La Facultad (parte 3)
En mis columnas del 6 y 21 de mayo me referí a casos de violencia sexista dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. El decano Yezid Carrillo, sin embargo, se interesó en otro asunto: en él mismo. Dice que falto a la verdad al acusarlo de “direccionamiento” en los resultados de la Maestría en Derecho y que, además, lo acuso de “nepotismo”. Ni una cosa ni la otra.
Lo que sí escribí –y me sostengo– es que el entonces aspirante a la Maestría en Derecho, Danilo Contreras, interpuso una tutela contra el decano Carrillo por irregularidades en el proceso de admisión y, en su momento, advirtió que podía tratarse de un caso de direccionamiento de resultados para favorecer intereses particulares. Las sospechas del afectado se publicaron en la prensa. Quizá el decano no lo recuerda, así que sugiero volver a leer dos publicaciones de la Revista Metro: ‘Aparentes irregularidades en proceso de admisión en Maestría en Derecho’ (ver en http:// www.revistaelmetro.com/metroweb/ denuncias_udec2.html) y ‘Aspirante a la Maestría en la Universidad de Cartagena le gana el pulso al decano de la Facultad de Derecho’ (ver en http:// www.revistaelmetro.com/metroweb/danilo_admite.html).
El término “nepotismo” lo usa él en una temeraria solicitud de rectificación. Lo que sí dije es que, aunque no es ilegal, el decano ha contratado a sus familiares –un hecho incontrovertible–. En su defensa, Carrillo alega que en mi columna no explico que la contratación fue por concurso público, pero deja de lado que los perfiles del cargo los elabora su despacho. Podría ser una coincidencia que el zapato calce a la medida.
Mi preocupación, sin embargo, es el acoso sexista, pero resulta que por atreverme a revelar la existencia del problema –fundamentada en testimonios de las víctimas, cuyas fuentes me reservo–, Carrillo me acusa de “mancillar el honor de la centenaria facultad de derecho” o lo que sea que eso signifique. Esto comienza a tener tinte de acoso judicial, por ello he puesto en conocimiento a la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿En qué momento advertir la presencia de violencia sexista en una facultad de derecho podría considerarse injuria o calumnia? ¿Acaso prefiere que guarde silencio? El decano, como funcionario público, debe tener un nivel más alto de tolerancia a la crítica, no puede esperar que mi columna sea usada como propaganda para su gestión. Es falso que soy cercana a quien ha sido su contendora en la aspiración a la decanatura –quien, por cierto, también fue víctima de violencia sexista–, le sorprendería saber que tengo más conocidos en el grupo de docentes que lo apoyan a él. No hay que buscar la fiebre en las sábanas.
El pasado 23 de mayo participé en un conversatorio sobre mujeres que se realizó en la universidad, a la salida me abordaron dos personas. Una de ellas expresó su molestia por mi publicación. Se identificó como Doris Ortega y dijo ser docente de derecho penal. Con ímpetu me aseguró que en la facultad no había acoso sexual. En su reclamo me preguntó cómo quedaba ella con las acusaciones que yo hacía, “¿Como cómplice?”, inquirió. “No lo sé”, le dije. Algunos parecen estar muy incómodos en la facultad de derecho que me esperan a la salida de los eventos.