Bogotá y la nación deben trabajar de forma articulada

VARIAS SITUACIONES PUEDEN SER ciertas al tiempo: es verdad que el presidente Gustavo Petro y varios miembros de su gabinete han mostrado un reiterado interés por intervenir en las decisiones autónomas de Bogotá; es cierto que, en ocasiones, algunas de las actuaciones del Gobierno Nacional pueden leerse dentro de un marco de arbitrariedad que busca ahondar la rencilla política con los alcaldes distritales, pero también es innegable que el Distrito no ha cumplido con algunos requisitos normativos, y eso ha llevado al entorpecimiento de sus proyectos. No se puede justificar todo en la indebida injerencia, aunque se hace necesario que los diálogos con el Ejecutivo y sus representantes lleven a una gobernabilidad ininterrumpida.

Tiene razón el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en reclamar por la intervención de la Superintendencia de Salud a la Subred Centro Oriente. ¿Por qué, si había una reunión previa y reciente con un plan de mejora de la crisis, se toma la decisión de intervención que debería ser una última instancia? Todas las actuaciones de la Supersalud tienen un tufillo de interés político por aplicar, en la práctica, la reforma a la salud que el gobierno Petro no ha sido capaz de aprobar en el Congreso. Con el agravante de que el Distrito sí ha estado abierto a tender puentes y encontrar soluciones en conjunto, como debería ser la administración armónica entre la nación y sus entidades territoriales. El alcalde habló de la construcción de un plan de sostenibilidad de $260.000 millones para cubrir el déficit presupuestal de la subred y llevarla a la sostenibilidad a partir de 2026. Tirar por la borda lo avanzado y decir que es necesaria la intervención, además de arrogancia, muestra que detrás del actuar de la Supersalud hay intereses políticos innegables.

En ese contexto, es entendible que el alcalde Galán haya dicho que “no puede ser que, si el Gobierno Nacional no está de acuerdo con las políticas distritales, busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá. ¡No lo vamos a permitir!”. Los debates amargos en torno a la construcción de la primera línea del metro siguen pesando sobre la ciudadanía.

Sin embargo, no es tan sencillo aplicar las mismas consideraciones a las decisiones ambientales que ha tomado el Gobierno. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó la licencia del proyecto para expandir la autopista Norte entre las calles 191 y 245. Esto porque el estudio de impacto ambiental es insuficiente y el Distrito no ha podido subsanarlo. Son argumentos similares a la intervención reciente del Ministerio de Ambiente, que pidió suspender la intervención del Distrito en tres humedales de la capital (Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque). Allí, la ministra Susana Muhamad pidió que se hagan estudios de impacto ambiental. Tiene la potestad de hacerlo. Las normativas ambientales existen para cumplirse, por más incómodas e inconvenientes que puedan ser para los planes de la administración actual.

Las tensiones van a continuar si no hay voluntad de llegar a acuerdos entre las partes. Eso implica, sí, que el Distrito modere su discurso, pero sobre todo que el Gobierno muestre que respeta el hecho de que el petrismo ha sido derrotado en las urnas capitalinas en las últimas tres elecciones. Más allá de las diferencias, Bogotá y la nación necesitan trabajar de manera articulada. Lo demás es inmadurez política.

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No se puede justificar todo en la indebida injerencia, aunque se hace necesario que los diálogos con el Ejecutivo y sus representantes lleven a una gobernabilidad ininterrumpida”.