La galería de horrores de la alimentación escolar

Está bien que el Estado persiga a los empresarios inescrupulosos que han cometido fraude con la alimentación escolar; pero también hay que preguntar a las administraciones públicas qué han hecho para evitar este atropello.

Comida en mal estado, cubiertos oxidados o locales inapropiados para comer figuran en el expediente de 711 páginas sobre la Costa de la Contraloría General, al que ha accedido EL HERALDO.

EDITORIAL Vergüenza nacional. 4B

Desde que EL HERALDO reveló, en julio de 2015, la existencia de un estudio de la Secretaría de Salud del Atlántico que arrojaba gravísimas deficiencias en la calidad de la alimentación en las escuelas departamentales, el escándalo sobre este tema ha crecido como una bola de nieve y adquirido dimensiones nacionales. La Contraloría General de la República anunció días atrás un cúmulo de hallazgos en la contratación de los operadores de alimentos. El resultado de las auditorías del ente de control es un voluminoso documento de casi 800 páginas en el que se describen, con soportes fotográficos, prácticas aberrantes en el servicio de los alimentos a los niños, a quienes, en muchos casos, se les trata peor que a animales. Este periódico ha accedido al citado informe, del que ha seleccionado numerosos ejemplos que ilustran esta repudiable falta de sensibilidad que han mostrado los responsables de que los pequeños alumnos tengan derecho a una alimentación digna. Y los responsables no son solo las empresas que tienen a su cargo la elaboración y distribución de las comidas, tarea por la que reciben, por cierto, multimillonarios beneficios. El viernes pasado, en comparecencia pública, la ministra de Educación, Gina Parody, aireó fortísimas denuncias contra lo que podría catalogarse como una cartelización de empresas prestadoras del servicio. Identificó en concreto tres redes empresariales –dos de ellas surgidas en Cesar y una en Norte de Santander– que se han extendido por casi todo el territorio nacional y que evaden el control de las entidades oficiales mediante una serie de cambios de nombre y de bailes de representantes legales. Dichas redes habrían acaparados contratos por más de medio billón de pesos desde 2007. Por supuesto que está bien que el Estado persiga –y castigue, si son hallados culpables– a esos empresarios inescrupulosos. Pero también es menester preguntarse qué han hecho el Gobierno central y las administraciones departamentales y municipales para ejercer una supervisión más celosa en este ámbito tan sensible para la infancia. La sensación que queda es que las autoridades no han estado a la altura de las circunstancias. El Ministerio de Educación debe explicar con claridad qué controles se ejercen sobre el registro de operadores alimentarios, porque produce mucha inquietud que esas empresas a las que con tanta vehemencia acusa hoy la ministra Parody no han aparecido en el negocio por arte de magia. Asimismo, las autoridades departamentales están en la obligación de aclarar qué tipo de vigilancia han ejercido sobre la ejecución de los contratos de alimentación escolar. Los actuales gobernadores costeños llevan poco tiempo en el cargo y por supuesto no se les puede pedir responsabilidad por cosas que ocurrieron en anteriores mandatos. Pero, además de quejarse por la falta de financiación para el Programa de Alimentación Escolar por parte del Ejecutivo central, contribuirían mucho a la solución del problema explicando a la ciudadanía cómo se llegó a este indignante estado de cosas.

Actuando como verdaderos carteles, tres redes de operadores de alimentos han llegado a acaparar contratos por más de medio billón de pesos desde 2007.