Unión Fenosa plantea “controversia” a Colombia en el marco del Acuerdo de Inversiones
En un comunicado Gas Natural informa que ha pedido un diálogo directo con la República de Colombia para encontrar soluciones integrales que garanticen la prestación del servicio.
Pide abrir etapa de 6 meses para buscar un “arreglo amistoso” que dé “soluciones integrales” a la prestación del servicio eléctrico.
Advierte que “protección a los inversionistas es condición indispensable para que los recursos del exterior continúen llegando” .
Presidente Santos convoca a los gobernadores de la Costa a un encuentro el viernes en Cartagena.
Gas Natural Fenosa (GNF), cuyo presidente es Salvador Gabarró Serra, solicitó a Colombia un diálogo directo, en un periodo de seis meses, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre este país y España, para encontrar “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”. En un comunicado de prensa divulgado desde Barcelona, Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L.(GNF), en su calidad de inversores extranjeros, aseguran que “han notificado formalmente la existencia de una controversia con la República de Colombia”.
“En este contexto, GNF no ha interpuesto ninguna demanda; ha solicitado que se dé inicio a la etapa de seis meses para el arreglo amistoso previsto en el Acuerdo” sobre Electricaribe, que tiene grandes problemas en la prestación de su servicio.
La compañía española ha reiterado “su intención de continuar dialogando de buena fe con el Estado colombiano para llegar a una solución integral que reconozca los intereses de todos los afectados, incluyendo a la población de la Región Caribe”, señala la comunicación.
La Electrificadora del Caribe (Electricaribe), que distribuye y comercializa electricidad en siete departamentos de la Costa, donde atienden a 2,5 millones de clientes, es objeto de protestas desde hace varios meses por las fallas en el servicio.
Las compañías del grupo Gas Natural, que tienen una participación accionarial del 85% en Electricaribe señalaron que Colombia es un mercado en crecimiento que cada vez más se constituye como un hub de operaciones de compañías. “La protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país”, indica la empresa española.
Electricaribe viene estando en el ojo del huracán luego de que la Contraloría General de la República revelara hallazgos fiscales por 65.733 millones de pesos en los contratos del Ministerio de Minas y Electricaribe para la ejecución del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone.
La compañía respondió ante los detrimentos patrimoniales asegurando que los recursos entregados por el Gobierno Nacional se encontraban en las Fiducias. Sin embargo, tras un nuevo informe de la CGR, se indicó que apenas 7.734 millones de pesos se encontraban asegurados.
El resto de recursos, que corresponden a $133.401 millones, fueron girados a terceros.
Ante la coyuntura, gremios políticos convocaron a un debate en la Cámara de Representantes para solicitar al presidente Juan Manuel Santos que se interviniera a la empresa de energía, y se abriera el camino para un cambio de operador.
El pasado jueves, gobernadores de la Costa Caribe reunidos en Cartagena reiteraron el pedido de intervención de la compañía, aunque esa situación llegara a afectar las relaciones con España.
“Si las relaciones (diplomáticas) se van a romper con España, por parte del Caribe, pues que se rompan”, dijo tras la reunión el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.
Entre los problemas que afectan la prestación del servicio de Electricaribe está el alto número de conexiones ilegales y el impago de grandes clientes, entre ellos entidades de los departamentos.
Según un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo, la deuda de los entes territoriales de los departamentos con esta compañía, que supera los 18.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de euros), “implica un riesgo para la prestación del servicio” en La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.
Entre los clientes morosos están hospitales y escuelas a quienes la ley colombiana no permite que se les suspendan los servicios básicos, con lo que a las pérdidas millonarias por impago y por las conexiones ilegales se suman un problema de regulación.