Desvío de subsidios en Electricaribe venía desde 2012: ‘Super’
La Contraloría lanza un pulso por la información de la empresa y pide a la Superintendencia de Servicios Públicos su intervención para recibir información de facturas de 2010 a 2014.
La Contraloría sostiene un pulso con la empresa de energía, y pidió a la Superservicios “intervenir” para obtener los datos de las facturas correspondientes a los años 2010 a 2014.
Indicios de una “presunta desviación de subsidios de Electricaribe” podría venir “desde 2012”, reveló este martes la Superintendencia de Servicios Públicos, según indicios encontrados por el organismo de vigilancia.
Por este motivo, el pasado 17 de julio la ‘Súper’ notificó a la electrificadora acerca de la apertura de investigación por el uso indebido de subsidios del Fondo de Energía Social (FOES) aplicados en el periodo comprendido entre octubre de 2012 y diciembre de 2016.
Esto sucede tras la revelación del informe de la Contraloría General de la República (CGR) en la que se hace referencia al desvío de 78.500 millones de pesos de recursos de la Nación y entregados a la empresa de energía en las vigencias 2015 y 2016 para subsidiar la electricidad de los más pobres.
De hecho, la Superservicios, de acuerdo con un informe preparado desde finales de 2016 por su Dirección Técnica de Energía, señaló que sus hallazgos coinciden con los revelados por la CGR “en cuanto a la posible aplicación indebida de subsidios provenientes del FOES, en detrimento de alrededor de 600.000 usuarios de escasos recursos”.
LLAMADO DEL CONTRALOR. Entretanto, un serio llamado de atención hizo este martes la Contraloría General de la República (CGR) a Electricaribe –intervenida por la Superservicios– porque considera que la empresa no ha respondido de “manera satisfactoria” los requerimientos hechos por el organismo de control fiscal.
Según la auditoría especial que adelantó la Contraloría hace alrededor de un mes, dichos dineros fueron empleados para cubrir las pérdidas de Electricaribe cuando la empresa todavía era administrada por Gas Natural Fenosa (firma que mantiene allí la mayoría de la participación accionaria).
Es en este marco que la CGR señala que “no ha sido posible efectuar el proceso de obtención de información desde el año 2010 al 2014” de la facturación de los clientes de Electricaribe y así enfocarse en la revisión detallada de las facturas.
De ahí que Maya le solicite al superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, “intervenir” para que Electricaribe entregue a la CGR la información que pide. De la falta de la información de las facturas de 2010 a 2014 se puede inferir que el hallazgo de 78.500 millones hecho por el organismo de control fiscal puede ser todavía más grande.
Por otra parte, de los datos del informe de la Contraloría queda por aclarar si el interventor de Electricaribe es o no también responsable por mantener la ejecución de los subsidios tal y como venía haciéndolo GNF. Esto sería desde el 15 de noviembre de 2016 a la fecha, cuando la ‘Súper’ intervino la empresa. EL HERALDO intentó conversar con el agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, pero él hizo saber que no le era posible referirse al tema.
Entretanto, GNF se ha defendido este martes y ha señalado que fondos del FOES recibidos se destinaron a sufragar la energía eléctrica consumida por los usuarios de estratos 1 y 2 en zonas especiales “y en ningún caso fueron destinados a sufragar pérdidas económicas de una compañía que nunca distribuyó dividendos a sus accionistas” (ver nota anexa).
REACCIONES DE CONGRESISTAS. El representante cordobés del Partido Conservador David Barguil pidió “una multa ejemplarizante a Electricaribe”, pues “hace años que usa al Estado colombiano como su músculo financiero. Exigimos al Gobierno que imponga una multa ejemplarizante y que esta sea pagada con el patrimonio de los dueños de Electricaribe”.
Y explicó al respecto que “esto se puede hacer ahora en el proceso de liquidación”, y que dicha multa puede ser de hasta 100.000 salarios mínimos, “gracias a una iniciativa nuestra en el Congreso”.
El representante barranquillero del Partido Liberal Mauricio Gómez dijo que las aparentes anomalías reportadas por el organismo revisor “nos dan más la razón a los que veníamos pidiendo la liquidación, y creo que esto muestra más la forma como actuaba esta multinacional en detrimento de la calidad de vida de los costeños y en beneficio económico de ellos”.
El senador cartagenero del Centro Democrático Fernando Araújo aseguró que aún faltan hallazgos de la Contraloría por el mal manejo de honorarios y sobrefacturación en la que habría incurrido presuntamente esta empresa: “hubo honorarios que pasaron de 45.000 millones a $8.000 millones, con lo cual se evidencia que algunos años hubo cobros excesivos de honorarios, por ese camino pudieron haberse retirado falsos dividendos”.
Y afirmó que también faltan los hallazgos por la sobrefacturación.
La senadora cartagenera del Partido Conservador Nadia Blel Scaff lanzó una serie de ‘trinos’ en los que asevera que cada nuevo hallazgo en la empresa europea justifica su salida del país.
Por último, señaló que la compañía había perdido el sentido social que debe tener una prestadora de un servicio público: “Hallazgos de Contraloría revelan la verdadera cara de Electricaribe, una empresa que perdió todo sentido social y humano!”.
INTERVENTOR, A RENDIR CUENTAS. María del Rosario Guerra, senadora sucreña, dijo que lo descubierto por la Contraloría merece el rechazo de la sociedad.
Solicita a la nueva administración que emprenda prácticas de transparencia para con la ciudadanía en torno a los fondos de recursos públicos: “al interventor de Electricaribe le solicitamos que nos explique qué ha pasado con los subsidios del resto de fondos de energía. Es de la mayor importancia que Electricaribe rinda cuentas e informe a la ciudadanía del manejo que da a los fondos eléctricos”.
El senador sucreño de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella consideró “de la mayor gravedad lo encontrado frente a Electricaribe. Muchos nos sospechábamos que allí había gato encerrado y que lo que se había mostrado a la opinión pública no era la totalidad de las irregularidades, qué bueno que la Contraloría ha develado una vez más otra de las tantas anomalías”.
Señaló en este sentido el parlamentario que lo que sigue es que la pesquisa trascienda el terreno fiscal y vaya al penal y disciplinario: “ahora lo que procede es que se dé el traslado a la Fiscalía para que se adelanten las acciones penales, y a la Procuraduría, si se ameritan investigaciones disciplinarias contra funcionario alguno”.