SAE y Distrito asumen el manejo de la Triple A
El fiscal Néstor Humberto Martínez explicó que la medida otorga al Estado el manejo del 82% de las acciones de Inassa, accionista de la compañía Char dijo que acata “respetuosamente” la decisión y que la empresa seguirá operando “sin contratiempos”.
En el marco de la ‘Operación Acordeón’, investigación con varias fases que tiene como fin poner al descubierto las redes de corrupción que se habrían apoderado de millonarios recursos dentro de la empresa Triple A, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció ayer que a partir de la fecha esta compañía barranquillera de servicios públicos quedará bajo la administración del Gobierno nacional y el Distrito de Barranquilla.
En rueda de prensa realizada en la sede de la Fiscalía en Barranquilla, el jefe del ente investigador explicó que en la segunda fase de dicha actuación investigativa –que viene desde el año anterior– un fiscal especial de extinción de dominio comenzó el miércoles anterior el proceso de embargo y secuestro del 82% de las acciones de Inassa, cuya casa matriz es la española Canal Isabel II, y las entregó en custodia a la Sociedad de Activos Especiales, SAE. El valor de estas acciones ascendería a los $202.000 millones. Mientras que el otro 14,5% de las acciones quedarían en manos del Distrito de Barranquilla, tal y como ya estaba estipulado.
En ese sentido, Martínez Neira recalcó que ahora el Estado colombiano, en este caso la SAE, “tendrá que decidir quién se encargará de la administración de la empresa”.
“El custodio de las acciones que tenía la Triple A ahora es el Gobierno nacional a través de la SAE. El Gobierno nacional con el Gobierno distrital tienen que integrar una nueva junta directiva de la compañía Triple A… Y esa nueva junta directiva tendrá que decidir la administración de la empresa”, manifestó Martínez Neira, en diálogo con EL HERALDO.
Sin embargo, el fiscal general mencionó que el nivel operativo, administrativo y financiero no se iba a afectar con la trascendental medida “por virtud de una decisión que toca es a la administración accionaria de la compañía”.
Además afirmó que la SAE le notificó sobre la solicitud al representante legal de la Triple A para que convoque a una asamblea de accionistas en el menor tiempo posible “para constituir una nueva junta directiva”. “Una asamblea de accionistas se puede hacer en cinco días y ahí se definiría la nueva junta directiva”, añadió Martínez Neira.
En su explicación, el fiscal destacó que a partir de que las acciones queden a disposición de la SAE, esta entidad estatal puede vender las acciones aun cuando no se haya extinguido el dominio de las mismas. Es decir, los dineros que se recauden quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se termina el proceso de extinción de dominio, “pero si la SAE saca a enajenación las acciones que tenía Inassa en la Triple A, por supuesto el propio Distrito de Barranquilla podría participar en una cooperación de retoma de recompra de la Triple A”.
PARTE DE TRANQUILIDAD
Tras exponer el nuevo panorama accionario de Triple A, Néstor Humberto Martínez comunicó que este tipo de decisiones se daban para “resarcir el daño causado al patrimonio de la firma, para mantener su funcionamiento y la prestación del servicio en la ciudad de Barranquilla”.
En ese sentido envió un parte de tranquilidad a la comunidad barranquillera sobre el manejo que tendrá la empresa de aseo, acueducto y alcantarillado de la ciudad.
Frente a eso, el fiscal dijo haberle “notificado al alcalde de Barranquilla sobre esta circunstancia”. Según Martínez Neira, le mencionó a Alejandro Char “la responsabilidad que le cabe para que conjuntamente coordine con el Gobierno nacional y con el Ministerio de Hacienda las acciones necesarias para que esta intervención judicial no afecte y haya solución de continuidad en el buen y normal funcionamiento de la Triple A como todos esperamos”.
Reiteró que la decisión de la toma de acciones está relacionada con “una acción de la justicia para prevenir nuevos actos delictivos y de empezar a imponer las acciones de la justicia frente a casos de corrupción que no pueden seguir ocurriendo a lo largo del país y mucho menos en estos territorios”.
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO
Dentro de este mismo proceso, el fiscal también informó ayer que luego de llegar a fondo en las pesquisas, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción resolvió la situación jurídica de ocho directivos y exdirectivos de la empresa Inassa y Triple A, así como la de dos particulares más, investigados por presuntas inconsistencias en el manejo de dineros y un aparente incremento patrimonial injustificado de los socios de las dos multinacionales en Colombia.
Los procesados son investigados por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.
En ese sentido, bajo la Ley 600 de 2000 (antiguo Sistema Penal), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, consistente en la prohibición de salir del país y multas de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra del exgerente de la Triple A Francisco Olmos Fernández Corugedo, de nacionalidad española; Luis Fernando Arboleda González, exgerente de Triple A; Carlos Alberto Ariza Duque, exgerente de Triple A; Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A; Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa; Francisco Javier Malia Baro, exgerente general de Inassa (nacionalidad española), y Germán Sarabia Huyke, gerente de Inassa.
En el caso de Luis Fernando Arboleda se ordenó la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, de acuerdo con lo mencionado por el jefe del ente investigador.
“Como se trata de un caso que data del año 2000, el fiscal de conocimiento consideró que no procedería una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, queda restringida su libertad con la imposibilidad de salir del país para que atiendan el llamado de la justicia y sigan compareciendo en el proceso los ocho directivos de la empresa”, precisó Néstor Humberto Martínez.
Asimismo, según el Fiscal general, la fiscal de conocimiento solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros directivos de nacionalidad española, consistente en caución de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en contra de Carlos Roca García (nacionalidad española), actual gerente de Inassa; Edmundo Rodríguez Sobrino (nacionalidad española), expresidente de Inassa; Alberto Muguiro Eulate (nacionalidad española), actual presidente ejecutivo de Inassa.
LA INVESTIGACIÓN
De acuerdo con el material probatorio que tiene en su poder la Fiscalía, desde el año 2000 hasta el 2017 se detectaron dentro de la Triple A aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial del orden de 236 mil 853 millones de pesos.
Dicho contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando la empresa Inassa y Triple A S.A. acordaron la entrega del 4.5% del recaudo mensual de los servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.
Los elementos recaudados indicarían que el objeto del “contrato de asistencia técnica” nunca se cumplió. Hay evidencia que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. –empresa del Grupo Español Canal Isabel II– y Slasa (compañía panameña), que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (Estados Unidos). Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa.
LA COOPERACIÓN
El fiscal Néstor Humberto Martínez advirtió ayer que allí no concluía la extensa investigación de la ‘Operación Acordeón’.
Dijo que continúan varias líneas de investigación, entre esas la de saber la forma cómo se celebró y se otorgó la concesión por parte del municipio de Barranquilla a la Triple A.
En un tercer lugar, según Martínez, conocer el envío de dineros a través de facturas ficticias por 27.000 millones de pesos por facturas igualmente irregulares en la medida en que corresponden a bienes y servicios no prestados a la compañía. “Respecto a eso que estamos indagando adónde fueron a parar esos dineros, pues el señor Ramón Navarro, quien se encuentra capturado por esta circunstancia, no ha colaborado con la justicia”.
Sin embargo, el fiscal expresó que gracias a la cooperación entre la Fiscalía General de la Nación con la Fiscalía General de España, “hemos encontrado en un allanamiento que se hizo en la casa del señor Edmundo Rodríguez documentos que presuntamente permitirían empezar a desenredar este tema del destino de esos dineros que podría dar cuenta de muy graves hechos de corrupción en el sector judicial y a nivel de la política local de Barranquilla”.