Justicia penal: a ajustar tuercas
Afinales de diciembre se divulgó una investigación sobre el sistema penal en el Departamento, efectuada por la Gobernación del Atlántico y Protransparencia.
Según dicha investigación, entre 2010 y 2015 a la justicia penal seccional ingresaron 417.870 noticias criminales, lo que quiere decir casi 70.000 por año o 191 diarias. De este total concluyeron (por archivo, sentencia u otras formas) 217.159 procesos, es decir, el 52%. Y de este, el 71% por archivo, el 24% por otras formas de conclusión y apenas el 5% por sentencia.
El trabajo muestra que de los procesos archivados (154.902), 60.186 (39%) representan la impunidad pura y dura, pues existiendo el delito no se pudo establecer la identidad del delincuente. Es decir: cada año en nuestro departamento se deja de identificar a los autores de unos 10.000 delitos, lo cual se debe a deficiencias en la etapa de investigación, en el manejo de la escena del crimen y en la disponibilidad de recursos tecnológicos y de laboratorios forenses. De ahí la frase del fiscal Rodrigo Restrepo, en la cumbre de noviembre pasado sobre el Sistema Penal Acusatorio, de que en Barranquilla es una proeza recoger dos goticas de sangre y hacer un análisis que identifique plenamente a quien ha cometido un crimen.
Por otro lado, y contrario a la percepción general, cuando los casos son llevados a juicio el 93% termina en condena y solo un 7% tiene carácter absolutorio. Pero, como señalamos arriba, los juicios corresponden apenas al 5% de los procesos concluidos en la justicia penal. O sea: el sistema funciona muy bien siempre y cuando la Policía, el CTI y la Fiscalía cumplan su labor cabalmente y de manera oportuna, para que no ocurra como hasta ahora: que son más los casos en los que no se sabe quién es el delincuente que aquellos en los que se condenan las conductas delictivas.
Entre 2010 y 2015, llama igualmente la atención, 43.260 procesos ingresados al sistema penal –(10%)– pudieron haberse tramitado por la vía de la justicia cercana al ciudadano. Significa que, anualmente, pudo habérsele quitado la carga de 7.200 procesos al sistema penal. De la justicia cercana al ciudadano hacen parte las inspecciones de policía, las casas de justicia y las comisarías de familia. Requieren un trato más esmerado de la Alcaldía.
Estas y otras realidades han provocado un aumento progresivo del inventario de procesos penales en el Departamento, lo que se traduce en mayor congestión, falta de confianza de la ciudadanía e impunidad: los tres grandes malestares que agobian al sistema penal en el Atlántico.
Como escribí en la columna pasada, es necesario que todas las instituciones que confluyen en el sistema penal –intervinientes y no intervinientes– estructuren una poderosa coordinación y articulación para enfrentar el peligroso accionar de la criminalidad en nuestro departamento.