Las ramas mortales de la vía Montería - Cereté
Esto puede estar motivada por diversas causas, pero son las autoridades las encargadas de cuidarlos y evitar que se conviertan en un peligro para la sociedad.
Un verdadero limbo jurídico atraviesan hoy los familiares de las tres personas que han muerto por causa de la caída de ramas en la vía Montería–Cereté, pues hasta el momento no se ha establecido qué entidad es la responsable de la tala y cuidado de los árboles enfermos que ponen en riesgo la vida de los usuarios de la vías de la ciudad.
La Alcaldía de Montería, el Concesionario Autopistas de la Sabana e incluso la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) se encuentran en el foco de las millonarias demandas, pero será un estudio de responsabilidad el que le permita establecer al Juzgado Primero Administrativo de Montería cuál de estas entidades debe responder a los dolientes.
EL HERALDO entrevistó al abogado Roger Enrique Simanca Álvarez, quien funge como representante de la familia de Diela Patricia Berrío, de 32 años, y de Héctor Javier Romero Velásquez, de 23, ambos muertos por la caída de ramas.
El pasado lunes 29 de octubre también murió la madre comunitaria, Mildreth Gómez, de 57 años, quien iba como parrillera de una moto que se fue al suelo luego de la caída de otra rama. En ese mismo hecho resultó gravemente herido el esposo de la mujer. No se descartan medidas jurídicas por esta nueva muerte.
“En estos casos hay que hacer un estudio de imputación en donde se establezca la responsabilidad extracontractual del Estado. Este estudio se hace para efectos de determinar quién o quiénes son las personas que están llamadas a responder de manera directa e indirecta con fundamento en los hechos que se le están imputando”, aseguró Simanca Álvarez.
El jurista sostiene que “es más que seguro que el responsable va a salir a flote tarde o temprano. Este estudio también le permitirá al Juzgado Pri- mero Administrativo de Montería saber a quiénes
ÁRBOLES SILVESTRES O ÁRBOLES PLANTADOS.El abogado Roger Simanca explicó que en el proceso es necesario establecer que hay árboles silvestres que nacen por acción natural y otros que son plantados por la mano del hombre, ya sea para el embellecimiento de la ciudad, para la oxigenación del medioambiente o para la decoración de la vía.
“En todas las situaciones debe haber una entidad que vigile el crecimiento de esos árboles. En caso de que hayan sido plantados cabe una doble responsabilidad, pues las entidades deben velar para que ese árbol se mantenga sano y no afecte a la comunidad en su crecimiento”, aseguró el abogado. “FUERON SEMBRADOS POR LA MANO DEL HOMBRE”.El abogado aseguró que “los primeros indicios han permitido establecer que los árboles que están a un costado de la vía Montería–Cereté fueron plantados, pues están ubicados bajo un mismo orden de línea recta y son de la misma especie de árboles”.
“En el caso de Diela Hernández, ocurrido el 7 de junio del 2014, la causante del accidente fue una palmera que le cayó cuando ella pasaba en su moto. Esa fue una planta sembrada, pues estaba en mitad de la vía, en el camellón. Ahora será el juez del caso quien tendrá que establecer qué entidad la sembró”, aseguró el abogado.
Con relación al caso de Héctor Javier Romero Velásquez, ocurrido el 12 de julio de 2018, el jurista dijo que también se tendrían que vincular los entes públicos y al concesionario en mención para que sea el juez quien escudriñe conforme a los elementos probatorios presentados.
NADIE ASUME LA RESPONSABILIDAD. Dentro del proceso, la CVS asegura que ha emitido las alertas respectivas a los entes gubernamentales locales, pero Autopistas de la Sabana argumenta que la poda de los árboles no está dentro de su contrato.
En su momento, la Alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Tránsito, había solicitado al concesionario Autopistas de la Sabana que asumiera la responsabilidad por la poda y tala de los árboles que están en el tramo de la vía concesionada.
Sin embargo, voceros de del concesionario, a través de comunicados, aseguran que el mantenimiento de los árboles no es una responsabilidad incluida en el contrato suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).