“AUTODEFENSAS GAITANISTAS TIENEN EL CONTROL EN TIERRALTA”
La advertencia la hace la Defensoría del Pueblo.
Los 35.500 habitantes de esta región de Córdoba siguen en riesgo, según diagnóstico del Ministerio Público.
El riesgo de seguir revictimizados por la guerra está latente para los 35.500 pobladores de Tierralta, en el Alto Sinú, quienes residen en 12 corregimientos, cerca de un centenar de veredas y 28 pueblos indígenas de la etnia embera katío.
Así lo advierte la Defensoría del Pueblo, que tiene en su poder el informe de riesgo 129-17, de comienzos de este mes, que fue puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y de la Gobernación de Córdoba, para que se generen acciones que permitan la ‘libertad’ de un pueblo que lleva más de medio siglo en guerra. Este territorio cordobés, en el Nudo del Paramillo, fue compartido por diversos grupos armados ilegales, entre ellos las recientemente desarmadas Farc.
La Defensoría del Pueblo señala en el diagnóstico que “derivado de la firma y ratificación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera, entre el Gobierno y las Farc, se produjo el agrupamiento de los combatientes de los frentes 5°, 18 y 58, en el Punto Transitorio de Normalización de la vereda Gallo y desde entonces, comenzó un proceso de expansión y copamiento territorial de los miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hacia las áreas abandonadas por los diferentes frentes de las Farc, con el fin de monopolizar las actividades criminales y las economías ilícitas”.
Advierte, además, que incluso las acciones del Estado para hacer realidad los puntos uno, dos y cuatro de la implementación del Acuer- do de Paz, relacionados con la solución al problema de las drogas ilícitas, no han podido ejercerse “por la fuerte hostilidad de las Autodefensas Gaitanistas”.
“Se ha reconfigurado el escenario de riesgo para la población civil de Tierralta, te- niendo como actor armado ilegal fuente de la amenaza a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes han asumido el monopolio de las economías ilícitas, de la criminalidad y han expandido su control territorial luego de la dejación de armas por parte de las Farc”, señala el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo.
Para la elaboración del mismo el Ministerio Público definió una localización geográfica que incluyó 19 sectores urbanos que son los barrios el Diamante, la Esmeralda, José Antonio Galán, Villa del Juí, California, Nuevo Oriente, Montevideo, San José, el Puerto, la invasión 9 de Agosto con sus subsectores La Victoria, Corralejas, Los Robles, La Balsa, No Hay Como Dios, La Ceiba, Nueva Esperanza y El Milagro.
En la zona rural dispersa el estudio comprendió los corregimientos de Severinera, San Felipe de Cadillo, Mantagordal, Palmira, Santa Marta, Volador, El Caramelo, Bonito Viento, Santa Fe Ralito, ubicados en la margen oriental; Crucito, Águila, Batatas y Saiza, en la margen occidental, y el pueblo indígena embera katío residente en el Parque Nacional Natural Paramillo y sus comunidades: Kanyidó, Junkaradó, Karakaradó, Kachichí, Wido, Beguidó, Changarra, Antadó, Kapupudó, Mongaratatadó, Koredó, Nawa, Amborromia, Porrémia, Tundó, Dozá, Zorandó, Nejondó, Sambudó Pawarandó, Chimiadó, Arizá, Simbra, Tagual, Imamadó, Guayabos, Paníco y El Aguacate.
ALCALDE TIENE OTRA VISIÓN
El alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilés, al ser interrogado sobre el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, dijo que por el contrario, su localidad transcurre en normalidad, y muestra de ello es que en lo que va corrido del año solo se han registrado tres asesinatos, y cosa distinta ocurría en otras épocas, en las que en el mismo periodo se superaban los 50 hechos.
“En estos momentos gracias a Dios Tierralta es uno de los municipios más sanos de Córdoba, no le veo tanta veracidad a este informe, además hay control permanente de la Fuerza Pública con el Ejército y la Policía Nacional, aunque se han presentado casos aislados”, precisó el mandatario.
