Acoso sexual
Después de una larga contienda judicial, la profesora Mónica Godoy Ferro, de la Universidad de Ibagué debe ser reintegrada a su cargo por orden de la Corte Constitucional. Godoy era profesora de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y, por la sensibilidad y conocimiento que tiene sobre estos temas, desde el 9 de marzo del año pasado empezó a tener información de situaciones de acoso sexual que se estaban presentando dentro de la universidad. Inicialmente se enteró de agresiones hacia una mujer del cuerpo de vigilancia que le relató distintos episodios en los que había sido sometida por sus jefes directos y por algunos compañeros. La situación era tan grave que la víctima incluso había recibido mensajes amenazantes.
Godoy no dudó en informar inmediatamente a la entonces rectora y se ofreció a realizar un proceso de formación con el cuerpo de vigilancia sobre prevención de la violencia contra las mujeres, como una alternativa para hacerle frente a la situación. La rectora le manifestó que se encontraba enterada del asunto y aceptó el ofrecimiento del proceso formativo. Godoy propuso tres sesiones de talleres que se retrasaron con la llegada del nuevo rector, pero que una vez iniciaron abrieron una puerta a denuncias de otras mujeres que también habían sido agredidas.
El manejo que le dio la universidad a los casos dejó en claro que no tenían con precisión un protocolo para atenderlos de la mejor manera, hicieron despidos sin las investigaciones necesarias, revictimizaron a las víctimas que de postre recibieron más amenazas y despidieron a la profesora Godoy. Para la Universidad de Ibagué el “estilo” de la profesora “no encajaba con la institución”.
Hace un par de meses escribí una saga de columnas sobre casos de acoso sexual identificados en testimonios de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. El decano no solo exigió rectificación, sino que hizo parte de una carta firmada por unos 42 docentes de derecho –muchos de ellos con reconocido poder en las decisiones judiciales– cuestionando mi ejercicio periodístico por mancillar el honor de la honorable facultad. Recibí, además, una citación de la Oficina de Control Disciplinario de dicha universidad para dar una declaración juramentada con la advertencia de que si no me presentaba tendría las sanciones por considerarme una testigo renuente.
No solo no me presenté en la citación, sino que tampoco rectifiqué. Un amplio equipo de asesores jurídicos me respaldó, como me respalda mi estatus de periodista y defensora de derechos humanos. Yo no trabajo con la Universidad de Cartagena y la Oficina de Control Disciplinario no tiene ninguna competencia sobre mí. Lo que sí queda claro es que algo anda muy mal dentro de las universidades cuando quienes intentamos acabar con el acoso sexual “no encajamos en la institución”. Importante el valor de la profe Godoy, importante la sentencia de la Corte, para que entendamos de qué lado está la razón y la justicia.