Consulta Anticorrupción: ¿necesidad o populismo?
Aunque la corrupción se perfila como una gran problemática, varios son los debates jurídicos, políticos y económicos que se han abierto sobre la realización del mecanismo, a veces a favor y otras en contra.
El próximo 26 de agosto se llevará a cabo la última jornada electoral a nivel nacional de este año, que a diferencia de las elecciones del 11 de marzo, 27 de mayo y 17 de junio no tendrá como objetivo la escogencia de algún cargo público, sino que buscará colocar en consideración de los colombianos los siete puntos de la llamada Consulta Popular Anticorrupción, impulsada, principalmente, por el partido Alianza Verde.
Se trata de la puesta en marcha de un mecanismo de participación esgrimido en la Constitución de 1991 que, si bien difiere de un plebiscito –pues este busca someter al voto popular una iniciativa presidencial– o de un referendo –que se realiza para derogar o aprobar alguna ley–, tiene como espíritu el que los ciudadanos decidan de manera directa sobre algún aspecto de vital importancia para su interés. La corrupción, tema sobre el que versará en esa ocasión, no podría tener mayor calado en estos momentos.
Aunque las cifras varían, la tendencia que se evidencia no deja de alarmar: de acuerdo con la Procuraduría, esta problemática le representa al Estado un 4% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduce en plata blanca en 32 billones de pesos. La Contraloría, por su parte, habla de que esas cifras ascienden entre 40 y 50 billones de pesos. La senadora Claudia López, una de las cabezas visibles de la iniciativa, afirma, incluso, que se trata de un hueco que llega a los 60 billones. Es, pues, un fenómeno que cada vez se torna más visible –quizá por cuenta del desarme de las Farc, toda vez que se han posicionado otros temas– y de mayor dimensiones.
A pesar de esto, y recordando que hubo un proceso de recolección de firmas en el que cuatro millones de colombianos participaron –un poco más de tres millones de estas signaturas fueron validadas por la Registraduría–, más el visto bueno que el Senado de la República hizo el pasado 6 de junio a la realización de la Consulta con una votación unánime –84 votos a favor y cero en contra–, varios han sido los debates jurídicos, económicos y políticos que se han abierto alrededor de la iniciativa, muchas veces cuestionando la efectividad y conveniencia de la misma.
Una de esas voces fue la del senador Roy Barreras, de La U, quien durante la primera votación que se dio en la Cámara alta del Congreso –en la que se decidió que había que aplazar la decisión sobre la consulta hasta después de la primera vuelta– expresó su rechazo a la consulta, argumentando que cinco de esas propuestas ya estaban en el ordenamiento jurídico, y que, por lo tanto, el costo que representaba la logística de esa votación iba a desperdiciarse.
“A nadie, ninguno de esos 3 millones de ciudadanos les dijo nunca Claudia López que de las siete preguntas que iba a presentar al Congreso, cinco eran inútiles porque ya existen y que las otras dos son de rango constitucional y sabe ella que es inútil la consulta para modificar la Constitución (…) hará desperdiciar 290.000 millones de pesos”, aseguró el congresista Barreras.
Al senador se le han sumado no pocos juristas y analistas que comparten su apreciación, al indicar que realmente no hay novedad en varios de los puntos que estipula la consulta. El exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, señaló en su columna en El Tiempo, que ya existía una amplia gama de normas para sancionar la corrupción entendida como la “apropiación indebida de bienes públicos por funcionarios o particulares”.
“En resumen, la consulta va en la línea de ‘fetichismos normativos’ al pensar que solo con expedir leyes que no se cumplen las cosas cambiarán. Con aplicar la tercera parte de lo que ya existe, no habría grandes casos de corrupción. Lo importante es la voluntad política”, insistió Méndez.
El también exprocurador argumentó la presencia de procedimientos legales en el Código Penal –según él, el principal estatuto anticorrupción–, que cubrían las sanciones requeridas para los delitos de corrupción: “(...) peculado en todas sus modalidades, concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, celebración indebida de contratos, financiación ilícita de campañas políticas, todos sancionados con penas de 10, 15, 20 o 30 años de cárcel, o hasta de 50 para el peculado”.
Otros líderes de opinión, tal como afirmó Roy Barreras, también han expresado que los puntos de la Consulta no tocan el fondo del problema, y que incluso tramitan aspectos legales que no pueden desarrollarse a través de ese mecanismo, ya que abordan reformas constitucionales, temas del presupuesto nacional o de materia tributaria, como sería la reducción del salario de los congresistas y limitar el periodo
“La consulta tiene un efecto político importante que es conglomerar a la población. Recuperar ciertos valores que se creen extraviados”
de los miembros de corporaciones públicas a tres periodos.
LOS DEFENSORES. Quienes defienden la Consulta, por su parte, han expresado que las normas que hoy por hoy están vigentes para la lucha contra la corrupción, están exentas de verdaderos dientes que hagan efectiva esa batalla.
