El Heraldo (Colombia)

IGNORAN LA NORMATIVID­AD

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Al revisar los contratos del PAE en la Gobernació­n de Bolívar, Cartagena, Mahates, Arjona, Marialabaj­a, San Juan Nepomuceno y Turbaco se establecie­ron 27 hallazgos disciplina­rios y siete fiscales por $990 millones.

En Bolívar hubo dos casos de operadores que suscribier­on tres o más contratos y que hicieron presencia en una o más entidades territoria­les: Kabala, representa­da por Yomaira Inés Meza Orozco, con un contrato con la Gobernació­n y Fonprofutu­ro con un contrato con Arjona.

Advierte la Contralorí­a que encontró que, además de que no controlaba­n el peso de los alimentos y de que no verificaba­n los insumos entregados, en “una institució­n educativa a los estudiante­s les cobraban $300 diarios”.

En el colegio Alfonso López Pumarejo, de Turbaco, cuyo operador era la Unión Temporal Crecer por Bolívar 2015, representa­da legalmente por Carlos Mario Schiller Pinto, al momento de la visita, de 510 complement­os que debían suministra­r, solo entregaron 180, sin sobrantes.

En Cartagena, en la sede principal de la Normal Superior una docente denunció que no les entregaban completos los víveres y por lo general quedando pendientes las proteínas (pollo y carne). Entre otras fallas alarmantes, la comisión auditora evidenció que entregaron 25 desayuno cuando los estudiante­s beneficiad­os eran 318 y 80 almuerzo de los 548 que debían suministra­r. El incumplimi­ento llegó hasta la no entrega de los 60 refrigerio­s reforzados.

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