Imputación por caso de corrupción en el municipio de Candelaria
Através de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó ayer sobre la imputación de cargos en contra de Régulo Diazgranados Lozano, representante legal de la firma Dizgracon SAS y vinculado a una investigación por supuestas irregularidades en un contrato suscrito con la Alcaldía del municipio de Candelaria, Atlántico.
Los delitos imputados fueron peculado por apropiación –en calidad de interviniente– y falsedad ideológica en documento público.
La investigación se relaciona con las supuestas inconsistencias halladas en la celebración del contrato de obra No. LP 003-2015, el 4 de noviembre de 2015, entre el entonces alcalde del municipio, Jaime Escorcia Domínguez y la firma Dizgracon SAS, representada por Diazgranados. El monto total del contrato fue de $1.919'979.742 y con término de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015.
El objeto de tal contrato era la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y estación de bombeo etapa 1 para el corregimiento de Carreto.
Sin embargo, la Fiscalía evidenció entonces que dicho contrato se habría celebrado sin el lleno de requisitos legales y que además hubo una apropiación de recursos públicos que superan los $200.000.000. En marzo pasado, ya habían sido procesados Jaime Darío Escorcia Domínguez, alcalde municipal de Candelaria 2012- 2015; Leonard Antonio Domínguez Valencia, ex director financiero municipal; Fernando Séptimo Prieto Miranda, director de Infraestructura municipal; Elayne Bolívar Domínguez, directora de Planeación municipal, y David Alberto Orozco Maldonado, interventor.
Todas las personas investigadas dentro de este caso, incluido el excontratista Diazgranados Lozano, tienen medida de aseguramiento no privativa de la libertad.