Ramón Navarro acepta los 3 cargos que le imputan
El exgerente de Triple A, según su abogado, decidió colaborar con la justicia ➲ En la diligencia también fue imputada Julia Serrano, ex ejecutiva de la firma.
Exgerente de Triple A seguía órdenes desde Madrid, alegó su abogado en la audiencia de ayer. Fiscalía lo acusa de apropiarse de $27.879 millones junto a otros exdirectivos de Inassa. Juez le dio prisión domiciliaria.
Después de una diligencia que comenzó ayer a las 2:30 de la tarde, y que se extendió hasta las 8:20 de la noche, el juez 15 penal municipal con funciones de control de garantías, Daniel Corrales, ordenó la detención domiciliaria para Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, Triple A, investigado por la Fiscalía por presuntos hechos de co- rrupción en el manejo de los recursos de la compañía y por el aparente incremento patrimonial injustificado de los socios de la firma Inassa.
El juez Corrales acogió la solicitud hecha por el abogado del imputado, Germán Mauricio Marín, quien fundamentó que Navarro Pereira, un hombre de 66 años, decidió colaborar con la justicia desde el momento en que trascendió su captura el martes anterior y, además de eso, aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por administración desleal en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de particular, falsedad en documento privado como coautor y falsedad ideológica como determinador.
SIGUIÓ ÓRDENES.
Incluso, en la última audiencia preliminar de solicitud de medida de aseguramiento el abogado Marín señaló que Navarro, en su carrera en Triple A, se había dedicado a seguir órdenes desde España.
Durante la audiencia de imputación de cargos, el representante del ente investigador dijo que los exgerentes de la empresa Ramón Navarro y Julia Margarita Serrano Monsalve, quien llegó voluntariamente al Centro de Servicios Judiciales, “abusaron de sus funciones” y dispusieron de los bienes de la sociedad.
El Fiscal 38 de la Dirección Especializada contra la Corrupción de Bogotá develó la forma cómo los procesados se apropiaron, según la investigación, de más de $27 mil millones de la empresa de servicios públicos, entre los años 2012 al 2015.
Para ello, explicó el fiscal en la diligencia judicial, crearon 54 órdenes de pedidos ficticias y cuatro contratos de consultoría simulados, cuyo objeto era el estudio de viabilidad normativa para la aplicación de un mercado regional con base en la resolución CRA 628 de 2013.
Señaló el Fiscal 38 de la Dirección Especializada contra la Corrupción de Bogotá que, posteriormente, esos gastos se acreditaron como “operaciones normales” de la empresa Triple A y se registraron en contabilidad, “para luego plasmarse en la declaraciones de renta de los respectivos años”.
Finalmente, explicó el funcionario, los gastos se usaron para realizar los cálculos para cancelar por ocasión de dividendos a los accionistas Inassa S.A., a socios particulares y al Distrito de Barranquilla en calidad de accionista, así como los porcentajes correspondientes por regalías por contratos de concesión del acueducto y alcantarillado suscrito entre Triple A y el Distrito de Barranquilla.
PATRIMONIO NO JUSTIFICADO.
“Mediante la creación de contratos y órdenes de pedidos ficticias, se obtuvo un incremento patrimonial no justificado en favor de terceros y para sí, pues, estos recursos ingresaron al patrimonio de la Sociedad Inassa S.A. y de Ramón Navarro Pereira, y por ende al sistema económico, pues se cancelaron a través de R y T, Recaudos y Tributos, filial de Inassa S.A. y de sus cuentas se sacaron con cheques a terceros”, manifestó el fiscal.
Para la apropiación de los recursos de la empresa Triple A, aseguró el fiscal del caso, se usaron varios métodos por parte de Navarro, Serrano, así como funcionarios de Inassa S.A. y funcionarios de Recaudos y Tributos, los cuales correspondieron de la siguiente forma: a la Sociedad Inassa S.A., accionista mayoritario de Triple A, se le canceló la suma de $4.500 millones, a través de cuatro contratos de consultoría suscritos en 2015, cuyo objeto era el estudio de viabilidad normativa para la aplicación de un mercado regional con base en la resolución CRA 628 de 2013, “sin que existiera prestación de servicios alguno por parte de la sociedad Inassa S.A.”.
A la empresa Recaudos y Tributos, R y T; se le canceló por 54 órdenes de pedido ficticias entre los años 2012 y 2014 la suma de $23.379.761.912, “sin que se hay prestado servicio por este concepto alguno a la empresa Triple A.”.
“El total apropiado mediante estas dos modalidades fraudulentas ascendió a la suma de $27.879.761.912”, detalló el fiscal.
Julia Margarita Serrano Monsalve no aceptó la responsabilidad de los cargos.