Agregó Otero que no se descarta que parte del terror en algunos casos lo estén protagonizando disidentes de las Farc que se hacen llamar como miembros de las Autodefensas Gaitanistas o ‘Clan del Golfo’ y se encargan de atemorizar.
“En los últimos meses no hemos tenido desplazamiento en Tierralta en ninguna de las zonas, nosotros trabajamos de la mano con la Defensoría del Pueblo, estamos atentos al tema porque las comunidades son las que sufren las realidades”, explicó el mandatario.
En Tierralta existen alrededor de 65.000 víctimas del conflicto armado de más de medio siglo, y el alcalde ha advertido al Gobierno que esta cifra no debe aumentar, menos cuando el territorio es sede de un segundo proceso de entrega de armas. El primer ocurrió con las Autodefensas entre 2005 y 2006, y el segundo es el actual, que tiene como epicentro a la vereda Gallo, donde el frente 58 de las Farc entregó sus armas.
¿QUIENES ESTÁN EN RIESGO?
La advertencia de la Defensoría explica que en condiciones especiales de riesgo están los niños y adolescentes expuestos a posible reclutamiento forzado o utilización en actividades ilícitas, niñas expuestas a diferentes formas de violencia sexual, mujeres expuestas a trabajo forzoso y violencia sexual, entre otras advertencias que podrían comprometer a los campesinos que siguen cultivando la coca o habitan en zonas de cultivos.
“Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia mantienen su accionar violento en el área urbana de Tierralta, cabeceras corregimentales, vías interveredales y planchones sobre el río Sinú. Además, desde finales de 2016 han iniciado su expansión hacia el Nudo del Paramillo y su zona de amortiguamiento. También al interior del Resguardo embera katío del Alto Sinú, cuenca del río Manso y los corregimientos Crucito, Saiza y zonas adicionales como Palmira, Frasquillo y El Águila Batatas, donde la población civil está expuesta a accidentes con minas antipersonal, restricciones a la movilidad, utilización de civiles como ‘informantes’, control social basado en la intimidación, la amenaza, el homicidio de sus líderes y el desplazamiento forzado”, señala el informe de alerta temprana.
Sugiere que las consecuencias de las acciones delictivas de ese grupo se podrían convertir en homicidios selectivos, desplazamientos forzados, reclutamientos forzados, violencia sexual contra mujeres, utilización de métodos para generar terror y múltiples constreñimientos a las libertades, entre otras, que afectan los derechos fundamentales de los distintos sectores sociales del municipio.
“La dinámica del actual escenario de riesgo podría agravarse, en tanto se evidencie la participación de otro grupo armado ilegal que quiera disputar el control territorial, poblacional y de las economías ilícitas en este espacio”, recalca la Defensoría.
“El incremento de los cultivos de coca afecta el Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo”.
AUMENTAN LOS CULTIVOS DE COCA
En el mismo escenario del riesgo en Tierralta, la Defensoría del Pueblo revela el incremento en los cultivos de coca, con base en datos aportados por campesinos al Ministerio Público el 6 de abril de 2017, cuando se firmó el acuerdo de sustitución voluntaria que dan cuenta de 3.798 hectáreas cultivadas, lo que es el 278.65 % más, con base en cifras del 2015, cuando el reporte fue de 1.360 hectáreas.
“El incremento de estos cultivos de coca afecta principalmente ecosistemas estratégicos y territorios colectivos como son el Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo, donde en toda su extensión se ubicaban 772 hectáreas de coca, y el territorio colectivo del Resguardo embera katío del Alto Sinú, los cuales se traslapan en un alto porcentaje. En zonas remotas del parque Paramillo y de los corregimientos Crucito, Saiza y El Diamante, la coca continúa siendo la base de la economía local, mientras que en Batatas compite exitosamente con la producción y comercio de productos agrícolas”, relata la Defensoría.