Las informantes de Tibú: cómo el Estado colombiano desató una ola de feminicidios
Esta investigación de InsightCrime explora cómo la práctica de las fuerzas de seguridad de reclutar mujeres vulnerables como informantes desató una ola de violencia basada en género en Tibú, Norte de Santander.
Los golpes en la puerta retumbaron en toda la casa. Jaime* abrió la puerta y se encontró con seis hombres armados que se identificaron como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y preguntaron por su esposa, Mar*.
El líder del grupo la acusó de ser informante del Ejército y le dijo que tenían la orden de asesinarla.
“Todo ocurrió muy rápido, no nos dieron tiempo de decir nada, de defenderme de lo que me acusaban”, recuerda
Mar sobre ese domingo de enero de 2021.
Comenzaron a golpearlos y los gritos atrajeron la atención de los vecinos, que pidieron explicaciones. La familia de Mar era conocida y no tenían problemas con nadie. Los hombres del ELN le perdonaron la vida, pero le advirtieron que debía quedarse en Tibú para responder al grupo.
Mar no fue la única mujer de Tibú en ser señalada por los grupos armados de ser informante. Entre 2020 y 2021, más de una decena de mujeres fueron asesinadas, otras desaparecidas y muchas más amenazadas y desplazadas, luego de que las guerrillas descubrieran un plan de las fuerzas de seguridad para infiltrar mujeres en sus filas.
La táctica empleada por las autoridades puso a muchas mujeres en la mira de las guerrillas. Sin embargo, las fuerzas de seguridad han negado su responsabilidad y las instituciones que debían protegerlas de las guerrillas les fallaron.
Aprender a vivir en una zona de conflicto
Mar y Jaime emigraron de Venezuela en 2015. Con el tiempo, consiguieron adaptarse a Tibú, pero también se dieron cuenta de que la vida allí estaba marcada por los grupos armados.
Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en Norte de Santander, el ELN y la disidencia del Frente 33 se han fortalecido. Hoy, actúan como un gobierno paralelo que se encarga de patrullar las calles, imponer toques de queda y castigar a quienes rompen sus reglas.
A pesar de vivir bajo la sombra de los grupos armados, Mar y Jaime se esforzaron para salir adelante, pero en octubre de 2020 todo cambió. Una mañana, después de recoger su moto del taller, Rafael, su mecánico, la abordó para ofrecerle dinero. A cambio, debía brindarle información sobre miembros de las disidencias de las FARC o del ELN. La oferta tomó por sorpresa a Mar, que solo acató a irse del local.
De camino a su casa, Mar y Jaime decidieron no volver a llevar su moto donde Rafael. “En Tibú nadie tiene secretos. Las milicias saben todo”, explicó.
Rafael volvió a insistir. En diciembre, llegó a la casa de Mar con un sobre lleno de dinero y le ofreció un salario si comenzaba a compartirle información sobre ciertos guerrilleros. “Él sacó su teléfono y empezó a mostrarme fotos”, relató Mar. Eran fotos de los cabecillas del ELN y de las disidencias. Rafael le dijo que solo “tenía que llamarlo” si veía a alguno de estos hombres.
Mar rechazó de nuevo la oferta. Necesitaba el dinero, pero no estaba dispuesta a correr un riesgo tan grande. Antes de irse, Rafael lanzó una amenaza. Le dijo que no podía comentar esto con nadie, y si lo hacía, él la iba a acusar de ser colaboradora de las guerrillas.
Trabajos de alto riesgo
El intento de Rafael de reclutar a Mar fue parte de un plan de las fuerzas de seguridad para reclutar mujeres de Tibú como informantes. Todo comenzó en agosto de 2020, cuando la fuerza pública conformó un grupo de siete mujeres para que infiltraran las guerrillas. A cambio de esto, les habrían prometido un salario y un contrato laboral. Las mujeres tenían un perfil particular, de acuerdo con fuentes de cooperación internacional, funcionarios locales y mujeres habitantes de Tibú, que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del tema.
Eran mujeres migrantes, jóvenes, sin empleo, sin familia en la zona o con niños pequeños y una apariencia particular, comentaron miembros de la cooperación internacional que llevan años trabajando en el Catatumbo. Ambos han recibido testimonios de estos casos, pero pidieron no ser citados por no tener la autorización para hablar sobre el tema.
