El dilema vial del Distrito con el plan parcial El Pedregal
La intersección, que unirá a las troncales de la carrera 68 y la carrera séptima, en principio la debía asumir la constructora del plan parcial. Ante su estancamiento, el IDU debe buscar opciones para construir la conexión. ¿Es posible que la entidad asum
La intersección de la calle 100 con carrera séptima será un punto neurálgico para el transporte público de Bogotá. Allí se encontrarán dos nuevas troncales: la de la 68, que viene del extremo sur de la ciudad y está en construcción, y la de la séptima, que ya está contratada y, por ahora, parte desde este punto hasta el extremo norte de la capital. Sin embargo, la obra clave, la bisagra que las conectará, está embolatada.
El trabajo les correspondía a los promotores del famoso plan parcial El Pedregal, como compensación a la ciudad para poder construir en un privilegiado terreno al pie de la intersección, un complejo de oficinas y un centro comercial. En su momento, se proyectó como uno de los planes inmobiliarios más prometedores de la capital. Sin embargo, tras 10 años de su estructuración, está estancado y el futuro de las obras es incierto.
Hasta hace unos años, la situación no preocupaba al Distrito, pues se pensaba que el promotor resolvería a tiempo las dificultades con su proyecto, pero no lo logró y ahora el panorama es diferente. Con las obras de la troncal de la 68 avanzando y el contrato de la troncal de la séptima adjudicado, resolver la construcción de esta intersección es una prioridad inaplazable.
Por esta razón, el IDU evalúa hacerse cargo de la obra y luego cobrársela a quien luego decida asumir el plan parcial. La medida desesperada no es más que la respuesta a la necesidad de garantizar la movilidad de este sector de la ciudad. Sin embargo, surge una pregunta: ¿hasta qué punto el Distrito tiene que hacerse cargo de su construcción, por cuanto su naturaleza de carga urbanística le compete exclusivamente a la firma constructora que asumió el proyecto?
Historia de El Pedregal
Con Gustavo Petro como alcalde, se aprobó en 2014 el Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal, cuyo objetivo era transformar y dinamizar económicamente las localidades de Usaquén y Chapinero. Una de las características innovadoras era la integración del transporte público con un centro comercial y empresarial. Para entonces, como el mandatario hablaba de construir un tren ligero en la carrera séptima, se le impuso al promotor del plan parcial (Aldea Proyectos) construir una estación del tren, como carga urbanística.
No obstante, por razones políticas y técnicas, el plan cambió con la llegada de Enrique Peñalosa a la alcaldía. Para él, era mejor una troncal por la carrera séptima que un tren ligero, y abrió su licitación. El cambio llevó a Aldea Proyectos a demandar al Distrito, en 2019, alegando daño económico. Producto de esto, el Juzgado 23 Administrativo suspendió la licitación (justo antes de la adjudicación) y al año siguiente decretó medidas cautelares a favor del concesionario. El proyecto de Peñalosa se cayó.
A partir de ahí, el plan parcial entró en un letargo de tres años, tiempo que aprovechó la administración de Claudia López para estructurar su Corredor Verde por la séptima. En el proceso, la alcaldesa logró “limar asperezas” con Aldea Proyectos y llegaron a un acuerdo. Al final, el Distrito logró adjudicar el tramo III de su corredor (desde la calle 99 hasta la 200), pero el plan parcial no ha podido despegar.
Aunque Aldea Proyectos es una empresa con un historial destacado en la construcción, para el caso de El Pedregal no ha hecho gala de su reputación, pues el plan parcial sigue estancado y enfrenta procesos judiciales, ya no como demandante sino como demandado. En primer lugar, hay una investigación en curso de la Procuraduría, que llevó a la suspensión de la obra. Luego, como si se tratase de una reacción en cascada, algunos inversionistas, como Falabella, emprendieran acciones legales contra la constructora, alegando el incumplimiento de pólizas y plazos.
La encrucijada del IDU
La situación tiene al Distrito y al IDU en una encrucijada. Como ya se contó, en la calle 100 con carrera séptima se conectarán la troncal de la 68 y el tramo III del Corredor Verde o troncal de la séptima. Ambas, se supone, deberían estar listas en 2026, por lo que se hace necesario que las obras adyacentes a El Pedregal estén listas y sean funcionales, pues sin la intersección, por un lado, se interrumpiría la conectividad del transporte público y, por el otro, se agudizarían los problemas de movilidad.
