Este es el camino recorrido y lo que falta para que el Congreso juzgue al presidente
Mientras el CNE se acerca a una decisión definitiva sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, la Comisión de Acusación avanza en la recolección de pruebas.
Luego de que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Prada, del Centro Democrático, radicaran la ponencia que solicita formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y el exgerente de su campaña, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la financiación para el proceso electoral de 2022, el jefe de Estado rechazó inmediatamente la ponencia, pues la formulación de los cargos también lo involucran a él, a pesar de su fuero presidencial.
Aseguró que, de acuerdo con la Constitución, “el presidente solo puede ser juzgado por la Comisión de Acusación de la Cámara”, y reiteró que “ha comenzado el golpe blando”. Una declaración que se ha ganado varias críticas, pues de la ponencia del CNE, que habla de la violación de los topes de gastos en más de $5.400 millones, a una sanción que lo saque de la Casa de Nariño, hay largo trecho.
Lo cierto es que constitucionalmente es esa Comisión de la Cámara, y no otro organismo, el encargado de investigar a aforados, es decir, al presidente de la República, a magistrados de las altas cortes, al fiscal y a otros. En el caso que atañe al presidente Petro, la Comisión lo investiga por la presunta financiación de la campaña con dineros de origen prohibido y por la violación de los topes en la campaña. Ambos son delitos electorales de tipo penal.
Por eso su abogado, Mauricio Pava, ha pedido que todas las indagaciones que tocan al jefe de Estado se remitan a esa célula legislativa. “El CNE debió enviar a la Comisión todo lo relacionado con el presidente, tan pronto como ganó las elecciones, tal como lo hizo la Corte Suprema con las denuncias en su calidad de senador, en virtud del fuero constitucional”, dijo el abogado a este diario.
Además, aseguró que en el Congreso ya están investigando a Petro, en su rol de presidente, en lo relacionado con los topes electorales, por lo que al mandatario lo estarían investigando dos veces por lo mismo, en el CNE y en la Comisión de Acusación. “Esto forma parte de la conducta prevaricadora de los magistrados Prada y Ortiz”, afirmó.
La Comisión de Acusación de la Cámara estudia el caso del presidente desde el 15 de marzo de 2023, cuando se avocó el conocimiento de las por lo menos 10 denuncias acumuladas en contra del jefe de Estado por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña. Y desde el 6 de diciembre de 2023 se dio apertura a la investigación previa para determinar si ingresaron dineros ilícitos a su campaña presidencial de 2022, que está a cargo de un triunvirato conformado por Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wílmer Carrillo (Partido de la U).
Desde entonces, los tres representantes investigadores han adelantado labores de práctica de pruebas, lo que incluye haber escuchado el pasado 18 de abril los testimonios de Ricardo Roa, Euclides Torres -el empresario del Atlántico que habría financiado el evento de la tarima en forma de ‘P’ de Petro en Barranquilla- y María Lucy Soto, quien fue la auditora de todos los gastos e ingresos durante el proceso electoral.
Asimismo, ya citaron a otros nombres que presuntamente estarían relacionados con las irregularidades: al exdiputado Máximo Noriega, a Christian Daes, al empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca y al exnarco Samuel Santander Lopesierra o “Hombre Marlboro”. Roa ya dijo ante la Comisión que la campaña no recibió recursos de los últimos tres.
Entonces, desde el 27 de febrero de este año los investigadores están en etapa de recolección de pruebas, con el fin de radicar una ponencia de acusación o preclusión, que eventualmente sería sometida a votación entre los 18 miembros de la célula legislativa de diversos partidos. De acuerdo con fuentes, esa ponencia estaría antes de finalizar este año. “La investigación que conduce el triunvirato va muy adelantada y ya existen evidencias suficientes para definir la conducta del presidente conforme a la ley”, señaló una fuente.
Por el momento se sabe que los representantes investigadores están próximos a escuchar a dos congresistas que también son investigados por la Corte Suprema por su supuesta participación en la financiación irregular y en sus campañas al Congreso: Agmeth Escaf y Pedro Flórez, del Pacto Histórico, quienes tendrán que rendir testimonio el próximo 16 de mayo. De modo que la Comisión estaría decidiendo si acusar o no al presidente antes de que finalice este año.
¿Qué hace falta para un juicio político?