El trabajo era sencillo: recolectar información sobre los guerrilleros y transmitirla a las fuerzas de inteligencia. En diciembre de 2020, las siete mujeres habían logrado infiltrarse en las guerrillas, explicaron los miembros de la cooperación internacional, algunas por medio de relaciones sentimentales, otras trabajando en bares y billares que frecuentaban los guerrilleros. Al tiempo, los miembros de las fuerzas de seguridad siguieron reclutando más mujeres en el pueblo.
Pero en Tibú las cosas se salieron de control. Fuentes que hablaron con InSight Crime entre 2021 y 2023 coincidieron en que el grupo de siete mujeres fue descubierto.
Fotos de las mujeres acusadas de dar información a la fuerza pública aparecieron en videos de cadenas de WhatsApp en Tibú, en los que las tildaban de “putas” y buscaban justificar la violencia en su contra.
Una persona que conoció los casos de primera mano relató que, en diciembre de 2020, un guerrillero encontró mensajes entre una de las mujeres y un miembro de la fuerza pública y descubrió la infiltración. La mujer logró alertar a las demás, pero fue demasiado tarde para ella. Se cree que fue asesinada. Los miembros de cooperación afirmaron que, supuestamente, las siete mujeres tenían instrucciones de qué hacer en caso de ser descubiertas. Podían recurrir a la Iglesia, pero no a las autoridades. Las mismas fuentes confirmaron que aunque algunas lograron huir, otras fueron asesinadas o están desaparecidas. Además, algunos funcionarios locales y personas cercanas a las fuerzas de seguridad aseguran que al menos una de las mujeres avisó a las autoridades sobre la filtración, pero desapareció poco después. Tanto el ELN como las disidencias comenzaron a buscar a las mujeres sobre las cuales recaía alguna sospecha de ser informantes, desatando una ola de violencia basada en género cuyas secuelas persisten. InSight Crime ha recopilado testimonios que apuntan a la desaparición forzada de al menos cinco mujeres que colaboraban con la fuerza pública en la zona del Catatumbo desde inicios de 2021.
Fotos de las mujeres que fueron acusadas de dar información a la fuerza pública aparecieron en videos que rondaron como cadenas de WhatsApp en Tibú, en los que las tildaban de “putas” y buscaban justificar la violencia en su contra. Los videos también tenían un propósito adicional: recordarles a las mujeres de Tibú que los que deciden con quién pueden relacionarse son los grupos armados.
Un reto de supervivencia
Tras de ser acusada de ser informante, Mar y su familia permanecieron encerrados. Cinco días después, los miembros de la guerrilla volvieron. El comandante le dijo a Mar que su nombre había aparecido en una lista de mujeres informantes y que Rafael, su supuesto mecánico, era en realidad un agente infiltrado. Le preguntaron por otras mujeres y amenazaron con hacerle daño a su familia, todo con el fin de que confesara. A Jaime también lo torturaron. Al escuchar los gritos, los vecinos volvieron a interceder por ellos.
Por segunda vez le perdonaron la vida, y en cuestión de minutos huyeron a Cúcuta.
En Cúcuta, Mar recurrió a varias instituciones, pero no obtuvo respuesta. Un tiempo después, ella y su familia decidieron volver a Tibú, pero el ELN llegó a su casa en cuestión de minutos. “Nos dijeron que si nos volvían a ver de nuevo nos matarían”, recuerda, así que no tuvieron más remedio que volver a Cúcuta.
Pronto comenzaron a recibir amenazas, y Jaime recibió una citación del ELN, que amenazó con declararlo objetivo militar. Sin encontrar más opciones, Mar y su familia decidieron volver a Venezuela, esperando poder rehacer su vida.
Los tentáculos de las guerrillas colombianas se extienden más allá de la frontera desde hace años. Y la tranquilidad que Mar y su familia buscaban fue interrumpida bruscamente cuando miembros del ELN la reconocieron. Mar pasó dos días secuestrada, y aunque logró escapar, estaba derrotada. Decidió jugar su última carta.
