La hora de la verdad
La inesperada renuncia del expresidente Álvaro Uribe al Senado, tras su citación a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia para que responda por soborno y fraude procesal en un proceso de falsos testigos, ha provocado un cataclismo político de tal magnitud en el país, que de un momento a otro la polémica bajada de pantalones del también senador Antanas Mockus en la instalación del Congreso pasó a un segundo plano.
Un hecho que a mi juicio no tuvo nada de pedagógico y que más bien generó malestar, tanto que hoy se considera una posible sanción de la Comisión de Ética del Legislativo, lo que me resulta excesivo. Bastaría con un llamado al orden y asunto zanjado.
A diferencia de este episodio que va languideciendo, el caso de Uribe y del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada va para largo y anticipo que será un tema que seguirá copando espacios a tutiplén en los medios de comunicación. Lamento que hasta ahora el debate se centre en las denuncias del líder del Centro Democrático sobre la filtración a la prensa de los alcances de su nuevo caso en la Corte, en la competencia o no de ese alto tribunal, en si el exmandatario tomó la determinación de dar un paso al costado como una estrategia jurídica de defensa para que su proceso acabe en la Fiscalía General de la Nación, donde podría tener un “tratamiento más favorable” y hasta en la existencia de un complot criminal o montaje contra Uribe en el que habrían participado hasta espías británicos. ¡Desgastante!
Tras las primeras reacciones de los sectores políticos, las expresiones de respaldo y de indignación de los uribistas y las especulaciones de quienes esperan ver a Uribe preso; es el momento de la verdad. Usted, yo, todos los colombianos debemos exigir claridad sobre lo que está de fondo en este caso. Son de extrema gravedad los reiterados señalamientos que vinculan al exmandatario con la presunta conformación de grupos paramilitares en una hacienda de propiedad de su familia y con el supuesto “volteo” de testigos por presiones suyas y de su entorno.
Es imperativo que la justicia funcione ofreciendo todas las garantías de un debido proceso y la inviolable presunción de inocencia para los implicados; en otras palabras, el Estado de Derecho debe prevalecer como demandan y merecen todos los ciudadanos. Pero resulta también prioritario que los defensores del expresidente de la mano firme y el corazón grande midan sus palabras a la hora de descalificar a los que imparten justicia en el país, entre ellos, a los magistrados de la Corte, que serán en últimas los que definirán lo de la competencia.
Hay que echarle freno al oportunismo político, a la polarización, a la confrontación que tanto divide al país. Es a lo que nos ha llamado el presidente electo Iván Duque, que en pocos días iniciará su mandato y en el que todos esperamos que, como hombre íntegro que es, sea garante y defensor de la independencia de poderes, mientras su mentor político se defiende en los estrados judiciales.