Inversión en justicia: un llamado a mandatarios locales
En departamentos como Putumayo, Cesar y Sucre los pedidos para mejorar el acceso a este derecho se han hecho notar, desde la articulación de justicia indígena y ordinaria hasta mejorar la educación.
“El Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC abrió la posibilidad para que el Gobierno priorizara los sistemas locales de justicia e hiciera mejores inversiones en el desarrollo social del territorio”, afirma Diego Gutiérrez, líder social de Mocoa, Putumayo, quien desde hace varios años le apuesta al fortalecimiento de la justicia ordinaria, administrativa y étnica. Sus intenciones se han sumado a las de cientos de líderes y lideresas que, como un acto de justicia, les reclaman a los mandatarios locales que destinen recursos a sus municipios, con el fin de mejorar el deterioro que la guerra y el abandono estatal han dejado por décadas.
Tras la firma de los tratados en 2016 se propuso la creación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales buscan impulsar el crecimiento económico, social y ambiental de los territorios con mayores afectaciones producto del conflicto y que, además, se logre alcanzar un efectivo desarrollo rural. Así sucedió en Putumayo, como recuerda Gutiérrez: “Putumayo quedó priorizado en los PDET y comenzamos a convencer a los mandatarios de las zonas rurales para que entiendan que la justicia también debe llegar hasta allí”. Para el líder, esta herramienta de gestión contribuyó a impulsar la justicia restaurativa en municipios y veredas.
Esta iniciativa fue apoyada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), bajo el programa Justicia Inclusiva, conocido anteriormente como Justicia para una Paz Sostenible. Miguel Ángel Rubio, un hombre que conoce los ires y venires de lo que pasa en el departamento, pues fue alcalde de Puerto Leguízamo en dos ocasiones (1995-1997 y 2012-2015) y candidato a la Gobernación en repetidas oportunidades, apoyó de primera mano la implementación de este instrumento. “Lo que hacemos en los PDET es trabajar para garantizar la no repetición del conflicto armado y la reparación a la población”, señala.
Esta fue la puerta de entrada para priorizar los sistemas locales de justicia y darles una mano a otras formas de justicia, como la étnica o ancestral, para que pudieran funcionar sin mayores inconvenientes. Rubio, en diálogo con este diario, indicó que antes de la firma del Acuerdo de Paz solo existían políticas enfocadas a la seguridad del departamento y la justicia que ejercían las poblaciones étnicas en medio del conflicto estaban silenciadas. Por ello, una alianza entre Usaid, el Ministerio de Justicia y los entes de control territorial abrieron nuevos espacios de diálogo para comunidades vulnerables.
“Veníamos de décadas de guerra, en el último lugar estaban las personas de a pie, quienes sufrimos las consecuencias de las armas”, apunta Rubio. En 2019, gracias a uno de los acuerdos con la Gobernación de Putumayo, se logró disminuir la impunidad y mejorar el acceso a la justicia en Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel. Enfocarse en estos municipios abrió paso al aumento de la oferta institucional en áreas donde la justicia estaba controlada por los grupos armados ilegales. Rubio recuerda que ese año, durante la primera jornada de justicia móvil que realizaron en Puerto Caicedo, la comunidad se motivó a denunciar todo tipo de violencias.
“Puerto Caicedo fue una de las zonas más afectadas por las balas. En 2001 tuvimos que vivir la masacre de cinco personas a manos del paramilitarismo y el desplazamiento masivo de toda la comunidad”, relata Pedro*, un campesino y conciliador que prefiere mantener su nombre bajo reserva. Él, pese al miedo, se quedó allí. Y, como es el caso de cientos de campesinos, le tocó buscar una forma de sobrevivir y llevar el pan a su casa, por lo que entró al mundo de los cultivos de uso ilícito. “Fueron más de 10 años cultivando hoja de coca, con el proceso de paz y el dinero que el Gobierno invirtió en esta zona, comencé a concebir de otra manera mi tierrita”, cuenta Pedro.
La implementación de los PDET fue una forma de apostarle al desarrollo social de lugares como Puerto Caicedo. De la mano del programa Justicia Inclusiva de Usaid llegó una nueva oferta institucional que ayudó a los pobladores a denunciar toda clase de violencias, pero sobre todo, aprendieron a solucionar los conflictos. Este es el caso de Pedro: “Comercializaba coca, pero cuando priorizaron este departamento, varios cultivadores de mora me enseñaron que había otras formas de conseguir dinero que no atrajera a otros actores armados ilegales”, dice. Pero cambiar la hoja de coca por la mora no fue tarea fácil. Las fincas aledañas comenzaron a ver con ojos “maliciosos” ese cambio y lo tildaron de guerrillero.
Según cuenta el campesino, otros agricultores de la zona decían que él les iba a robar la clientela y envenenaron sus cultivos con todo tipo de sustancias. La solución llegó después de un año, en 2019, gracias a una jornada de justicia móvil que realizó el Ministerio de Justicia, con el apoyo de Usaid. “Logramos hablar con todos los agricultores de Puerto Caicedo, ellos dijeron que me iban a dejar cultivar, pero no podía volver a la coca”, señala. En su caso, la justicia tocó a su puerta para recuperar lo perdido, tanto así que decidió formarse como conciliador en equidad y ha centrado sus esfuerzos en articular la justicia indígena de las etnias nasa y awá con la justicia ordinaria. “Si no hay justicia, no hay paz, por eso debemos entender los otros modos de justicia”, sostiene.