Entre las mujeres que habían salido de Tibú corría el rumor de que el ahora exsecretario de víctimas de Norte de Santander, Cristian Andrés Llanos, había ayudado a otras mujeres. Así pues, se dispuso a ir en busca de ayuda una última vez.
Se enciende una luz
Andrés recuerda que Mar estuvo esperándolo por horas. Cuando entraron a su oficina, Mar le contó su situación: las ofertas del supuesto mecánico, las falsas acusaciones, las torturas, el secuestro y los desplazamientos.
Mar le recordó a Andrés las otras 18 mujeres que habían pasado por su oficina entre 2021 y 2022. “Estaban huyendo porque habían matado a unas mujeres que estaban acusadas de ser informantes e infiltrarse en los grupos armados y que ya estaban en un listado”, dijo Andrés. Sin embargo, cuando les explicaba que debían dejar una declaración por escrito, ellas decidían no denunciar.
A diferencia de las demás mujeres, Mar accedió hacer la denuncia, y hasta el momento, es la única que ha documentado su caso.
“Yo me voy oficina por oficina a hablar con casi todos. Les digo: ‘Venga, ¿ustedes no han leído noticias? Miren la cantidad de feminicidios. Tenemos una mujer viva, sobreviviente, que se escapó, hay que activar las rutas’, pero las respuestas eran muy dilatorias”, recordó Andrés con frustración.
¿Quién paga los platos rotos?
En octubre de 2022, Mar y su familia habían huido al interior del país con la ayuda de Andrés, quien en ese momento había renunciado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Mar se sintiera vigilada.
“Ya siendo declarados objetivo militar teníamos la certeza de que aunque nos escondiéramos nos iban a conseguir”, contó Mar.
Fue hasta la Personería para realizar una denuncia, además de relatar, de nuevo, lo de Rafael, el ofrecimiento de pasar información de los grupos armados al Ejército, las amenazas y torturas.
Mar recuerda que al otro lado de la mesa solo encontró un silencio demoledor. La funcionaria que tomó su declaración le sugirió, en voz baja, modificar algunas partes de su relato.
“Al ELN las que se fueron [de Tibú] no les interesa. Pero a la fuerza pública sí. Los mayores riesgos son de la fuerza pública, porque fue una estrategia grande”, le dijo a InSight Crime uno de los miembros de la cooperación internacional.
Esto coincide con testimonios de exintegrantes de la fuerza pública y habitantes de Tibú que conversaron con InSight Crime bajo condición de anonimato. Todos afirmaron que, para evitar generar interés, miembros de las fuerzas de seguridad intentaron intimidar a las mujeres o a cualquiera que quisiera denunciar el reclutamiento.
Paralelamente, la situación de Andrés también se ensombrecía.
Desde junio de 2022, un par de meses después de que tomara la declaración de Mar, comenzó a recibir amenazas.
“Siga insistiendo con el tema de las viejas de Tibú y lo vamos a matar”, decía uno de los mensajes. En julio, hombres armados entraron a su casa en lo que parecía ser un robo, pero Andrés sospecha que estaban buscando los documentos del caso de Mar.
Desde ese momento y hasta noviembre, Andrés recibió más de cinco amenazas. Aunque presentó denuncias ante la Fiscalía y pidió apoyo a la Unidad Nacional de Protección, nunca obtuvo respuesta. Incluso cree que su esquema de seguridad fue infiltrado, pues las intimidaciones relataban hechos personales o aludían a su rutina.
A finales de 2022 recibió otra llamada de Mar y la ayudó a salir del país. Días después, él y su familia fueron amenazados de muerte. Ante esta situación, Andrés decidió salir del país y pedir asilo junto a su familia. Sin embargo, su proceso se ha visto dilatado y teme tener retornar a Colombia.
Mar sigue tratando de sanar las heridas que le dejaron dos años de violencia y desplazamiento. Mientras tanto, los grupos armados continúan acusando a las mujeres y lideresas de Tibú de ser informantes, y las amenazas y la impunidad persisten. Además, tras tres años de que la ola de feminicidios de Tibú atrajera la atención del país, la mayoría de los casos siguen sin ser esclarecidos.
*Los nombres de los protagonistas fueron cambiados para proteger su identidad.