Que la Comisión decida si acusar o precluir es solo el primer paso para que se adelante un juicio político en el Senado. Desde ya, algunos piden que los congresistas del Pacto Histórico que forman parte de la Comisión, es decir, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Alejandro Ocampo, se declaren impedidos para definir el futuro de la investigación, por ser parte del partido de Gobierno y por su cercanía con Petro. Y algunos aseguran que el triunvirato estaría dilatando la investigación. Por otro lado, en una eventual decisión, las fuerzas políticas en la Comisión están equilibradas: ocho miembros son de partidos tradicionales, pero cuatro han apoyado al Gobierno en otros escenarios.
Al presidente se le investiga en la Comisión de Acusación por la violación de topes de gastos de campaña y por financiación con fuentes prohibidas, delitos que prescriben en 2030.
Además, están los tres representantes del Pacto Histórico, dos de las CITREP y el presidente podría tener a su favor a una de las dos representantes de la Alianza Verde. Mientras que la oposición está conformanda en la Comisión por tres representantes (Centro Democrático y Cambio Radical) y otros tres, que son parte del ala conservadora más lejana al Gobierno.
El tiempo es clave, ya que los delitos por los que la Comisión investiga al presidente (396A y 396B), y que tienen una pena de prisión máxima de ocho años, prescribirían “en cuentas gruesas en 2030”, es decir, cuando Petro ya no sea presidente. No obstante, Pava aseguró a El Espectador que “la inocencia del presidente jamás será decretada por prescripción”.
Aun así, una vez la Comisión vote la ponencia del triunvirato, para decidir si el caso se eleva a acusación formal, tendría que ser estudiada y votada por el pleno de la Cámara de Representantes. Si la Cámara lo aprueba, pasaría a la Comisión de Instrucción del Senado, en donde se presentará un proyecto de resolución admitiendo o rechazando la acusación, y dentro de los cinco días posteriores en el pleno del Senado iniciaría, ahora sí, el juicio político formal al presidente.
Solo el Senado es el que puede decidir si Petro queda suspendido del cargo y se levanta el fuero presidencial para que, si es el escenario, sea sancionado por la Corte Suprema de Justicia. Para eso faltaría entonces que el caso pase por cuatro instancias en el Congreso: Comisión de Acusación, plenaria de la Cámara, Comisión de Instrucción del Senado y Plenaria del Senado. El proceso está hasta ahora en su primera etapa y en práctica de pruebas. “En el Senado se analizaría la falta política y se le separaría del cargo para ponerlo a disposición de la Corte Suprema de Justicia, y que haga un juicio penal”, explicó una fuente de la Comisión.
En lo que va de existencia de la Comisión de Acusación del Congreso, solo dos casos han terminado en sanciones por parte de la Corte Constitucional: el del exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por corrupción, y Gustavo Malo, condenado por el escándalo del cartel de la toga. Mientras que el caso del expresidente Ernesto Samper, por el Proceso 8.000, solo llegó hasta la plenaria de la Cámara, en donde se precluyó.
¿Compulsa de copias?
Si la sala plena del CNE decide aprobar la ponencia presentada por Prada y Ortiz, que busca formular cargos, el caso se pondría más espinoso en el Congreso, puesto que el organismo electoral compulsaría copias y dejaría en manos de la Comisión de Acusación todos los elementos probatorios y demás evidencias para abrir acusación, por lo menos en su primera etapa. No obstante, Pava aseguró que “la defensa tiene argumentos contundentes para evitar que eso suceda”.
En el caso del CNE, donde ya se presentó la ponencia para formular cargos, se necesitan seis votos de los nueve magistrados (dos terceras partes) para aprobarla o negarla. Entre el pleno, las fuerzas no estarían de lado del presidente, incluso contando a Altus Baquero, a quien esta semana la Corte lo ratificó como magistrado luego de que en mayo de 2023 el Consejo de Estado lo apartara por no cumplir con la experiencia requerida.
Por lo menos, Prada y Ortiz votarían positivamente su ponencia. Y también se inclinarían a apoyarla César Lorduy (Cambio Radical), Alfonso Campo (Conservador), Maritza Martínez (la U) y Altus Baquero (Liberal). Mientras que a favor del presidente se pondrían Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde).
Así pues, la investigación avanza en diversas etapas y tiene folios distintos, que involucran diversos nombres. En todo caso, el camino para un juicio político es bastante prematuro y el caso del presidente se encuentra a penas en investigación preliminar. El desenlace aún está por definirse, aunque la recolección de pruebas por parte del triunvirato estaría en etapa avanzada.