Política pública y posconflicto
Los Estados sin políticas públicas jamás podrán alcanzar la solución a las necesidades sociales. El posconflicto como se plantea en la actualidad requiere urgentemente de la implementación de una política pública: clara, precisa y objetiva, orientada a resolver los embates de una guerra de cincuenta años como de las necesidades históricamente insatisfechas de la población civil.
Peter Knoepfel, en su obra Análisis y conducción de las políticas públicas, la define “una concatenación de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y ocasionalmente privados –cuyos
recursos, nexos institucionales e intereses varían– a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar el comportamiento de grupos sociales que, se supone, originan el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales)”.
En sentido similar Alejo Vargas Velásquez, en su obra: Notas sobre el estado y las políticas, las define así: “el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables”.
Con base en las anteriores definiciones es palpable que el gobierno colombiano positivamente definió una política pública de paz, que materializa en La Habana con el objeto de terminar la guerra o por lo menos llevarla a niveles manejables. Ello si se tiene en cuenta que no hay proceso de paz con el ELN y existen otros factores de violencia y guerra que a diario perturban la paz social.
Sin embargo, no es menos cierto que es necesaria la adopción de una política pública para el posconflicto. Al margen de la discusión de si en el caso colombiano, cuando la guerra terminará solo con FarcEP, razón que no permite hablar propiamente de posconflicto, sin sobresaltos es imperativo para el gobierno implementar una política pública para el posconflicto, inmediatamente termine la guerra contra más de seis mil farianos, contra quienes luchó por más de cinco lustros. Es decir, que la política para el posconflicto fruto de la firma de la paz en La Habana debe tender no solo a satisfacer las necesidades de la Farc-EP sino las que el Estado les ha negado a los colombianos históricamente.