Los pájaros a las escopetas
Los daños frecuentes, la precariedad de las redes y las dificultades financieras de Electricaribe son algunas de las evidentes causas de la intervención decretada por el Gobierno a la empresa prestadora de servicios.
Ante la alarmante noticia de una millonaria demanda en dólares contra el Estado colombiano por una presunta expropiación de la empresa Electricaribe, hay que hacer una importante claridad, mientras la información de primera mano ha generado rechazo en los gremios, dirigencia política y la opinión pública.
A la empresa Naturgy, conocida antes como Gas Natural Fenosa, y de la cual Electricaribe es filial, debemos recordarle que una cosa es la expropiación y otra la intervención. La primera figura jurídica –base argumentativa de la demanda– es un proceso mediante el cual el Estado despoja de la propiedad a su dueño, soportado en la supremacía del interés social y la utilidad que pueda tener para la comunidad el bien expropiado.
Y la intervención en la prestación de un servicio, como es el caso de la filial Electricaribe –en firme desde el 15 de noviembre de 2016– consiste en garantizar la calidad del bien objeto del servicio público. En plata blanca: el servicio debe ser continuo e ininterrumpido, sin excepción alguna, salvo, cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico. La ley establece que la intervención se aplicará en lo referente a energía eléctrica, acueducto y aseo.
¿Prestó de manera eficiente el servicio Electricaribe? ¿Fue una empresa responsable con sus obligaciones? ¿Acaso no produjo daños en el comercio y en muchos hogares? ¿Hizo todas las inversiones en infraestructura a las que se había comprometido cuando adquirió varias electrificadoras de la Región? ¿No fue entonces causante de varias asonadas en diferentes poblaciones costeñas?
Los interrogantes son numerosos y la evidencia está a la luz pública. Los daños frecuentes, la precariedad de las redes y las dificultades financieras de la empresa son algunas de las evidentes causas de la intervención decretada por el Gobierno. Pero hay otra mirada y tiene que ver con el procedimiento aplicado por el Estado Colombiano en la intervención. Habría que ver si las cortes internacionales consideran apropiada la forma como esta se hizo. Se sabe que la demandante había hecho varias solicitudes al Gobierno antes de la intervención, planteando algunas salidas para los que considera problemas de fondo, como su déficit por razones del fraude.
La demanda ha sido calificada de temeraria y cínica, como si los pájaros le tiraran a las escopetas, porque fueron los habitantes de esta zona del país quienes sufrieron con la indebida prestación del servicio. Ahora, el nuevo Gobierno debe ajustar todas las tuercas para que la Agencia Jurídica de defensa del Estado ponga todo su empeño en defender las arcas colombianas. USD1.600 millones es una suma considerable, sobre todo si debe salir de los bolsillos de quienes sufrieron por una deficiente prestación del servicio.
La demanda ha sido calificada de temeraria y cínica, como si los pájaros le tiraran a las escopetas, porque fueron los habitantes de esta zona del país quienes sufrieron con la indebida prestación del servicio.