El ministro comerciante
Fenalco es la organización colombiana que agremia a los comerciantes. El principal de sus objetivos misionales es defender los intereses de sus afiliados, es decir, los negociantes, los que venden cosas para vivir.
De esta organización proviene el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, un abogado que toda su vida sido un comerciante, un vendedor, de flores primero, de servicios de logística después, y desde hace 15 años ha sido el vocero de sus colegas mercaderes.
La decisión de nombrar a una persona con esta hoja de vida para un cargo del que depende la seguridad nacional de un país como Colombia, es extraña, inconveniente y sospechosa. Tal como pasó en el caso del ministro actual, también surgido de un gremio empresarial, parece que el gobierno necesitara en ese cargo a un gerente, a un administrador de presupuestos, y no a un civil especializado en estrategia militar, en inteligencia, en manejo de conflictos, en asuntos castrenses.
Uno no se imagina a un comandante con el perfil de Botero –como tampoco con el de Villegas– dando órdenes a los generales acerca de cuándo atacar a un enemigo del Estado, con cuántas tropas, con cuáles recursos, cuándo usar apoyo aéreo, cuándo combinar infantería de marina con helicópteros artillados. Algunos dirán que para eso están los oficiales del Alto Mando: para explicarle al advenedizo, para convencerlo, para orientarlo, para enseñarle, para ponerle sobre la mesa las herramientas con las cuales el jefe decidirá el destino de vidas humanas. Pero esas decisiones requieren de un criterio que solo se adquiere del conocimiento y la experiencia de las que el nuevo funcionario carece.
Apenas se conoció su designación, el nuevo ministro dejó salir su temeraria intención de promover leyes que regulen las protestas sociales para que sean “ordenadas” y “representen los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”.
Este anuncio introductorio refleja la ignorancia y sectarismo de Botero; por una parte, la protesta social, un derecho constitucional, es en la práctica la única herramienta que tienen los grupos minoritarios para hacerse escuchar; por otro lado, cualquier intervención del Gobierno acerca de una eventual “regulación” de huelgas, mítines, manifestaciones y marchas, le corresponde al Ministerio del Interior, no al de Defensa, en cuyas manos solo está hacer cumplir el Código de Policía que se aprueba en el Congreso. Ambas cosas las desconoce el ministro comerciante, como desconoce con cuántos soldados se conforma un batallón.
La designación de Botero, y sus primeras declaraciones, delatan el manejo político que se le dará a la cartera de defensa a partir del 7 de agosto, lo cual será, no solo ineficiente sino también peligroso. Más le valdría al nuevo jefe de los soldados enterarse, leyendo resúmenes de libros y visitando los cuarteles, de qué va su cargo, en lugar de concentrar sus primeros esfuerzos en intimidar a quienes, con seguridad, saldrán a la calle en los próximos cuatro años a protestar por los múltiples desaciertos que cometerá el Gobierno que los colombianos tuvimos la insensatez de elegir.