Participación fuerte y barata
La conformación de instituciones sólidas en el Estado posmoderno supone la utilización de herramientas de gobierno abierto que son imprescindibles en el marco de la formulación de políticas públicas. La participación ciudadana, un derecho y un deber que en la práctica pareciera ser etéreo, es el pilar de las relaciones actuales entre el Estado y el ciudadano, toda vez que a partir de las nuevas dinámicas sociales y culturales que ha propiciado la tecnología, es inconcebible la existencia de un gobierno legítimo sin la inclusión de la opinión pública en etapas tempranas de creación de políticas.
El mundo, incluyendo a Colombia y al Hemisferio Sur, se encuentra en un proceso dirigido a repensar las estrategias de participación en el marco de una ciudadanía cada vez más exigente y crítica ante las decisiones del sector público. En este panorama, el gobierno abierto, concepto que no solo supone el acceso libre y fácil a la información pública, ha establecido algunas pautas que no deben ser tomadas como recomendaciones aleatorias sino como elementos fundamentales para la conformación de Estados sólidos y sobre todo, eficientes. La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que propone herramientas para fortalecer la gobernanza pública, establece como principio fundamental la participación, siempre que esta permite la toma de decisiones públicas acertadas que implique un menor riesgo para la arcas del Estado.
Un ejemplo claro de algo que podría ser una buena práctica en Colombia y en otros países con fuerte presencia indígena, como Ecuador y Brasil, sería la utilización de estrategias de gobierno abierto y participación ciudadana en decisiones que posiblemente puedan afectar sus territorios y sus comunidades. Con esto, una vez se busque el desarrollo de normativas que impacten a las comunidades indígenas, no se tendrá que esperar a la consulta previa para conocer cuáles son las necesidades, opiniones y exigencias de su pueblo, sino que se tendrán en cuenta a lo largo del proceso.
En países como Colombia, donde se está empezando a entender la importancia de la participación, se debe tener en cuenta que esto no solo favorece el fortalecimiento de la democracia en un sentido puramente político, sino que genera una metodología de gobierno que prevé con antelación lo que funcionará en el territorio nacional, sin incurrir en las pérdidas patrimoniales que implica poner en marcha políticas públicas y proyectos de desarrollo que no fueron probados inicialmente mediante el uso de prototipos.
En el marco de esta estrategia que debe ser implementada tanto en el orden nacional como el local, surge la necesidad de promover estrategias de innovación abierta donde la participación pase de ser una relatoría de lo que quiere el pueblo, para ser un escenario para la generación de propuestas novedosas que generen desarrollo y que produzcan conocimiento social con el que las entidades públicas no cuentan. El apoyo de las universidades y de la empresa privada para facilitar estas plataformas de trabajo y socialización, sin lugar a dudas, son determinantes para enriquecer el gobierno abierto.