Romper el círculo vicioso

La condena al gobernador de La Guajira no debe asumirse como una anécdota. El Estado debe intervenir ante la crisis del departamento, pero no en el sentido que pretenden quienes lo ven como territorio fallido.

Qué ha hecho La Guajira para merecer esto. Para estar permanentemente en el foco noticioso por la venalidad de sus dirigentes. Para estar sumida en el atraso como si pesara sobre el territorio una maldición bíblica imposible de conjurar.

Ayer, la Corte Suprema condenó a 10 años de cárcel y ordenó la captura del gobernador del departamento, Wilmer González, por haber ganado las elecciones de 2016 de manera fraudulenta.

González es el último de una lista ya demasiado larga de mandatarios guajiros que han contribuido a hundir a su tierra en el infortunio. En esta historia regional de la infamia figuran, entre otros, ‘Kiko’ Gómez, condenado a 55 años de prisión por homicidio; Oneida Pinto, procesada por corrupción en el programa para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, y José María Ballesteros, acusado de peculado en la contratación pública. Wilmer González ganó las elecciones atípicas en 2016, convocadas tras la detención de Pinto y después de un interregno de cinco meses en que Jorge Enrique Vélez, hoy presidente de Dimayor, ejerció como gobernador encargado por decisión del presidente Santos. En febrero de 2017, González fue enviado a prisión, y Santos encargó de la gobernación al conocido intelectual Weildler Guerra, a quien sucedió, también como encargada, Tania Buitrago. En septiembre pasado, González recuperó el cargo después de que el Tribunal Superior de Bogotá le concediera la libertad condicional. El culebrón finalizó ayer –al menos eso parece– con la condena de la Corte. La pregunta es: ¿Y ahora qué? ¿Otro gobernador encargado, nuevas elecciones atípicas y un mandatario más que terminará enredado en el cenagal de la corrupción? ¿Es posible que La Guajira escape a este ciclo infernal?

Hay quienes consideran que estamos ante un caso de departamento fallido, en el cual solo cabe la intervención del Estado. Nosotros seguimos convencidos de que en La Guajira hay hombres y mujeres preparados y honestos, capaces de gobernar con tino, pero que carecen de capacidad para doblegar en las elecciones a las maquinarias corruptas o, directamente, se abstienen de desafiarlas por pasividad o temor.

Más que intervenir administrativamente el departamento, el Estado debe acabarles el negocio a los corruptos, asumiendo un control mucho mayor en la asignación de los recursos y en la ejecución de contratos. Y mediante una acción mucho más eficaz de la justicia.

A su vez, los partidos políticos, si de verdad quieren ayudar a los guajiros, deben excluir de sus listas a los depredadores que tantos votos les suelen proporcionar en los comicios. Esas intervenciones sí son bienvenidas. Lo demás es palabrería.

Los partidos, si de verdad quieren ayudar a los guajiros, deben excluir de sus listas y de sus alianzas a los depredadores que tantos votos les suelen proporcionar en los comicios.