Contraloría halla irregularidades en contrato de agua en la Alta Guajira
Un informe de auditoría da cuenta de presuntos hallazgos fiscales por un monto de $884 millones del SGP en Riohacha. La obra debía entrar en operación en 5 meses, pero lleva dos años sin funcionar.
RIOHACHA Y BOGOTÁ. Doce sistemas para captación y abastecimiento de agua a comunidades de la Alta Guajira –azotada por las muertes de niños por causas asociadas a la desnutrición–, que debían quedar listos en 2015 y tenían un periodo de construcción de cinco meses, aún hoy, dos años después, no están funcionando; a pesar de que se hicieron pagos desde la Alcaldía de Riohacha por $1.630 millones.
Así lo estableció la Contraloría General tras una auditoría a la vigencia de 2015, conocida por EL HERALDO y presentada en noviembre pasado, en la que se pudieron de presente 21 hallazgos administrativos con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) entre los que se encuentran cinco con presunto alcance fiscal por $884 millones y 11 con posibles disciplinarios.
Cuestiona el ente de control a la administración de la capital de la península, cuya gestión en 2015 califica en 76,97 y le da un rango de “desfavorable”, recayendo estas críticas directamente en el exalcalde Rafael Ceballos (2012-2015), imputado en octubre pasado por aparentes irregularidades en la contratación del frustrado acueducto del corregimiento de Camarones.
Sin embargo, la misiva que introduce el documento de 94 páginas, va dirigida al sucesor de Ceballos, el también exalcalde Fabio Velásquez (2016-2017), preso desde febrero por presun- tas irregularidades con un contrato de alimentación escolar.
MICROACUEDUCTOS SUSPENDIDOS. En el contrato de obra 085 del 23 de junio de 2015, para la ‘Ejecución de obras de captación, abastecimiento, suministro y distribución de agua en los resguardos indígenas Wayuu de Alta y Media Guajira y Unapuchón’, también conocidos como los microacueductos indígenas, el ente de control fiscal establece presuntos hallazgos fiscales por $217 millones.
Primero, se cuestiona que el contrato, por un valor de $2.317 millones, “se ejecutaba sin los permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas” en los proyectos de las comunidades de Potrerito, Alainawao, Unapuchón, Loma Fresca, Pesuain y Serillamana.
Luego, pone de presente la auditoría que aparecen tachados como “recibidos” eventos que no se han ejecutado: “en la etapa de perforación de pozo, en los proyectos de las comunidades de Potrerito y de Angosture existen ítems que aparecen recibidos en el acta parcial número 1 y en la visita se pudo constatar que no se han ejecutado”. Se refiere concretamente el organismo revisor a temas como perforaciones de prueba y ampliación, suministros, adecuación e instalación de tubería y adecuación del pozo, entre otras.
Finalmente, reporta el documento que se han realizado pagos por $1.630 millones, que equivalen a más del 70% del contrato, que contempla la construcción de 12 sistemas para captación y abastecimiento de agua a sendas comunidades, “sin embargo, al tiempo de la visita ninguno se encontraba en servicio por falta de ejecución de ítems”.
En respuesta, el exalcalde Ceballos le dijo a EL HERALDO que ese contrato, que según la Contraloría tenía un plazo contractual de cinco meses y que se iniciaba el 24 de junio de 2015, “quedó en ejecución, es decir, pasó a la siguiente administración”.
Por ello, considera el exburgomaestre, “cualquier eventual faltante de obras o cancelación de lo no ejecutado, debe ser precisado por los actuales administradores”.
Este diario intentó comunicarse con la alcaldesa actual encargada, Tatiana Barros, pero no fue posible obtener una respuesta sobre lo que asegura Ceballos.
Finalmente, señala que en cuanto a los permisos de exploración “ese trámite fue incluido en el contrato y según me informan fueron otorgados por Corpoguajira”.
Entre tanto, las cifras oficiales indican que murieron en 2015 en La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, en lo que por supuesto la falta de agua potable tiene injerencia, un total de 37 niños.
PAGOS ESCOLARES EN VACACIONES. La entidad de control también encontró que hubo posibles pagos de más por $206 millones, al cancelarse el servicio de transporte escolar público como si se hubiera prestado cuando los niños estaban de vacaciones.
Los cuestionamientos se hacen en el contrato 041 del 8 de mayo de 2015, para ‘Prestación del servicio de transporte escolar a estudiantes de población vulnerable en zona rural y urbana marginal de Riohacha’, suscrito entre el municipio y la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Relaturg Ltda., por $1.914 millones.