Lecciones que no se aprenden

No es la primera vez que los medios informan sobre los privilegios y ostentaciones de ciertos presos en las cárceles del país. Lo que demuestra el episodio de la Penitenciaría El Bosque es que los primeros a reeducar son los guardias.

Las cárceles están reservadas esencialmente para quienes cometen algún delito. En esos centros de reclusión, por un lado permanecen personas que los jueces, en nombre de la sociedad, condenaron por violar un código de coexistencia o vulnerar derechos de sus semejantes. Y por el otro, aquellas que fueron recluidas de manera preventiva y que están a la espera de que se les resuelva su situación.

La función de las cárceles consiste, primero, en asegurar el cumplimiento de un castigo; segundo, garantizar que los internos no vuelvan a cometer las conductas atentatorias. Por eso es que a la prisión también se le atribuye, en las convenciones modernas, una función resocializadora. Al permanecer en la cárcel, lo cual implica estar apartado de la comunidad, el detenido debe preparar su regreso social, siempre sobre la promesa de no repetir lo que hizo mal.

Aunque parezca un objetivo idealista, el propósito es que el condenado reflexione y escarmiente, y regrese como un individuo de bien. Para que todo ocurra, sin embargo, es indispensable que cumpla con las reglas de su lugar de reclusión, en el entendido de que no son normativas caprichosas sino mandamientos inspirados en el sentido misional de la condena.

Una cárcel, pues, es una forma de legitimar al Estado, si aceptamos que este debe acreditar, entre otros cometidos, la seguridad y, por supuesto, la sana convivencia de los ciudadanos. Cuando los detenidos se apartan del fin penitenciario y despliegan comportamientos ostentosos, como los que ocurrieron en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla en días pasados, se burlan de la ley, de las sentencias, de la sociedad y del Estado. Los hechos dados a conocer ayer por este diario en primicia y que fueron confirmados por la Dirección Regional del Inpec, sobre una excesiva celebración de la boda de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la ex empresaria del chance Enilse López – con ‘lluvia’ de billetes incluida–, revelan que no está claro que allí en la citada cárcel se esté dando un proceso de reeducación y, mucho menos, de escarmiento. Las investigaciones que adelanta el Inpec, y que ya provocaron la separación de los cargos del director encargado y de la subdirectora de la penitenciaría, deberán aclarar lo que pasó.

Por lo pronto, ahí caben preguntas obvias sobre el rol de los guardias, que al fin y al cabo son los garantes de los principios carcelarios. ¿Los convictos que cuidan están realmente separados de la criminalidad? ¿Las sentencias que cumplen los reclusos están disuadiéndolos frente a la comisión de delitos?

Porque no es la primera vez que tenemos que informar y opinar alrededor de este tema.

Sobre los privilegios de ciertos presos que extienden su poder corruptor en las celdas ha corrido mucha tinta, y, sin embargo, cada cierto tiempo vuelven los titulares en las portadas de los medios. ¿Se está cuidando el Inpec –seguimos preguntando– de contratar perfiles consecuentes con la vigilancia que la ciudadanía espera para los que delinquen? ¿Qué controles les aplican? ¿Quién –en definitiva– está custodiando a los reclusos?

Cuando los detenidos se apartan del fin penitenciario y despliegan comportamientos ostentosos, como los que ocurrieron en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla en días pasados, se burlan de la ley, de las sentencias, de la sociedad y del Estado.