CONTRALORÍA ENTREGÓ RESULTADOS DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR “Disimulaban con vinagre carne en mal estado para los niños”
Ala institución educativa barranquillera Sofía Camargo de Lleras llegó una carne de “deficiente calidad”, que tenía “mal olor”, pero “no se devolvió al proveedor, sino que se preparó” para las niñas del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y “para que la carne dejara de oler le echaron vinagre”, según el informe del 17 de septiembre de 2014 de la Secretaría de Educación de Barranquilla, citado en la auditoría que terminó la Contraloría General.
Indignantes relatos como este revuelven las más de 700 páginas del informe del PAE en el que en siete departamentos del Caribe, se establecieron 210 hallazgos durante las vigencias 2014 y 2015, de los cuales 42 son fiscales por $12.745 millones, 206 con connotación disciplinaria y cuatro con presunto alcance penal.
En el Atlántico y Barranquilla se determinaron 43 hallazgos con presunto alcance disciplinario, 2 con posible alcance penal y 8 hallazgos fiscales por $2.297 millones.
En Barranquilla se reportó, por ejemplo, el 3 de junio de 2015, en la institución educativa distrital Hilda Muñoz, que dejaron vencer 77 paquetes de 900 gramos de Bienestarina; en el colegio Esther Forero otros 20 paquetes, de acuerdo con el informe del 10 de junio de 2015, y seis más en la institu- ción educativa La Libertad, según reporte del 10 de junio de 2015.
También se encontraron en 2014 en la institución educativa Karl Parrish “carnes en mal estado”, en Los Pinos “carnes con deficiente calidad”, en El Valle “carne muy dura, no la comen”, en el José Consuegra Higgins “carne con cantidad de sebo”, en el Sofía Camargo de Lleras “carne con mal olor y muy grasosa”, y en el Inocencio Chincá “carne deficiente, (…) tampoco fue devuelta la lavaron y prepararon con verdura”.
En el mismo año, en la institución educativa Tierra Santa se halló que la “carne de la semana no llegó, por cambio de proveedor por mala calidad”; en el colegio María Inmaculada llevaron “carne no apta para el consumo humano”, y en 2015, en el Luis Carlos Galán, sede 2, en el Helena de Chauwin y en el Calixto Álvarez hallaron “huevos en mal estado”.
En 2014, en la institución educativa distrital Nueva Colombia había “tomates deteriorados”; en 2015 en La Salle “verduras descompuestas”, en el Meira del Mar “66 unidades de pan vencido” y en el María Inmaculada “alimentos en mal estado”. Este hallazgo disciplinario aparentemente involucra a los operadores contratados por Barranquilla para desarrollar el PAE en las vigencias 2014 y 2015, que fueron la Unión Temporal Construir Bienestar, de acuerdo con el contrato el 0105-201400016 de 2014, y la Unión Temporal Construir Bienestar 2015, según el contrato 012015002652 de 2015, señala la Contraloría.
Como representante legal de ambas uniones temporales figuraba Francisco Duarte León, y estaban conformadas por la Corporación Agrosocial, representada por Daniel Martínez Pedrozo; Fundación Salud y Bienestar, por Lizbeth Altamar; Fundación Enlace, por Alejandro Rafael Hernández Vidal.
Advierte además la Contraloría que “a partir de la revisión realizada, no son evidentes acciones de mejora frente a todos los hallazgos o no se deja trazabilidad de las correcciones en actas de visita o seguimiento posteriores”. Explica el ente revisor que la causa de los hallazgos se asocia a “la falta de eficacia en la supervisión o interventoría de los contratos”.
DEFICIENCIAS. Indicó la Contraloría que en visitas a Soledad, Sabanagrande, Sabanalarga y Baranoa se establecieron, entre otras, deficiencias en instalaciones físicas y saneamiento del comedor, cocina y área de almacenamiento; incumplimiento del gramaje establecido en los alimentos, número insuficiente de manipuladoras, falta de dotación o no uso de uniforme y que “en algunos casos las cantidades de alimentos preparadas no son suficientes para la cobertura y los últimos estudiantes no alcanzan a recibir los alimentos según la minuta”.
ADICIONES SIN CERTIFICADOS. El primer hallazgo de la Contraloría, con presunta connotación penal y que será compulsado a la Fiscalía se refiere al “valor del contrato PAE Barranquilla 2015”, del 27 de marzo de ese año, con la Unión Temporal Construir Bienestar 2015, por $8.214 millones, con acta de inicio del 9 de abril “para el suministro de complementos alimentarios, almuerzos y ración industrializada por 74 días, los cuales serán pagados de acuerdo con el número de complementos efectivamente entregados en el respectivo período”.
Informa la auditoría que el 14 de abril, es decir cinco días después, se suscribió un primer otrosí, con lo que el Distrito varía el valor del contrato y pasa de 8.214 millones a 12.321 millones de pesos, “sin que se evidencie modificación alguna en el número de días de prestación del servicio o del número de raciones a entregar por institución educativa”.
Asimismo, advierte el organismo que “este acto administrativo no se encuentra soportado por un certificado de disponibilidad presupuestal previo, que garantice la existencia de apropiación suficiente (…) y por ende tampoco se cuenta con su respectivo registro presupuestal”.
No obstante, el 24 de agosto de 2015, el Distrito suscribe con el operador un segundo otrosí en el que cuenta con la disponibilidad para aumentar el valor original del contrato en $4.107 millones y prorrogar el plazo de ejecución en 37 días, con lo que además se modifican las pólizas correspondientes con el nuevo valor.
Ante esta situación, la Contraloría señala que “se determina una presunta connotación disciplinaria (…) y posible connotación penal”, por cuanto a pesar de que el valor del contrato se modificó el 14 de abril de 2015, “no se encontró el certificado de imputación presupuestal, contrario al otrosí suscrito el 24 de agosto”, e igualmente “la fecha de expedición de la póliza de cumplimiento (…) es otra prueba que determina la fecha de modificación e imputación presupuestal”.