¿Cuál es la “nueva etapa”?
Relevo del agente interventor, aplazamiento de la elección del operador, quejas por el servicio eléctrico... Sería conveniente que alguien explicara en detalle el nuevo escenario de Electricaribe.
Tras el relevo de Lastra y el aplazamiento de la elección del nuevo operador, el Gobierno debería explicar en detalle en qué escenario se encuentra el embrollo de Electricaribe.
En medio de las quejas de los usuarios por la deficiente prestación del servicio eléctrico, y la incertidumbre en el proceso de selección del nuevo operador de Electricaribe, la Superintendencia de Servicios relevó el viernes pasado del cargo al agente interventor de la compañía, Javier Lastra.
En la carta de despido, la superintendente Natasha Avendaño dedica encendidos elogios a la gestión de Lastra. Pero resulta inevitable presumir que se trata de un mero formulismo protocolario, porque a renglón seguido la remitente anuncia que empieza una “nueva etapa en Electricaribe que traerá nuevos retos”, en la cual ya no tiene cabida el funcionario que ocupaba el cargo desde el momento de la intervención, hace ya dos años. Sería conveniente que la superservicios explicara con más detalle en qué consisten la “nueva etapa” y los “retos” que supuestamente acarreará. Porque la sensación que tienen los habitantes de la Región Caribe es que la situación de Electricaribe se encuentra bastante enredada y que no vislumbra en el horizonte cercano una solución que permita superar de manera definitiva el problema. El mismo día en que la ‘súper’ envió la carta a Lastra, el Ministerio de Minas y Energía anunció el aplazamiento, hasta finales de noviembre, de su decisión sobre el nuevo operador de Electricaribe, que debía haber tomado precisamente el pasado viernes.
Al concurso solo se presentó un proponente, la firma Enel Américas SA, de la multinacional italiana Enel. Pero resulta que, de acuerdo con la legislación vigente que establece límites de accionariado en el mercado del suministro eléctrico, su participación en la Empresa de Energía de Bogotá le impediría tener también el control de Electricaribe. A ello se suma la inquietud por los cuestionamientos de que es objeto Enel en varios países donde tiene presencia. Dice el ministerio que en estos 15 días se van a buscar “alternativas” a la complicada situación. Pero, ¿no decían que había ya un Plan B si el concurso no se desarrollaba de manera adecuada? ¿Cuál era ese plan? ¿A qué obedece tanto secretismo sobre un tema que interesa a todos los costeños? Somos conscientes, y lo hemos dicho en más de una ocasión, que el embrollo de Electricaribe es un asunto heredado de la anterior administración. Pero consideramos que la mejor forma de tranquilizar a los más de 2,5 millones de usuarios es hablando con claridad.
No se puede seguir cifrando la solución del problema en que aparezca un operador providencial. El Gobierno debe explicar con nitidez qué opciones baraja, cuál será su papel tanto si surge o no ese operador, y qué va a pasar con las tarifas eléctricas de los costeños.
La Región Caribe ha soportado ya demasiada desidia. Y lo mínimo que se merece son explicaciones.
El Gobierno debe explicar con nitidez qué opciones baraja, cuál será su papel tanto si surge como si no el nuevo operador, y qué va a pasar con las tarifas eléctricas de los costeños.