Dejemos tranquila la tutela
Compartimos la posición de los partidos del Senado de que no se dan las circunstancias para reformar el mecanismo de la tutela. Antes que nada, hay que mejorar la eficacia del aparato judicial en su conjunto.
La pretensión del Gobierno de introducir algunos retoques en la figura de la tutela no ha encontrado, por lo visto, apoyo en ninguno de los partidos con presencia parlamentaria.
Con diferentes matices, los miembros de la Comisión Primera del Senado le transmitieron a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que sería un error modificar un instrumento jurídico que ha logrado tanta popularidad entre los ciudadanos.
Nos parece acertada la actitud de los senadores. Si bien es cierto que la acción de tutela puede dotarse de mayor eficacia, o que en ocasiones se abusa de ese mecanismo legal, creemos que no se dan las circunstancias para abrir un debate sobre su eventual reforma. El principal argumento en favor de esta posición es la extraordinaria acogida que, como ya señalamos, ha conseguido la tutela entre la población, sobre todo la de menores recursos, que históricamente ha tenido dificultades para defender sus derechos.
La tutela, como es sabido, se usa para la defensa de los derechos fundamentales cuando exista una amenaza inminente de vulneración por acción u omisión de alguna autoridad pública. Y también contra particulares encargados de la prestación de un servicio público cuya conducta afecte gravemente el interés colectivo. Su éxito obedece no solo a su particular naturaleza jurídica o a la rapidez de su tramitación, que es de 10 días. También, como en alguna ocasión apuntó certeramente el exministro de Justicia, Yesid Reyes, y por paradójico que suene, responde a la falta de confianza de los ciudadanos en la administración de la justicia. Según Reyes, si los procesos no fueran tan lentos y enrevesados en diversas jurisdicciones, tal vez los ciudadanos recurrirían con menos frecuencia a la tutela. Por lo tanto, la mejor manera de contener el alud de pleitos a través de este mecanismo es imprimir mayor eficacia a la maquinaria judicial en su conjunto. El Gobierno buscaba, entre otros puntos, que el uso de la tutela, accesible hoy a “toda persona”, se restringiera a “toda persona legitimada”. O que solo se pudiera interponer ante juzgados especializados, frente a la posibilidad actual de hacerlo ante cualquier despacho judicial. Pretender modificar la tutela –incluso en nombre de una supuesta mejora en su práctica, como alega la ministra Borrero– lanza un mal mensaje a la ciudadanía. Es como decirle que, por su bien, se van a hacer algunas pequeñas intervenciones quirúrgicas al instrumento que más ha hecho por democratizar la justicia, mientras que el mastodóntico aparato judicial sigue ahuyentando, con su lentitud y sus trabas, a los potenciales usuarios.
Dejemos, pues, la tutela tranquila. No sea que el remedio sea peor que la enfermedad.
Pretender modificar la tutela –incluso en nombre de una supuesta mejora en su práctica– es como decirle a la ciudadanía que, por su bien, se va a intervenir la herramienta jurídica que más ha hecho por democratizar la justicia.