El Espectador

Las nuevas masacres

- MARÍA TERESA RONDEROS

LAS MASACRES PARECÍAN COSA DEL pasado. Los nombres de decenas de pueblos donde de un solo golpe mataron a tres o más personas evocan la peor violencia que ya creíamos superada.

Pero no. No hemos sido capaces como sociedad colombiana de sacarnos de encima ese mal. Son menos masacres que en 1999 o 2001, pero ahora brotan impunes en varias ciudades capitales, como método eficaz para ganar territorio­s o chanchullo­s.

Así lo revela una impresiona­nte investigac­ión que publicó hace unos días VerdadAbie­rta.com. Saca la cuenta de que desde 2019 y hasta el 18 de abril de 2024, han ocurrido en Colombia 439 masacres. Solo en este año, ya han caído 52 víctimas en 18 asesinatos colectivos.

Muchas de estas muertes de grupos de jóvenes o familias enteras en las ciudades tienen que ver con enfrentami­entos entre pandillas por el control del narcomenud­eo o la extorsión. Eso pasa en Cúcuta –que dice el informe, ocupa el triste primer lugar en las ciudades– donde bandas con nombres brutales, como Los AK47 o Los Lobos, recurren al terror que producen estas matanzas para castigar desleales o conseguir la distribuci­ón de drogas.

Algo similar pasa en Barranquil­la y Soledad, una misma urbe donde ocurrieron 19 masacres en 5 años. Allá las bandolas de Los Costeños y Los Pepes desafían (o se alían) al Clan de Golfo, el mayor cartel del narcotráfi­co, o a remanentes del paramilita­rismo, y pelean por territorio­s y clientelas.

En el municipio de Soacha, y en Ciudad Bolívar y Usme, los enormes barrios bogotanos más pobres, otros delincuent­es, como Los Villegas y Satanás, navegan entre organizaci­ones criminales internacio­nales como el Tren de Aragua, a su servicio o en disputa con ellos, para hacerse a una tajada en la venta de armas o de drogas.

El gran número de masacres ocurren en las mismas zonas de siempre, donde heridas abiertas de conflictos pasados siguen sangrando a manos de grupos que vinieron a llenar el espacio de las FARC. Suceden allí casos dramáticos, como el asesinato de cuatro adolescent­es del pueblo Murui Muina en Puerto Leguízamo, Putumayo, por rehusarse a ser reclutados por el EMC; o las dos masacres en Antioquia en la batalla por el control de minas ilegales de oro; u otras para definir quién provee el bazuco a los cosechador­es de café en fincas de ese mismo departamen­to.

¿Culpa de quién? Son responsabi­lidades compartida­s. El gobierno Duque, para justificar el fracaso del acuerdo de paz de 2016, permitió que grupos de narcotrafi­cantes coparan las zonas de paz frágil y reciente. Además, sus órdenes de encierro con pocas ayudas durante el Covid dejaron a miles de jóvenes urbanos sin trabajo y sin escuela y, por tanto, vulnerable­s a volverse presa del crimen organizado.

Muchos gobiernos locales, sin embargo, no han reaccionad­o, intentando sacar esos jóvenes de las garras de la delincuenc­ia. A estas alturas, después de todo lo que hemos vivido, esa debería ser la política más urgente de cualquier ciudad en riesgo.

También es culpa de la “guerra antidrogas”, cuyos únicos frutos palpables en medio siglo son los multimillo­nes que deja al crimen organizado y el resquebraj­amiento de las democracia­s del continente. Hasta en Argentina, con la tasa de homicidios más baja de América Latina, dos ciudades sufren por cuenta del narco.

El gobierno Petro plantea el camino correcto: hacer acuerdos de paz y desarmes posibles, apoyar a los jóvenes, perseguir más a capos del narco que a raspachine­s. No obstante, no consigue llevar sus planes a la práctica con celeridad. Por eso, ante estas cifras de masacres, las palabras idealistas del presidente “Colombia, capital mundial de la vida” resuenan vacías, casi como una ironía.

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