El turno del alcalde Pereira
Gran parte de la ciudadanía se pregunta si no existe en Cartagena una persona preparada para desempeñarse como alcalde que no suscite las obvias dudas derivadas de algún proceso pendiente con la justicia.
Luego de reunirse personalmente con los tres candidatos que postuló el Partido Conservador, encuentros en los cuales les realizó un cuestionario de 20 preguntas, el presidente Duque nombró como alcalde de Cartagena al abogado Pedrito Pereira, exconcejal y exrepresentante a la Cámara, en reemplazo del suspendido Antonio Quinto Guerra.
Como si se tratase de una broma de mal gusto o de un eslabón de una larga cadena de episodios surrealistas, Pereira es el decimoprimer burgomaestre de La Heroica en 9 años. La ciudad padece de una crisis institucional sin precedentes, por cuenta de incontables episodios de corrupción que han salpicado y sacado de sus cargos a los anteriores gobernantes distritales.
Esta seguidilla de anomalías, investigaciones, inhabilidades y delitos hizo que el Gobierno le pidiera al nuevo mandatario firmar un documento en el que se compromete, entre otras obviedades, a mantener relaciones transparentes con el Concejo, presentar sus declaraciones de renta, revelar sus relaciones con las entidades públicas y combatir la corrupción que lo elevó, por una carambola del destino, al primer cargo de la ciudad más emblemática de Colombia.
Como si no fuera suficiente, Duque le encomendó a su vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, la tarea de supervisar que los compromisos firmados por Pereira no se incumplan. Es decir, que, además de la vigilancia natural que deben ejercer los organismos de control, las actuaciones del nuevo alcalde serán monitoreadas de manera permanente por la Casa de Nariño.
No se había terminado de secar la tinta en el decreto presidencial cuando ya se hablaba de que Pedrito Pereira también ha estado inmerso en líos judiciales: al menos cinco procesos en su contra fueron atendidos por la Corte Suprema de Justicia, dos de ellos terminaron en autos inhibitorios, uno fue archivado y los dos restantes –ambos por fraude electoral– continúan en la fase de investigación. Al respecto, una gran parte de la ciudadanía se pregunta si no existe en Cartagena una persona preparada para desempeñarse como alcalde que no suscite las obvias dudas derivadas de algún proceso pendiente con la justicia.
Lo cierto es que el presidente se limitó a cumplir la ley, eligiendo a Pereira de la terna enviada por el partido al que pertenece el alcalde suspendido, y depositó en sus manos una confianza condicionada, prudente, casi temerosa, evidenciada en el documento de compromisos que le hizo firmar, y en la designación de la vicepresidente para que ejerza de vigilante adicional de su labor de gobierno.
Se espera que Pedrito Pereira sea el último alcalde de este accidentado período, que cumpla los meses de gobierno que le restan –durante los cuales no se espera que pueda hace mayor cosa– sin contratiempos, con honestidad y priorizando las necesidades de la ciudadanía que ha sufrido las consecuencias del desastre institucional de los últimos años. Y se espera también que esa misma ciudadanía, que se ha quedado sin un alcalde en propiedad desde hace casi una década, haya aprendido por fin la lección, y en las elecciones del año entrante, elijan mejor, escojan a una persona alejada de la corrupción política que los conduzca a la vida mejor que los cartageneros están esperando desde hace tanto. Claro que para ello es necesario que haya al menos un buen candidato.
Como si se tratase de una broma de mal gusto o de un eslabón de una larga cadena de episodios surrealistas, Pereira es el decimoprimer burgomaestre de La Heroica en 9 años, como quiera que la ciudad padece de una crisis institucional sin precedentes.