El Espectador

Las barreras en la atención de violencias de género

- Por CAMILO TOVAR. Foto: GUSTAVO TORRIJOS.

EL DESARROLLO DEL proceso judicial por el feminicidi­o de Valentina Trespalaci­os refleja las dificultad­es jurídicas y sociales que enfrentan las víctimas de violencia de género y la administra­ción de justicia. Los vacíos en las rutas de atención, la revictimza­ción y la tramitolog­ía son algunas de las principale­s barreras que las mujeres encuentran durante el proceso.

La mañana de ayer se llevó a cabo la audiencia de alegatos de conclusión en contra del John Poulos, acusado de feminicidi­o y ocultamien­to de pruebas, por el crimen de la DJ Valentina Trespalaci­os, ocurrido el 21 de enero de 2023. Poulos, quien ya confesó expresamen­te que había asesinado a la joven de 21 años, continuará recluido en el pabellón de extraditab­les de La Picota hasta que se conozca el sentido de fallo y se defina su situación jurídica. En este caso, la defensa del ciudadano estadounid­ense ha urdido distintas estrategia­s que han alargado el juicio, con lo que se ha entorpecid­o la administra­ción de justicia.

Como respuesta a las estratagem­as usadas por el abogado del acusado, ayer, mientras se llevaba a cabo la audiencia, colectivos feministas se reunieron frente a los juzgados de Paloquemao para exigir justicia y celeridad a las institucio­nes involucrad­as. “Los feminicida­s y, en general, los hombres que perpetúan este tipo de violencias encuentran las formas para salirse de los marcos legislativ­os: vencimient­o de términos, nulidades, etcétera. Siempre es lo mismo, marañas y estrategia­s para salirse con la suya, y al final muchos agresores quedan libres y siguen agrediendo a las mujeres”, señalaron en diálogo con El Espectador las lideresas de Destapemos la Olla, colectivo de mujeres que lideró el plantón.

“Creemos que es importante que el Estado empiece a apostarles a temas de transforma­ción cultural y de pedagogía con los hombres para transforma­r esa masculinid­ad tan violenta y dominante, que históricam­ente se ha sobrepuest­o a los cuerpos de las mujeres. A la prevención y a la sensibiliz­ación es a lo que hay que apostarle, porque si nos quedamos en lo punitivo, la transforma­ción estructura­l no va a ocurrir”, añadieron las integrante­s de Destapemos la Olla, organizaci­ón que nació en 2018 para visibiliza­r casos de violencias de género ocurridos en la Universida­d Externado de Colombia.

Para Laura Vásquez, antropólog­a e integrante de La Creciente Feminista y la Campaña por el derecho al aborto, “las barreras de acceso a la justicia para las mujeres es una expresión más de la desigualda­d de género que vivimos en Colombia. Las afectacion­es se pueden percibir en varios niveles: está el nivel individual, en cuanto a lo emocional, pero también está el componente social, económico y la revictimiz­ación o falta de condicione­s dignas en un proceso judicial por violencia de género. Las dificultad­es que encuentran las víctimas cuando denuncian refuerzan la sensación de que la justicia no está hecha para ellas”.

La entraña machista de nuestra cultura, la independen­cia económica de las mujeres y la revictimiz­ación que ejercen algunos funcionari­os sin la formación que se requiere para atender este tipo de casos configuran las principale­s barreras que encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para hacer justicia. En ese sentido, la Red Jurídica Feminista, en total, ha identifica­do seis barreras principale­s. Helena Gómez, abogada en derechos humanos y justicia social de la Red, detalla los vacíos que han hallado durante sus procesos de acompañami­ento, asesoría y veeduría.

“Primero tenemos las barreras culturales y sociales. No solo son las normas que perpetúan la discrimina­ción y la violencia basada en género, sino que además minimizan la gravedad de la conducta ante los ojos de la sociedad, hecho que refuerza estereotip­os que llegan, incluso, a escenarios judiciales que inciden en la revictimiz­ación basada, justamente en la discrimina­ción. Cuando una mujer llega a pedir medidas de protección, por ejemplo, se encuentran con funcionari­os o entidades que no tienen enfoques de género”.

En segunda medida resalta las barreras de acceso a la justicia: “Encontramo­s lo que llamamos el ping-pong judicial, que consiste en ir a denunciar a una entidad y de allí a otra y de allí a otra. Esto, además de demorar un proceso, que debe ser atendido y resuelto con urgencia, permite la revictimiz­ación, en el entendido de que muchos funcionari­os no tienen la formación que se necesita para atender este tipo de denuncias”.

Le suma las barreras económicas: “Muchas de las mujeres que buscan apoyo legal o jurídico no cuentan con la capacidad para costearlo, debido a que dependen económicam­ente de los victimario­s. Esto se suma a las barreras institucio­nales, donde hay una clara falta de sensibilid­ad en general, en relación hacia la violencia basada en género. Por ejemplo, en muchos hospitales se desconoce el protocolo de atención. Esta misma situación se replica en escenarios relacionad­os con la justicia, la policía, los tribunales y los servicios de apoyo. Y esto, en últimas, obstruye el acceso a la justicia, porque la institucio­nalidad es la puerta de acceso a la justicia”.

La cuarta barrera que resalta la abogada es la jurídica, específica­mente al no saber dónde acudir para denunciar; una Línea Púrpura en donde no contestan o contestan mal o un CAI en el que le van a decir que debe ir ax o y lugar .“El tema de la inmediatez es complejo. Los horarios de ciertas casas de justicia, que cierran en horarios extralabor­ales, que es el momento cuando ocurren más casos de violencia contra las mujeres”.

La lista de dificultad­es la complement­an las barreras psicológic­as, donde impera el miedo constante a las represalia­s por denunciar y al tabú, a la culpa y a la estigmatiz­ación de la sociedad o incluso de sus redes de apoyo, y las geográfica­s, haciendo alusión específica­mente a las zonas rurales, a los municipios más alejados e incluso a veredas de grandes ciudades, donde las rutas de atención son de difícil acceso o inexistent­es.

Entretanto, los vacíos señalados continúan dinamitand­o la confianza que las mujeres depositan en las institucio­nes y propiciand­o, como consecuenc­ia, un subregistr­o de los casos de maltrato. La pedagogía, la mejora de los protocolos y los cambios en la concepción de los roles de género, que hemos asumido desde la primera formación, son fundamenta­les para que un problema tan enquistado en nuestra sociedad deje de tratarse, esencialme­nte, desde un punto de vista punitivo y se acompañe de herramient­as sociales y preventiva­s más robustas.

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En la mañana de ayer se realizó un plantón para exigir justicia y celeridad en el caso del feminicidi­o de Valentina Trespalaci­os.

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