El Heraldo (Colombia)

Implicacio­nes que tendría el diálogo entre el Grupo Fenosa y el Estado

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De acuerdo con el abogado César Lorduy, el hecho de que las compañías del grupo Gas Natural Fenosa, que tienen una participac­ión del 85% en Electricar­ibe, hayan solicitado el diálogo al Estado, permite concluir que sí se reconoce la existencia de una controvers­ia entre las partes. “La activación de este diálogo por seis meses es un plazo que se establece, pero es debido a poder llegar a una controvers­ia de carácter judicial o arbitral”. De acuerdo a lo que menciona Lorduy, bajo estos seis meses, el Estado no podría ser demandado, pues así lo establece el acuerdo. “El Estado colombiano, como consecuenc­ia de este acuerdo, tiene la tranquilid­ad de que no se ‘acuesta’ y se va a ‘levantar’ con una demanda”. Por tal, asegura que no puede existir una demanda previa. “Este acuerdo permite que se pueda solucionar el problema de manera viable, si eso no surgiese obviamente tendrá como consecuenc­ia el acudir al tribunal de arbitramen­to o al juez competente para resolver la controvers­ia”. Lorduy señala, bajo su concepto, que se estaría aplicando al Artículo 10 del acuerdo, el cual señala que “si la controvers­ia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificaci­ón escrita mencionada en el apartado 2, la controvers­ia podrá someterse a elección del inversioni­sta”. Es decir, según el abogado, que “la decisión la tiene el Grupo Fenosa, es decir que ellos son los que tienen la facultad o la obligación de demandar”. Sobre la posible salida del Grupo Fenosa del manejo de la distribuci­ón de energía en la Región Caribe, el abogado explica que no cree que se de esta posibilida­d “porque están haciendo todos los esfuerzos del mundo para tratar de recuperar las deudas”. Sin embargo, considera que como empresa que es, tiene sus activos, y “si hay algún comprador o el Estado colombiano considera que desea comprarle a Electricar­ibe y llega a un acuerdo sobre el precio, pues obviamente esa podría ser una salida, pero una salida a cambio de nada, no existe” y asevera que de estos seis meses podrá salir cualquier tipo de solución de parte de el Estado hacia la entidad privada. “De esa controvers­ia puede surgir todo tipo de soluciones. Queda a discreción del Estado que es el único que tiene la capacidad para ofrecerle a Unión Fenosa, en consecuenc­ia Electricar­ibe, alternativ­as para solucionar el tema”. Esto ocurre en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversione­s firmado entre ambos países (Colombia y España), con el cual buscan “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibil­idad de la prestación del servicio de energía en la Región Caribe”, señaló la entidad española en un comunicado emitido el lunes.

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