Los jóvenes en busca de justicia en los territorios
Si bien Putumayo es un claro ejemplo de cómo la justicia ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de varios municipios, en otros departamentos los jóvenes son quienes se han dado a la tarea de exigir a gobernaciones y alcaldías que sean tenidos en cuenta a la hora de formular los Planes de Desarrollo Territorial.
La Ley 1885 de 2018 reglamenta encuentros entre delegados de despachos locales, consejeros de juventud, miembros de la plataforma juvenil y una secretaría técnica para escuchar sus recomendaciones y prioridades. De ahí que, en las últimas semanas, el Consejo Nacional de Juventud, junto con el Departamento Nacional de Planeación, con apoyo de Usaid, se hayan sentado a definir los asuntos más relevantes para los jóvenes.
Participación juvenil, empleo, educación, medio ambiente, paz, salud mental, deporte y diversidad son, en principio, los ocho puntos que los jóvenes buscan fortalecer en diferentes territorios. Mientras que en Putumayo los sistemas locales de justicia y figuras como la conciliación se hacen fuertes para acceder a este derecho, en Arauca la juventud ha intentado definir qué es la paz, con el fin de iniciar un camino de reconciliación y acceder a la justicia. Olga Pereira Yance, lideresa y consejera de juventud en el departamento, reunió varios testimonios de adolescentes que dieron su punto de vista sobre este tema.
“Es importante destacar estos procesos en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta un tratamiento especial y de acuerdo con las vivencias que se han presentando en dichos municipios, y que se han visto golpeados por la violencia, muertes, secuestros y, sobre todo, la faltas de oportunidades que existen allí”, explica la lideresa. Luego de preguntar por varios municipios y veredas, Pereira encontró que para los jóvenes hay cuatro temas en los que, de carácter urgente, las administraciones municipales deben poner la lupa: presencia de la institucionalidad, desarrollo del campo, apoyo al campesino, garantías para los jóvenes en el ámbito laboral y la presencia de la educación media y superior.
De acuerdo con Pereira, la paz y la reconciliación, desde el punto de vista de la juventud araucana, no consiste en suscribir acuerdos en un documento, sino también ir más allá y ejercer un liderazgo para que esas promesas se puedan materializar. “La labor social y política de los jóvenes líderes es fundamental para que se puedan exigir a los gobiernos las herramientas y oportunidades para la reconstrucción de nuestros territorios que por décadas han sido afectados por la violencia y la guerra. Las oportunidades y la verdad de los hechos son lo más importante para la reparación de la juventud, y con ello la búsqueda de paz y justicia que tanto se anhela en cada uno de los jóvenes colombianos”, afirma.
El rostro de la justicia también se puede ver en el acceso a derechos como la educación, sobre todo en territorios donde el conflicto ha cerrado las puertas a miles de niños, niñas y adolescentes a las aulas de clases. Para Leonardo Villalba, consejero de juventudes en Sucre, este es un asunto prioritario, pues impulsar la educación rural es un llamado que se lleva haciendo por años a los mandatarios locales. “Debemos buscar que se empiecen a implementar las jornadas medias técnicas en los colegios para mejorar la formación de los jóvenes”, dice el consejero. Pero este no es el único pedido de Villalba, pues también se ha centrado en resaltar la necesidad de ampliar la oferta académica, teniendo en cuenta que en el departamento solo funciona una universidad: la Universidad de Sucre.
“Muchos de los jóvenes no tienen los recursos para pagar una universidad y otros no los tienen para movilizarse hacia ella, entonces ese también es un problema”, indicó el líder, quien puso sobre la mesa la necesidad de implementar asignaturas que impulsen el liderazgo de la juventud. Desde su ejercicio, Villalba ha identificado que el problema tiene una sola solución: inversión de más recursos en la educación. “Las naciones marchan a la grandeza al mismo paso que avanza su educación”, recuerda el consejero, citando a Simón Bolívar. Destaca esa frase, pues considera que su departamento ha sido olvidado en términos de educación.
Y aunque este problema afecta a niños y adolescentes, son también quienes ya se encuentran en el ecosistema del empleo los que ven mayores dificultades para conseguir un trabajo. Un escenario similar para los jóvenes emprendedores. Adriana Matiz, lideresa juvenil en el departamento de Cesar, es enfática en señalar los puntos que les pide a las administraciones locales: creación de centros de pensamiento creativo, promoción de ferias de emprendimiento con invitados nacionales e internacionales, capacitación en apicultura, avicultura, siembra de cultivos de acuerdo con el tipo de tierra para jóvenes campesinos, capacitación en marketing digital, comercio electrónico y uso de la inteligencia artificial, y, por último, contar con capital semilla para los jóvenes que desean emprender como economía popular.
“En este momento, a pesar del auge de la tecnología, los jóvenes seguimos viviendo la desconexión existente entre la academia y el mundo laboral, pues muchas facultades, y aun corporaciones técnicas, siguen enseñando los mismos métodos que se aplicaban hace 20 o 30 años, por lo que a los jóvenes no se les está capacitando realmente para llegar a impactar su entorno laboral al graduarse”, señala la lideresa, quien destaca algunos proyectos que se han propuesto desde el Ejecutivo y el Legislativo para mejorar estas condiciones, pero que a su vez “se quedan cortos”.
Así las cosas, desde Putumayo hasta Cesar, atravesando un sinnúmero de veredas y municipios, los llamados de la comunidad son a mejorar el acceso a la justicia por parte de los mandatarios locales. Desde el 1° de enero, que iniciaron su gestión, las voces para pedir una mayor participación de la sociedad se han escuchado con mayor rigor y les han planteado a alcaldes y gobernadores la posibilidad de hablar de justicia al momento de invertir recursos.