Las curules del partido de las Farc, en veremos
Santrich, Márquez y Yepes no se posesionaron el 20 de julio en el Congreso.
BOGOTÁ. En medio de un episodio histórico, el pasado 20 de julio solo siete de los diez desmovilizados de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), que se supone deben ocupar cinco curules en Senado y cinco en Cámara en virtud del acuerdo de paz, llegaron a la instalación del Congreso 2018-2022.
De la cámara alta hicieron presencia Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Sandra Ramírez, y de la cámara baja se presentaron Marcos Calarcá, Jairo Quintero y Olmedo Ruiz.
El sucreño Jesús Santrich no pudo ir a la Cámara porque está preso, Iván Márquez tampoco fue al Senado por solidaridad con Santrich y por “falta de garantías”. Byron Yepes no fue a la cámara baja por cuestiones de salud.
Si Márquez no se presenta y permanece en Miravalle, Caquetá, en su reemplazo llegaría el siguiente en la lista, que es el barranquillero Israel Alberto Zúñiga Iriarte, conocido como Benkos Biohó, quien comandó el Frente 34 en el Urabá.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) declaró la semana pasada no tener las competencias para decidir sobre la solicitud de un per- miso que pidió la defensa de Santrich para que este tomara posesión como legislador y la Fiscalía también le negó la salida.
Si Santrich no puede presentarse, como al parecer ocurriría, su caso sería enviado al Consejo de Estado para que este decida sobre la causal de pérdida de investidura que se generaría.
Esto es porque el artículo 183 de la Constitución dice que: “Los congresistas perderán su investidura (…) por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse”. Plazo que se cumpliría al final de la próxima semana.
Al respecto, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, había dicho a periodistas que quien no se presente en dicha fecha será reportado al máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
El reemplazo de Santrich, en la lista a la Cámara por el Atlántico, es el momposino Benedicto González, alias Alirio Córdoba, quien fue jefe político del bloque Caribe ‘Martín Caballero’.
Y, finalmente, Byron Yepes, ha dicho que no se posesionará en su curul como representante a la Cámara por Bogotá, por temas de salud, y su puesto sería ocupado por Carlos Alberto Carreño Marín, conocido como Sergio Marín, economista de la Universidad Nacional.
EL CASO MáRQUEZ. Cinco días atrás, mediante una carta abierta, Márquez advirtió que: “Tres circunstancias se interpusieron insalvables en mi posesión”.
La primera es el proceso que “hoy tiene injustamente tras las rejas a Jesús Santrich y entre la vida y la muerte al proceso de paz”. La segunda, la “impresionante desfiguración de la Justicia Especial para la Paz, JEP”. Y la tercera, el hecho de que “no se ve por ninguna parte la determinación de cumplir con asuntos esenciales del acuerdo como la Reforma Política”.
El desmovilizado exguerrillero ya pasó por una situación similar en medio del proceso de paz y la posterior matanza de la Unión Patriótica, UP, en los ochenta. Entonces, en 1986, Márquez fue elegido representante por esa colectividad, pero el genocidio de los militantes, incluyendo los congresistas de ese partido que habían suscrito los acuerdos, lo hicieron devolverse al camuflado.
Exactamente, el domingo 11 de octubre de 1987, el entonces comandante de las Farc, Jacobo Arenas, llamó a Márquez’ y le dijo que se devolviera a La Uribe, Meta, de inmediato. Ese mismo día, mientras volvía a la clandestinidad, fue asesinado Jaime Pardo Leal, excandidato a la presidencia por la UP.
Su nombre de pila es Luciano Marín Arango, y nació en Florencia, Caquetá, el 16 de junio de 1955, fue comandante del Bloque Caribe y miembro del Secretariado de las Farc, y fue jefe también de la delegación de paz de La Habana. En 1977 entró a la Juventud Comunista, estudió Derecho en la antigua Unión Soviética y en 1985 se vinculó al Frente 14 de las Farc.
Sobre Márquez pesarían 73 órdenes de captura, por diversos delitos y atentados, entre ellos la masacre de 35 personas en 1994 en el barrio La Chinita de Apartadó, Antioquia; el asalto al edificio Miraflores en Neiva en julio de 2001 y el atentado al Club El Nogal, por el que fue condenado a 40 años de cárcel.
EL CASO SANTRICH. Desde finales de junio está corriendo el plazo de 120 días que tiene la JEP para establecer si los delitos por los que Estados Unidos acusa al exguerrillero sucreño fueron cometidos antes o después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, suscrito el 1 de diciembre de 2016.
Esto, luego de que la Corte Constitucional aclarara entonces que la JEP solo tenía esa competencia ante la solicitud de extradición y también tras la reglamentación del sistema de justicia transicional en el Congreso, que incluso le quitó al tribunal de paz la posibilidad de decretar pruebas al respecto y dejó en claro que no podría decidir de fondo sobre pedidos de extradición.
Mientras el Gobierno acató la decisión judicial del país norteamericano y la captura ordenada por la Fiscalía previa solicitud de Interpol, permanece la incertidumbre sobre lo que pueda producir entre las desarmadas Farc la eventual extradición de uno de sus líderes y negociadores, que acompañaría al también extraditado Simón Trinidad, para pagar una pena que oscilaría entre los 10 años de prisión y la cadena perpetua.
Santrich, por su parte, dice que todo se trata de un montaje de los norteamericanos y fuerzas políticas de derecha en el intento de dar al traste con el proceso de paz. Los voceros de las Farc coinciden con el sucreño. Pero el Centro Democrático, que entrará a ser gobierno en dos semanas, avalan el envío del exguerrillero.
CAPTURADO. El 9 de abril pasado Santrich fue capturado en Bogotá, acusado por delitos de narcotráfico cometidos después del 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, lo cual lo llevaría a perder los beneficios de la justicia transicional y a ser extraditado. El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que tenían “copiosas pruebas de un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína”.