Se esfuman miles de millones en obras no ejecutadas del Dique
El ente de control asegura que al realizar dos auditorías encontró que en la corporación opera un “carrusel de la contratación” desde hace varios años.
Según auditoría, solo en 2016 se habría producido un detrimento por más de $23 mil millones en los contratos de limpieza, suscritos sin los requerimientos que exige la ley. Los contratistas, varios de ellos sin experiencia, presentaban ofertas similares y “pegadas al presupuesto” de la Corporación. Luego intercambiaban roles en los contratos. El ente de control señala también que la entidad bolivarense, “sin fundamento jurídico o técnico alguno”, contrató por 14 años obras para recuperar la Ciénaga de la Virgen.
EDGARDO MAYA Contralor General de la Nación.
“Obras contratadas en la vigencia 2016 no se hicieron”.
Hallazgos fiscales que superan los $23.000 millones y el funcionamiento de un carrusel de la contratación fueron detectados en Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) por la Contraloría General de la República (CGR) en desarrollo de dos procesos de auditoría realizados en 2017, sobre el año fiscal 2016.
De acuerdo con el informe elaborado por el equipo de auditores de la CGR, los oferentes de la contratación analizada son las mismas personas jurídicas y naturales, quienes participan en diferentes procesos intercambiando roles de contratista, director de obra o ingeniero residente.
Además, estas firmas contratistas “compartieron los servicios de un mismo contador público”, quien según el ente de control, presentaba y avalaba los estados financieros de todos los oferentes.
De la misma forma, presentaron la topografía elaborada por el mismo topógrafo para los 146 contratos evaluados por la CGR, durante la vigencia 2016, y el mismo no contaba con matrícula profesional.
De acuerdo con la Contraloría, se hicieron dos auditorías en 2017 porque en un primer ejercicio realizado, el equipo auditor encontró 51 hallazgos de tipo administrativo por una cuantía de $5.313 millones.
Posteriormente, en la segunda auditoría se encontraron irregularidades que podrían haber generado un detrimento patrimonial por $18.154 millones en 44 hallazgos. Es decir, que producto de las dos auditorías adelantadas por la CGR en el año 2017 a Cardique se logró identificar un presunto detrimento por $23.467 millones.
Los resultados del ejercicio auditor son calificados como “alarmantes” por el organismo de control.
“La Contraloría General de la República encontró un escandaloso carrusel de contratación en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, que viene de años atrás y se ha lucrado de millonarios recursos, y donde los contratistas que harían parte del mismo no han ejecutado las obras de mitigación ambiental que se les encargo”, señala la entidad en un comunicado.
LA CORPORACIóN. Si bien la sede de Cardique encuentra en Cartagena, esta tiene jurisdicción en la zona de influencia de la Ciénaga de la Virgen, el Canal de Dique y los Montes de María. La mayoría de su contratación está enfoca- da en las obras civiles en caños, arroyos y reservorios en los municipios de su jurisdicción.
La modalidad de relimpias, que consiste en retiro de sedimentos y vegetación de caños o canales, conforma el grueso de la contratación de la corporación.
Solo entre 2011 y 2016, Cardique destinó $144.000 millones para este tipo de contrataciones.
CóMO OPERABA. La labor realizada por los auditores permitió establecer que la mayor parte de los contratos quedó en manos de los mismos contratistas, “en una especie de carrusel de contratación, en el que cada cierto tiempo, y de forma sistemática, intercambian sus roles: en ocasiones son contratistas, en otras residentes de obra y en algunas más directores de obra”.
Además, se presentaban en los mismos procesos de selección como oferentes, con propuestas que diferían entre una y otra “en sumas irrisorias de $10, o $5” y casi siempre “pegadas” al presupuesto fijado por la corporación.
El informe señala que la Contraloría se vio en la necesidad de enviar una comisión para que recabara la información en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, ante la renuencia de la corporación a entregar los expedientes contractuales, la entrega parcial de documentos, la falta de información de los contratistas y la escasa cooperación.
“Sin embargo, la vaguedad de la información obtenida, llevó al equipo auditor a entrevistar de manera directa a los contratistas. Y lo que se consideró sería la forma de obtener los documentos no aportados por la Corporación, reveló más irregularidades”, explica la Contraloría.
Fue así como se encontraron direcciones de contratistas que llevaban años contratando con la corporación y cuya única experiencia era desarrollar el mismo tipo de obras en años anteriores con esa misma entidad.
Las direcciones correspondían en algunos casos a viviendas familiares en las que desconocían al contratista o su empresa.
En otros casos se trataba de oficinas en las que nunca había funcionado la empresa que figuraba como contratista, e incluso se encontraron dos oficinas clausuradas de años atrás y en las que no se daba cuenta de la existencia de las empresas contratistas. La conclusión“más preocupante”, según el ente de control, es que luego de la revisión de los contratos, se establece que las obras no se hicieron, pues en los expedientes contractuales no se encontró evidencia del inicio, evolución y terminación de las mismas.
CIéNAGA DE LA VIRGEN. La auditoría revisó también los contratos celebrados por Cardique para la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen, en las tres últimas vigencias fiscales.
Se trata del contrato realizado con el Consorcio
Ciénaga de La Virgen, conformado en un 75 % por Construcciones Hilsaca Ltda (hoy AGM Desarrollos SAS) y en un 25 % por Servicios de dragados y construcciones SA por un término de 14 años por un valor de $22.378 millones, que fueron adicionados en $11.086 millones y tuvo reajustes en el precio por $2.192 millones, para un valor a cierre de 2016 de $35.451 millones.
El contrato de obra fue suscrito por la modalidad de tracto sucesivo, es decir que año a año se van definiendo las obras a realizar, conforme los recursos que se recaudan a través de la sobretasa ambiental de peaje y el impuesto predial, transferidos a un encargo fiduciario “del que por demás no tiene el control la Corporación”, señala el ente.
La Contraloría concluye que luego de nueve años de ejecución del contrato y haber ejecutado recursos del orden de $35 mil millones, uno de sus principales objetivos como es la construcción de canales en concreto, no se ha iniciado y, en su lugar, se aduce haber hecho relimpias, apertura de canales en tierra y descoles apilando la basura que extraen de la misma ciénaga.
Señala que el proceso licitatorio se llevó a cabo con unos estudios y diseños específicos; sin embargo, al verificar la ejecución del contrato, se advirtió que para el desarrollo de las obras no se siguieron los mismos, de hecho, de haberse desarrollado alguna actividad, la misma no se llevó a cabo con base en diseño alguno.