De ahí que la armonización del plan parcial hoy sea un dolor de cabeza. Para avanzar, el IDU analiza tomar el control de las obras de movilidad del plan parcial, para no comprometer la movilidad del norte de Bogotá. Así lo confirmó a El Espectador el director del IDU, Orlando Molano, al indicar que están revisando con el promotor si tienen las posibilidades de hacer la obra. “Si no puede, buscaremos los mecanismos jurídicos y administrativos para que el IDU tome posición y la haga. Estamos en esas negociaciones. Al final, la obra se tiene que hacer”, contó.
Molano agregó que esta medida, que ronda entre el pragmatismo y la desesperación, no implicaba que la constructora se libere de la responsabilidad. “Buscaremos los mecanismos de retribución, para que compense los recursos. En ningún caso el Distrito perderá la plata, solo que optamos por este método para que la obra se entregue lo antes posible”. No obstante, las múltiples demandas que afronta la
La constructura a cargo del plan parcial estaría en medio de un proceso de reorganización empresarial, en vista de los diversos pleitos jurídicos.
constructora y el proceso de reorganización que tramitan ante la Superintendencia de Industria y Comercio plantean dudas sobre su capacidad de responder por una obra, que cuesta $136.000 millones.
En especial, porque si bien tienen el complejo de oficinas casi listo para que entre en operación, con lo que podría llegar a tener algo de liquidez, no puede habilitarlo. Así lo explica Felipe Jiménez, exsecretario de Planeación, quien advirtió que sin hacer una obra en el espacio público no la puede poner en operación. “La entrada en operación de la torre 1 solo puede realizarse con la constitución del 59,2 % de los recursos, que representan el valor de la carga urbanística”, explicó. Así las cosas, el problema parece llegar
a un punto ciego.
¿Qué complicaciones jurídicas tiene el proyecto?
Ante su actual panorama, El
Espectador conoció que Aldeas Proyectos gestiona un proceso de reorganización empresarial, que sería la última carta antes de pensar en su liquidación. Y lo hace, porque indiscutiblemente el proyecto tiene potencial y tendría capacidad para hacer unos acuerdos de pago y seguir con la obra. Así lo explica Agustín Echeverry, especialista en Derecho Administrativo, quien expone el panorama jurídico.
“La reorganización sería un buen camino, por el simple hecho de que el proyecto lleva años paralizado. Hoy la figura aplica para empresas con líos financieros y les permite llegar a acuerdos con sus acreedores y tener margen de maniobra. Si la empresa logra acreditar unas condiciones, previstas en la ley, para que se apruebe el proceso, podría renegociar sus deudas y materializar el proyecto”, mencionó el abogado, quien agregó que, en ese caso, los procesos jurídicos se verán suspendidos.
“Realmente, a nadie le conviene que Aldea se declare en quiebra, porque entraría en liquidación y todos perderían, incluyendo al gobierno local, los demandantes y la ciudadanía. Además, el proyecto se retrasaría más. Con la reorganización, los acreedores y demandantes no van a perder, solo que tendrían que ceder algunas cosas como plazos, condonación de intereses y demás, pero eso se hace con el fin de que tanto la empresa como el proyecto sobrevivan a la crisis”, puntualiza Echeverry.
Por último, Echeverry señaló que, en las circunstancias actuales, la mejor opción legal, tanto por parte de la Alcaldía como para Aldea Proyectos, sería una negociación. “Deberían sentarse a conversar como en su momento lo hizo la administración de Claudia López. En este punto es evidente que las vías judiciales no son la solución. Aldea no tiene la caja para afrontar la obra y una solución sería decirle a Aldea que plantee qué necesita para sacar adelante el proyecto y llegar a una conciliación en la que se sienten los que tienen intereses en el proyecto”, concluyó Echeverry.
Mientras el Distrito busca una salida, el reloj sigue su marcha y la construcción de las troncales avanza. Es clara la necesidad de buscar una salida, para que dos de las obras de infraestructura más importantes que se construyen en la capital no lleguen a un punto en el que su conectividad sea inviable.