Legalidad sin contexto
El sábado 3 de noviembre, aludiendo altos niveles de ruido, las autoridades sellaron transitoriamente el reconocido bar Donde Fidel, referente de música salsa en el centro histórico de Cartagena. Una vez se hizo pública la noticia, la polémica no dio espera: por un lado estaban los frecuentes clientes del bar para quienes la música salsa es un asunto patrimonial y, por otro, los defensores de la legalidad a ultranza.
Pero el asunto va más allá. La zona del Portal de los Dulces y la Torre del Reloj ha significado un territorio de confrontación y disputa entre distintas lógicas de la ciudad. No en vano, Yolanda Wong, entonces alcaldesa encargada de Cartagena, el pasado mes de agosto dijo ante los medios que las trabajadoras sexuales “no pueden ser la imagen de la ciudad y la Torre del Reloj y la Plaza de los Coches lo son”. Es decir, para Wong, ese sector debe ser algo así como una postal para promocionar a Cartagena. Al menos la Cartagena que venden en los paquetes turísticos.
El negocio de Fidel tiene una ubicación envidiable para cualquier inversionista, como también lo tiene el negocio de al lado, la lonchería El Portal, que lleva más de medio siglo administrado por una familia de origen chino. De manera coincidente, cada uno a su estilo, hacen parte de la Cartagena que desaparece ante los ojos de los cartageneros para convertirse en una ciudad boutique. Contra el restaurante El Portal ya se han visto intentos de saboteo con la divulgación de un falso video que intentaba dañar su reputación, pero cientos –miles– de trabajadores y estudiantes mostraron su respaldo y dieron cuenta de su tradición para salvar el día con una empanada china en tiempos de austeridad.
Lo de Fidel tiene un antecedente que no se puede dejar de lado y tiene que ver con la presencia de trabajadoras sexuales en el sector de la Torre del Reloj. Después del aplaudido golpe de la Fis- calía a las redes de trata, con la conocida operación Vespa que generó la captura de alias La Madame y de un oficial de las Fuerzas Armadas, en Cartagena se desató una arbitraria criminalización a la prostitución. Las declaraciones que he mencionado de la entonces alcaldesa, son una especie de marco teórico para arbitrarias restricciones a la libre circulación por el espacio público.
El negocio de Fidel no es un bar que propicia la presencia de trabajadoras sexuales, pero la lógica de pacificación de la zona incluye acabar con cualquier manifestación popular del arrabal. Todos los procesos de gentrificación y desplazamiento de los sectores populares urbanos se sirven de la legalidad. Una ley, por supuesto, aplicada a la medida de un modelo de desarrollo y un proyecto de ciudad muy específicos.
La escenografía para la hipócrita postal de la imagen de la ciudad se va armando poco a poco. La legalidad no puede ser un absoluto incuestionable, más allá que se cumpla la sanción –que nadie pretende evadir–, requiere analizar su contexto. En algún momento esclavizar seres humanos fue legal.
Nota: Solo para hacer memoria, un sicario al servicio del paramilitarismo asesinó a cuatro trabajadoras sexuales en la Torre del Reloj el 13 de febrero de 2003.