embajadores por choques con los gobiernos locales: Israel, Perú y Argentina.
El Congreso, que hace nueve días citó a Murillo a control político, también pidió explicaciones por las nuevas embajadas y sobre la ampliación de la planta de personal en la Cancillería.
El año pasado, luego de haber hecho un estudio técnico interno y pasarlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, vía decreto, el Ministerio de Exteriores creó 125 nuevos cargos. Aunque el estudio que hizo el departamento de Talento Humano de la Cancillería indicaba que el déficit era mucho mayor, el Ministerio de Hacienda aceptó la viabilidad para ampliar el número de puestos de 1.624 a 1.738, lo que costará $650.000 millones, $51.000 millones más que lo que costaba la planta antes.
En medio de todo esto, también ha habido insatisfacción por la reducción a 15 cupos para ingresar a la Academia Diplomática. Este diario supo que la razón de esto sería no crear un “cuello de botella” adelante, con la cantidad de personas graduadas de la carrera con los puestos disponibles.
Entre los 125 nuevos cargos, el decreto especifica que nueve de ellos serán para embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. Es decir, nueve oportunidades de nombramientos, uno de los asuntos que comenzó a levantar ampollas en la Cancillería poco tiempo después de que empezara el “Gobierno del cambio”.
Once días después de que Gustavo Petro asumiera su rol de presidente, Leyva reunió a los funcionarios en el Palacio de San Carlos, donde les dijo que los nombramientos a cargos en el exterior “no son para la clase política” ni “para regalarlos” y que, como ya había dicho desde que lo nombraron canciller, la preferencia sería para los de la carrera diplomática.
Esta intención de que los embajadores de la carrera diplomática sean los primeros considerados también quedó en el PND. Pero pronto la Asociación Diplomática y Consular (Asodiplo) y el sindicato Unidiplo comenzaron sus estrategias legales para demandar nombramientos. La primera ha ganado
››Entre las embajadas acéfalas están Australia y Japón.
12 demandas en el último año y tienen otras 35 en curso. Sus triunfos se deben a que la ley establece que solo se puede nombrar a particulares en cargos como el de cónsul si el Ministerio no tiene a funcionarios de la carrera libres para asumirlos.
Por estos motivos, por ejemplo, el Consejo de Estado tumbó hace una semana la resolución con la que se nombró a Andrés Hernández cónsul general de Colombia en México. Por esos mismos días, María Soledad Garzón salió del consulado de Cancún. En la Embajada de Ciudad de México, donde este año han rechazado el ingreso de más de 17.000 colombianos, también hubo ruidos alrededor del embajador Moisés Ninco Daza, quien, con 12 meses en el cargo, tiene dos procesos abiertos en la Procuraduría por presunto uso indebido de las instalaciones de la sede diplomática y por acoso laboral, precisamente, contra el ahora excónsul. De hecho, el nombramiento de Ninco, por irregularidades en el proceso, fue anulado en noviembre de 2023 por el Tribunal de Cundinamarca y está en segunda instancia en el Consejo de Estado.
Petro defendió la elección de su cuerpo diplomático en México argumentando que “lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas” en ese país.
El Decreto 274 de 2000 establece que el 20 % de los embajadores deben ser diplomáticos de carrera y aunque la promesa de Petro y Leyva fue subirla a, por lo menos, 50 %, esto no se ha cumplido, según cuentan los sindicatos. De acuerdo con los datos de Unidiplo, en este momento el 37 % de los nombramientos son de carrera.
Además de Ninco, otras gestiones han sido cuestionadas, como la de León Fredy Muñoz, embajador en Nicaragua. Pese a que se le vio marchando a favor del régimen de Daniel Ortega, la Cancillería se abstuvo de iniciar actuación, por petición de la Procuraduría, que pidió la remisión del expediente.
En los últimos meses, además de las tensiones de Ninco y Hernández, también han trascendido choques en otras sedes diplomáticas. Según cuentan fuentes cercanas a la Cancillería, entre estas está la Embajada ante Naciones Unidas, donde la embajadora arahuaca Leonor Zalabata discrepa con Arlene Tickner, conocida por su bagaje académico y diplomático. Antes de que Leyva se apartara del cargo, transfirió a Juan José Quintana, embajador de Colombia en
Uruguay, a la sede ante Naciones Unidas. Sin embargo, como sus otros decretos, aún no es clara la viabilidad jurídica de esa decisión.
Otras voces argumentan que desde hace meses no hay lineamientos claros en la entidad. De hecho, la pestaña de “Principios y lineamientos de la política exterior colombiana” en su página web está en blanco. La Cancillería le dijo a este diario que este vacío responde a un proceso de unificar secciones y documentos para no duplicar información y que los planes estratégicos están en otro enlace.
Más allá de la página web, se dice que antes de que llegara Murillo había una falta de línea por parte de Leyva y que Danna Ramírez, su asesora, y el viceministro Francisco Coy eran quienes se encargaban de delinear el camino.
Al día siguiente de que aceptara su suspensión, a Leyva se le vio por el Palacio de San Carlos. Ese 12 de febrero, Murillo estaba dejando sus asuntos en Washington en orden para venir a reemplazar al canciller durante un trimestre. Cuando se empezó a rumorear en el ministerio que su estancia podría llegar a ser permanente, Murillo no tardó en desmentirlos; por ejemplo, en el desayuno que tuvo con los representantes a la Cámara, horas antes de su debate de control político. Aunque parece que sus movimientos con el personal de la Cancillería indicarían una vocación de permanencia, algunas voces señalan que ser un ministro en propiedad del gobierno Petro entorpecería sus aspiraciones presidenciales, razón por la que preferiría regresar a Washington.