Implicaciones del fallo de la Corte en los partidos, el Gobierno y las Farc
De acuerdo con académicos, una de las cosas que refleja el fallo es el desconocimiento que tiene la guerrilla sobre el funcionamiento del Estado y los tiempos electorales.
La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó ayer dos apartes de la vía rápida legislativa o fast track, que se utiliza para tramitar de manera expedita las normas necesarias para implementar el Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc.
Se trata del numeral ‘h’ del artículo primero del Acto Legislativo para la Paz, que decía literalmente que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”.
Este era uno de los puntos que más cuestionaba el Centro Democrático, porque impedía que se les hicieran modificaciones a los proyectos del Gobierno y objetar lo allí contenido.
Con esta determinación, de ahora en adelante los proyectos que se vayan a tramitar en el Congreso por esta vía sí podrán ser objeto de proposiciones por parte de los partidos políticos.
La Corte también tumbó el numeral ‘j’ de dicho artículo, que dice: “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional, en una sola votación”. Es decir, esta disposición señalaba que las votaciones tenían que hacerse en bloque.
Según el tribunal, estas normas violaban el principio de separación de poderes, en la medida en que las limitaciones a la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso contenidas en tales numerales resultaban incompatibles con dicho principio
Esta decisión, para efectos de la implementación de los acuerdos de La Habana, lo que genera es una ralentización en el trámite de los proyectos que el Gobierno presenta, como también una serie de implicaciones en los partidos políticos, el Gobierno, las altas Cortes y la misma guerrilla de las Farc, que son todos actores que se encuentran inmersos en dicho proceso de implementación. EL HERALDO consultó a los docentes del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte con el fin de establecer el impacto y alcance de esa decisión en los diferentes sectores arriba mencionados.
LAS ALTAS CORTES. De acuerdo con Ángel Tuirán, director del departamento de Ciencia Política de la Unique versidad del Norte, uno de los elementos que se resalta con la decisión de la Corte Constitucional “es que a pesar de las fallas del sistema político colombiano, en el país existe una cierta independencia entre las ramas del poder público”. Según el académico, la explicación de esto se debe a que uno de los magistrados que definió la decisión del tribunal fue elegido recientemente de una terna presentada por el Gobierno Nacional, con lo se elimina toda estela de duda sobre la cooptación de ese tribunal por parte del Ejecutivo.
En ese mismo sentido, el docente Carlos Guzmán Mendoza aseguró que lo que se presenta con la decisión del tribunal “es un reposicionamiento de los jueces de las Altas Cortes, quienes están adquiriendo una mayor relevancia”. Guzmán afirmó que ese hecho “no es algo que debería preocupar sino por el contrario es algo que las democracias contemporáneas le exigen a la rama jurisdiccional como parte de su responsabilidad en la consolidación de la democracia” .
Por su parte, el profesor Luis Fernando Trejos también recalcó el carácter independiente de las ramas del poder público y de pesos y contrapesos en el país, argumentando que “no es la primera vez que la jurisdicción constitucional interviene de esta forma en una negociación de paz”. El docente recordó que durante las negociaciones con los paramilitares, el alto tribunal también intervino cuando tumbó la conexidad que se le trató de dar al paramilitarismo con la sedición, es decir, con el delito político.
PARTIDOS Y GOBIERNO. De acuerdo con los académicos, con esta decisión de la Corte Constitucional, además de que se demorará el trámite que tengan que surtir los proyectos que presente el Gobierno para implementar todo lo relacionado con el acuerdo de La Habana, también se va a generar una nueva dinámica de ‘negociación’ entre partidos y Ejecutivo. De acuerdo con Guzmán Mendoza, una de las cosas que se va a poner a prueba con la introducción de estas nuevas reglas “es qué tan sólida es realmente la unidad nacional (coalición de partidos de gobierno), que es la que le ha permitido a Santos, en gran medida, sacar adelante su agenda legislativa y de gobierno”.
“En esta puesta a prueba, y dada las particularidades del los partidos en Colombia, (...) los mismos van a condicionar su voto favorable o no frente a los proyectos del fast track. Es decir, va a haber un juego de negociación donde algunos sectores van a tratar de sacar provecho”, subrayó el académico.
En ese mismo sentido, planteó que la pregunta de fondo es si el Estado tiene los recursos suficientes para atender esas nuevas demandas, dada la situación fiscal del país y las limitaciones en términos de compromiso que pueda adquirir el Gobierno.
LAS FARC. En lo referente a las Farc y el impacto que reciben como consecuencia de la decisión del tribunal, el profesor Luis Fernando Trejos argumentó que “el gran contexto que se puede construir es que las Farc desconocen profundamente el funcionamiento del Estado en la medida que siempre asumieron que pactar con el ejecutivo era automáticamente pactar con el legislativo o con el judicial”. Ese grupo guerrillero, puntualizó el docente, tiene un “desconocimiento de la institucionalidad y de los tiempo políticos y electorales, que no son los mismos tiempos del monte y de la guerra”.
Sin embargo, por otro lado señaló que “el proceso de implementación de lo acordado en La Habana está tan avanzado que no hay posibilidad de una vuelta a la confrontación armada. “Para las Farc es mucho más costoso, en términos políticos y militares, el regreso a la guerra que mantenerse en el proceso, aún con las demoras que el fallo de la Corte le va a producir a la implementación jurídica del acuerdo”, indicó Trejos.