¿Por qué un tribunal no avaló la aceptación de cargos de Moreno?
EL HERALDO habló con la defensa del ex funcionario judicial barranquillero y con abogados panelistas sobre la inusitada decisión que adoptó ante la imputación de cargos.
BOGOTá. Al negarle el allanamiento de cargos al exfiscal anticorrupción, el barranquillero Luis Gustavo Moreno, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Fernando Pareja, dijo que nunca antes en su largo ejercicio de jurista había visto un caso igual: un imputado que acepta los cargos pero dice que lo hace presionado. En otras palabras, que es inocente pero que se declara culpable.
Igual de sorprendidos se mostraron los fiscales, la procuradora y hasta el defensor, Francisco Bernate, quien tras la audiencia renunció al caso por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada.
Moreno, en dicha diligencia del viernes pasado, casi que refutó toda la imputación de la Fiscalía, para luego aceptar los cargos: dijo, al revés de lo que había expuesto el ente acusador, que había sido el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien lo presionó para que lo favoreciera en la veintena de investigaciones por corrupción que tiene el exmandatario en su contra.
Aseveró además que Leonardo Pinilla, ex abogado de Lyons vinculado en el proceso, era el compinche del cordobés, que no había delito de concusión (pedir) sino de cohecho (ofrecer), que el exgobernador lo había presionado con un debate en el Congreso, que amenazaban a su esposa con una orden de captura, que entregó a la Fiscalía chats y pruebas de esas presiones pero que el ente de control penal no se los había recibido, que la Fiscalía “cuadró” su viaje a Estados Unidos para que lo capturaran y que él había informado de la reunión con Lyons.
Tanto el fiscal sexto delegado ante la Corte, Fabio Espitia, como el abogado Bernate, negaron haber tenido conocimiento de estas denuncias de manera previa a la manifestación que hiciera Moreno, por videoconferencia, desde la Cárcel La Picota. EL HERALDO habló al respecto del sui generis proceder de Moreno con su abogado defensor; con el ex fiscal general, el cartagenero Guillermo Mendoza Diago y con el congresista del Polo y antiguo director del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, Alirio Uribe.
LA PARTICULAR ACEPTACIóN. “La línea que yo había fijado y acordado con Gustavo Moreno era una aceptación de cargos y un acto de contrición, y cuando todo esto pasó yo fui el primer sorprendido en la audiencia, y eso hizo insostenible que yo siguiera en el caso”, dijo su abogado defensor.
Y agregó que lo ocurrido “no hacía parte de la estrategia. En este tipo de audiencia eso no procede”.
Entre tanto, Mendoza Diago consideró que “una de las características del allanamiento de cargos es que debe ser un acto voluntario, logrado después de la información correspondiente sobre las consecuencias del mismo. Entonces, si la persona acepta cargos,pero al mismo tiempo pone condiciones, en este caso argumentando presiones, inmediatamente eso tiene que ser descartado”.
De igual forma, Uribe opinó que “desde el punto de vista legal, se supone que un aceptación de cargos no debe ser una extorsión, y se hace cuando hay una evidencia jurídica muy fuerte, pero lo que no es regular es que se dé una aceptación de cargos con supuestas amenazas de retaliaciones contra su esposa”.
EL CASO MORENO. Frente a la supuesta responsabilidad de Moreno, ex director anticorrupción, en este sonado caso, una vez surtida la imputación de cargos y la manifestación del interés del barranquillero por aceptar cargos, el exfiscal general planteó que “siempre hay que partir de la base de la presunción de inocencia, pero una vez puesta de presente la aceptación, tenemos que decir que es un asunto lamentable, primero porque es un abogado de muchos quilates, y para la institución como una falla, en el sentido de que se va perdiendo la confianza en los otros funcionarios”.
El ex director de Cajar, de otro lado, reclama la responsabilidad que le cabría al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por el nombramiento de Moreno en tan alto cargo: “Es un gran escándalo que el nuevo fiscal general se proclamara como el fiscal anticorrupción y que precisamente nombrara a un personaje como este”, y añadió: “Lo que se nota es que la DEA le puso una trampa a la Fiscalía ante la evidente corrupción con los procesos que llevaba este abogado”.
EVENTUAL EXTRADICIóN. Una vez cumplida la imputación, y ante el no allanamiento de los delitos, lo que viene ahora para Moreno es la acusación o llamamiento a juicio, para el que la Fiscalía tiene un plazo de 90 días.
Entre tanto, sigue en paralelo el trámite de la extradición a los Estados Unidos por el delito de conspiración para lavar activos, pues Moreno habría recibido en Miami, de parte de Lyons, 10.000 dólares. “En este momento hay que esperar que los EEUU remitan la acusación y se inicia una diligencia ante la Corte Suprema en la que Moreno puede pedir un trámite exprés, y esto que sucedió en la imputación no afecta en nada el proceso de extradición”, explicó Bernate a este diario.
Para Uribe, por otra parte, “es totalmente irregular el trámite que se está haciendo ante la supuesta extradición”, ya que, consideró “grave” el hecho de “que este señor no le cuente a la justicia colombiana todos los potenciales procesos de corrupción en que ha participado desde y antes de la Fiscalía, pues parece que manejaba toda una red de corrupción a nivel judicial, porque más que un abogado era un tramitador de favores”.
Por ello, advierte el penalista: “creo que esta persona no debería ser extraditada antes que cuente todo lo que sabe”.