“Electricaribe debe dejar de lado todas sus pretensiones”
Congresistas dicen que la empresa busca presionar al Gobierno para evitar su intervención Alcalde pide celeridad a Superservicios.
El malestar generado por la demanda que Unión Fenosa, dueña de Electricaribe, instauró contra el Estado aduciendo falta de garantías en la operación y prestación del servicio eléctrico, continúa sumando reacciones de líderes políticos que se oponen a la postura del grupo empresarial español.
La representante a la Cámara por el Atlántico Martha Villalba manifestó que una empresa “cuestionada” por la irregular prestación del servicio “no debería pretender indemnizaciones” del Estado colombiano, sobre todo, por las dificultades que ha registrado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus usuarios. En diálogo con EL HERALDO, la congresista indicó que la decisión de Unión Fenosa correspondería a un mecanismo de presión ante la “amenaza latente” de una intervención del Gobierno Nacional sobre la compañía.
Respecto a la posibilidad de que el acto procesal surta efecto, Villalba destacó la importancia de tener claridad sobre las “pretensiones” de la empresa y analizar el contexto de la reclamación. Agregó que es clave defender los intereses de toda la Región y “blindar” al Estado para que la demanda no prospere.
“Estamos confiados plenamente en que hoy la Superintendencia de Servicios y el Ministerio de Minas tienen más claro el panorama de lo que viene ocurriendo en la prestación del servicio. Nosotros estaremos vigilantes y lo primordial es exigir que la empresa no siga violentando los intereses de la Región Caribe”, anotó Villalba.
BARAJAR OPCIONES. El senador José David Name sugirió que es momento de que el Gobierno Nacional contemple la posibilidad de “pasar a una segunda fase”, aludiendo a la búsqueda de potenciales interesados en la operación del servicio.
El congresista por el Partido de la U sostuvo que, como oriundo de la Costa Atlántica, se siente “engañado y defraudado” porque siente que están intentando imponer una figura jurídica para evitar que el Estado actúe contra Electricaribe. “Me parece un descaro muy grande pretender conseguir en los estrados judiciales lo que no han podido por no prestar un buen servicio”, agregó.
Name resaltó que una vez se conozca el sentido de la demanda será momento de “demostrar” que el asunto trasciende la calidad del servicio. “Es una empresa que no quiere a sus usuarios, no quiere a la Costa Caribe ni tampoco quiere estar prestando un servicio óptimo de energía”, anotó.
ACTUAR CON CELERIDAD. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó que percibe un “cambio de actitud” de parte del Gobierno y señaló que, por esa razón, cree que “va a actuar rápido” a favor de los intereses de los usuarios.
“Veo a un superintendente que es de Barranquilla y siente la problemática de los caribeños; que respalda la queja de la gente y sabe que la empresa le ha venido faltando a nuestras comunidades desde hace muchos años”, dijo el mandatario.
Respecto a la posibilidad de que la compañía abandone el país y ceda su participación al Estado, Char advirtió que “los esperamos mucho tiempo y se le dieron muchas oportunidades, pero incumplieron. Basta ya; la gente no aguanta más”, puntualizó.