“El senador Roy Barreras sabe que está mintiendo. Lo que hay son normas a mitad de mitad camino para comprometer a las entidades del Estado y de la Justicia en una lucha decidida contra los fenómenos de corrupción en el país. Los hechos son absolutamente tozudos. Por ejemplo, lo de los beneficios jurídicos. O como el de Enilce López, ‘La gata’, quien permaneció 10 años en un hospital. Tan es cierto eso, que los servidores públicos gozan de un pabellón especial en las principales cárceles del país: La Picota, por ejemplo. Es un espectáculo diario ver los beneficios judiciales que por razón de colaboración con la justicia, por acogerse al principio de oportunidad, y por una serie de argucias jurídicas, los condenados y procesados por corrupción resultan objetos de beneficios judiciales”, indicó Antonio Sanguino, senador por la Alianza Verde en diálogo con EL HERALDO.
Para el nuevo miembro de la Cámara alta del Congreso lo mismo ocurre con el resto de los puntos de la iniciativa. “El tema de ‘la mermelada’ no está explícitamente prohibida en la norma jurídica. Aquí los proyectos de inversión se asignan a puerta cerrada entre los congresistas y los ministros, o entre los concejales y los secretarios de despacho. Por eso se habla se habla de que los proyectos de inversión se asignen en audiencias públicas”, indicó.
SALARIO DE CONGRESISTAS. Otro de los puntos que más ha recibido críticas de la Consulta, es el que tiene que ver con la reducción del salario a los congresistas. Los detractores han indicado que se trata de una medida populista, que nada tiene que ver con la problemática de la corrupción.
Sanguino, por su parte, reiteró que se trata de reivindicar el sentido del servicio público. “Se trata de reducir desigualdades tan extremas entre un salario mínimo y cuarenta salarios mínimos. El que quiera tener salarios del sector privado, pues que vaya para allá. El servicio público no es servirse del público. Además, de esos ingresos y de ese régimen de pensiones especiales que tienen los congresistas se han derivado hechos de corrupción gravísimos que han comprometido el Congreso”, explicó el miembro de la Alianza Verde.
¿UN GASTO DE DINERO?. Tal como ocurrió con la consulta interna del Partido Liberal en noviembre del año pasado, de la cual surgió el candidato presidencial de esa colectividad, la arremetida de no pocos sectores a la realización de la consulta anticorrupción ha sido el costo que le representaría al país. Aunque no se conocen con exactitud la cifra de ese valor, algunos hablan de que rondaría entre los 40.000 y 100 mil millones de pesos, y otros que ascendería a los 250 mil o 300 mil millones de pesos.
Frente a este punto, lo defensores de la iniciativa argumentan que los recursos para los mecanismos de participación hacen parte de un rubro que está previsto en el presupuesto nacional, y que, por lo tanto, no se tratan de recursos adicionales. “Si nos gastamos eso para convertir la lucha contra la corrupción en un mandato específico y explícito que obligue al Congreso y al presidente en ejercicio a partir del 7 de agosto, ese es un ejercicio de expresión ciudadana que vale la pena reivindicar como un hecho político importante”, expresó en su momento Claudia López.
EL IMPACTO POLÍTICO. Para Juan Pablo Sarmiento, docente e investigador de derecho de la Universidad del Norte, si bien la Consulta jurídicamente puede no tener mayor profundidad –toda vez que la ley estatutaria de participación ciudadana del 94 establece que una vez revisada la consulta los demás órganos tienen que pasar a cumplir lo que el pueblo ha pronunciado, pero hay muchas cosas que ya se encuentran en el ordenamiento jurídico–, ello no le resta su valor simbólico y, por ende, político.
“La consulta tiene un efecto político importante que es conglomerar a la población. Hacer un llamado a ciertos valores que se pueden considerar extraviados (...) puede considerarse relevante en términos de cohesión social que es algo que se ha erosionado sobre todo en los últimos años”.
El experto recuerda que el poder vinculante de la Consulta es muy relativo, toda vez que será el mismo Congreso el que le dé tramite las normas que se lleguen o no a aprobar al votarse el mecanismo de participación.
“La manera en que se han planteado las preguntas genera bastantes dificultades para ser cumplidas por el mismo congreso que es el que finalmente puede tramitar estas normas para convertirlas en leyes. ¿Si el congreso votó en unanimidad por qué no lo tramitan sin que el pueblo se los tenga que decir?”, precisó Sarmiento.
EL RETO DE PARTICIPAR. El paso que le resta a la Consulta es el día ‘D’ de las urnas. De acuerdo con la norma, ese 26 de agosto se requiere que participen y voten 12 millones 261 mil 314 personas para que sea válida, y que de esas la mitad más uno, 6 millones 130 mil 658, voten afirmativamente cada una de las preguntas. Para Carlos Guzmán, experto en partidos políticos y docente de la Uninorte, una de las consideraciones por la que pasa el análisis de este proceso, es ver si los partidos políticos y movimientos que tienen hoy asiento en el congreso van a movilizarse para promover esa amplia participación de la ciudadanía. “Ya veremos si en ausencia de esa promoción que deberían hacer los partidos, los colombianos se movilizarían libre y espontáneamente a votar todos para manifestarnos en favor de todos los puntos de la consulta”, cuestionó el experto. “Este segundo aspecto es uno de los más problemáticos, pues el tema de fondo es la forma en cómo los colombianos nos enfrentamos a procesos eleccionarios que no tienen como base la elección de partidos o de personas, sino la toma de decisiones frente a asuntos que de verdad son de nuestro fundamental interés”, agregó. JSM y TR