La ‘Super’ recibió 45.821 quejas en junio contra Eps
El mayor motivo de reclamo es el no poder acceder al servicio de salud requerido, de acuerdo al informe mensual de la entidad.
Según el reciente informe mensual de peticiones, quejas, reclamos y denuncias reportadas por los usuarios ante la Superintendencia de Salud, durante el mes de junio, la entidad recibió un total de 45.821 quejas contra las EPS en el país.
Según el informe publicado en la página de la Superintendencia, el mayor motivo de reclamo es el no poder acceder al servicio de salud requerido, (38.261), seguido de los trámites administrativos ( 4.012), falta de oportunidad en la prestación del servicio (1.382), no reconocimiento a las prestaciones económicas (1.798), no disponibilidad del recurso humano e infraestructura para la atención (181) y otros motivos (187) .
Jose Oswaldo Bonilla, superintendente delegado para el control institucional, durante reunión en Barranquilla con los gerentes de las instituciones hospitalarias, dijo “que son muchas las quejas y no pueden resolverlas”.
Según el informe de la Superintendencia, el mayor número de reportes en el régimen contributivo lo encabeza Cruz Blanca, en segundo lugar Coomeva, seguido de Servicio Occidental de Salud, Comfenalco Valle, Medimás y Salud Vida, Fami Sanar y Nueva EPS y Salud Total, entre otras. Y en el régimen subsidiado Comfacundi, Ecoopsos, Capital Salud, Cajacopi y Medimás, Nueva EPS, entre otras.
Aunque el reporte de quejas que aparece en la página es de 45.821, el funcionario solo se refirió a 15 mil, sin especificar si estas son solo del departamento del Atlántico.
El secretario de Salud del Departamento, Armando D de la Hoz, dijo que supone que esas 15 mil quejas contra las EPS a las que se refirió son del Atlántico, pero observa que los procesos de dilación, las barreras de acceso, la imposibilidad de una Empresa Social del Estado para radicar una factura es toda una odisea.
“No están entregando las autorizaciones de servicios. Hay una medida contingente de las EPS para evitar que las Empresas Sociales del Estado hagan la facturación como corresponde y exigirles el pago que se debe generar. Necesitamos que la Superintendencia haga su labor y obligue a las Empresas Sociales Prestadores de Servicios de Salud que cancelen a las ESES y a todos para que la situación financiera se mejore”, dijo.
“Es muy difícil para todas las instituciones laborar con escasez de recursos y déficit financiero. Las deudas todos los días se generan, el crecimiento de estas en comparación con el año anterior es de 3.3%, lo que significa que no están pagando y estamos ante una situación compleja en todas las empresas sociales del Estado en el departamento”, dijo de la Hoz.
Agregó que está situación se presenta a nivel nacional y que espera que con el nuevo gobierno se generen las medidas contingentes para resolver esta situación que afecta a toda la población.
Según De la Hoz, en Colombia hay un déficit de unos $8.5 billones en salud, que hace que las instituciones tengan problemas financieros e ingresen a “alto riesgo” financiero.
Señala, además, que los hospitales atienden a través de sus urgencias a toda la comunidad, como la esencia social que tienen cada uno de estos centros, pero la situación muy compleja, porque requieren flujo de caja para poder pagarle a los proveedores que son los que les generan los insumos, a los médicos, a las enfermeras y a los auxiliares.
ORGANIZAR LA RUTA. La secretaría de salud del Distrito, Alma Solano, dijo que este encuentro sirve para poner un poco un orden la ruta para tomar las medidas ya sea contra las EPS o contra quienes deben dinero en el sistema.
“Aquí no solo tienen que ponerse en regla las EPS en cuanto a las cuentas que deben, sino que las Ips tienen también que organizar su contabilidad”, expresó Solano. Solo así, según la funcionaria, se podrá saber cuánto deben y cuánto se les debe a los hospitales.
Sostuvo que cada actor dice una cifra diferente y la idea es que se puedan organizar, no solo para definir los pagos, sino que en caso de que se encuentren malas prácticas. Es decir, donde la EPS no radique la factura, o donde la Ips infle las cifras o presente información equivocada, entregar desde las secretarías de salud y los entes territoriales la información, para que la superintendencia tome las decisiones.
Advirtió que trabajarán con el nuevo gobierno para que los entes territoriales tengan más herramientas de apoyo, que puedan tener “dientes”, para exigir a cada uno de los actores el cumplimiento de sus funciones dentro del sistema.
Por último dijo que esta esperanzada en que con toda la información que se entregue a la Superintendencia puedan tomar las decisiones. “Pero tenemos que sincerarnos, no podemos seguir diciéndonos mentiras en este proceso, no depurando las carteras, inflando los valores, tenemos que aterrizar la cifra para poder obtener los recursos que se necesitan”, agregó Solano.