Contratos mal ejecutados enredan a exalcalde de Morroa
Irregularidades en ejecución de obras sobrepasa los $2.128 millones.
SINCELEJO. El destituido e inhabilitado exalcalde de Morroa, Juan Domíguez Carrascal, deberá responder ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de obras cuya inversión sobrepasa los $2.128 millones.
Las mismas buscaban el mejoramiento de una vía desde la cabecera hasta la zona rural, la construcción de un tramo de alcantarillado, de un colector final y de la optimización del acueducto municipal.
Una denuncia ciudadana enviada a la Contraloría General alertó de posibles fraudes en estas contrataciones y tras una inspección, la entidad halló inconsistencias en la forma como fueron contratadas y millonarios defectos por el uso de materiales de mala calidad.
La obra más cuestionada es la de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Morroa y la empresa pública Aguas de Morroa S. A., suscrito el 31 de julio de 2012 a un costo de $1.800 millones, para optimizar el sistema de acueducto etapa I.
“Según dictamen técnico emitido por el ingeniero civil asignado, este determinó unas cantidades de obra defectuosa y de mala calidad que ascienden a $530 (millones) (...) Esto debido a que no se efectuaron los estudios de conveniencia y oportunidad para así determinar exactamente qué materiales se debían utilizar en la obra y qué estructura se debía elaborar para que no se deteriorara”, señala la Contraloría.
CONTRATO A DEDO. La entidad también halló inconsistencias en el convenio de interés público entre la Alcaldía y la fundación Fundesas, suscrito el 19 de mayo de 2016, para el mejoramiento y rehabilitación de la vía MorroaSabanas de Cali, para la construcción del acueducto La Cruz II etapa y del colector final de Los Nogales, a un costo de más de $328 millones.
Y es que Domínguez, desconociendo la ley de contratación, eligió de manera directa, es decir, a dedo a esta fundación, “lo que ocasionó que no le diera oportunidad a otros oferentes con mejores propuestas y más idóneos para la ejecución del contrato, violándose el principio de transparencia”.
Por si fuera poco, esta obra está catalogada como defectuosa por el uso de materiales de mala calidad que le representan al Estado más de $30 millones de n posibles pérdidas. LT