Una junta consultiva vigilará el uso de recursos en Electricaribe
La Superintendencia de Servicios Públicos presentó a la Bancada Caribe del Congreso un esquema de gobernanza para garantizar la “correcta” ejecución de los recursos de Electricaribe.
Superservicios presentó a Bancada Caribe del Congreso un esquema de gobernanza que “garantizaría” la inversión por $781 mil millones para mejoras del servicio de esa empresa.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en reciente reunión con la bancada Caribe del Congreso, hizo la presentación oficial de lo que será un esquema de gobernanza para Electricaribe, que no es más que un mecanismo que busca garantizar “la correcta” ejecución de los recursos por $781 mil millones que serán invertidos para las mejoras del servicio de energía en 2019.
De acuerdo con el plan presentado por la Superintendente Natasha Avendaño García, ese esquema comprende la conformación de una junta consultiva integrada por 5 miembros: tres designados por el Gobierno Nacional y dos miembros independientes en representación de los gremios; una secretaría técnica y un comité de cumplimiento. (Ver gráfico)
Esa junta consultiva será un órgano independiente de Electricaribe, que se encargará de supervisar las inversiones y la empresa de energía tiene la obligación de suministrar la información requerida, seleccionar los temas que considere deben ser objeto de revisión y emitir recomendaciones al Agente Especial.
La secretaría técnica de esa junta consultiva se encargará de conseguir la información que dicha asociación le solicite a Electricaribe, se encargará de redactar los documentos y hacer las investigaciones que la junta consultiva le ordene, apoyará la discusiones de la junta con las investigaciones y documentos requeridos y se encargará de verificar que los miembros de dicho comité no tengan conflictos de intereses.
Según el esquema planteado por la Superservicios, le corresponde a un Comité de Cumplimiento tomar las decisiones sobre los procesos de contratación con cuantías altas, es decir mayores a 6.240 smlv (salarios mínimos legales vigentes)
ESQUEMA DE GOBERNANZA. Para garantizar la integridad en los procesos de contratación el esquema de gobernanza plantea seis ítems: El primero de ellos tiene que ver con la transparencia, para ello se deben publicar los concursos cuyas cuantías superen los 6.240 smlmv y publicar las políticas de contratación, así como los contratos en ejecución.
El segundo punto tiene que ver con la selección objetiva. Aquí se detalla que salvo excepciones debidamente justificadas y soportadas, los procesos de selección de contratos de altas cuantías deberán llevarse a cabo por concurso.
El otro aspecto tiene que ver con la austeridad, por ello recomienda que los bienes o servicios que se contraten sean los “estrictamente” necesarios para garantizar la prestación del servicio de energía.
El cuarto ítems tiene relación con la planeación de la contratación: necesidad de contratación, objeto del contrato, estudio del mercado y presupuesto.
El quinto es la estructuración de la contratación. Estas deben contar con es- tudios previos, verificación presupuestal y estructuración de los procesos de contratación.
Y el sexto punto trazabilidad y rendición de cuentas: para cada proceso es necesario un expediente y que las decisiones sobre procesos de selección o contratos de mayor cuantía sean tomadas con el comité de cumplimiento.
Según la Superservicios, del total del plan de inversiones y plan de recuperación de pérdidas de Electricaribe están en el orden de los $781.000 millones, de los cuales $735.000 millones son recursos Conpes. (Ver gráfico)
El total del plan de inversiones para los próximos 10 años se estima en $7. 1 billones.
La representante Martha Villalba (Partido de la U) detalló que la Superintendente les plateó un nuevo esquema de gobernanza para garantizar el buen manejo de los recursos que destinará el Gobierno en el marco del plan de inversiones de Electricaribe.
Según Villalba, la junta consultiva estará integrada por (Minminas, Minhacienda y Superservicios) y dos miembros del sector privado o de los gremios, que tendrán el deber de hacer recomendaciones sobre el manejo de la empresa y solicitar toda la información que consideren pertinente.
Desde su punto de vista la secretaria técnica es el brazo armado de la junta consultiva en el sentido que tiene la potestad de pedir toda la información que requiera de la empresa y preparar las sesiones de la junta consultiva. Según Villalba, esa secretaria técnica será ejercida por una persona jurídica con experiencia en la materia.
MIRAR NOMBRES CON LUPA. En opinión del senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) la idea es contar con un sistema donde se garanticen esas inversiones, pues lo que se quiere es que redunden en mayor calidad del servicio.
Considera que los integrantes de esa junta consultiva son nombres que hay que mirar con lupa, pues deben tener los conocimientos energéticos, financieros y que se blinde esa inversión que se va a recibir en Electricaribe. Además le parece interesante que los gremios económicos estén en la junta.
Cepeda dice además que la inversión de esos recursos son “pañitos de agua tibia” en este momento, porque se continuará profundizando la deuda de Electricaribe. “Es una deuda porque es con el Fondo Empresarial de la Superintendencias de Servicios y mientras no tengamos el nuevo operador, no podemos hablar de la solución del problema”., dijo Cepeda.
Agrega que en la medida en que se profundiza la deuda menos opciones tienen de un operador.
SUBIRíAN TARIFAS. El senador José David Name (Partido de la U) detalló que la Superservicios les manifestó en la reunión que los Conpes están aprobados, pero que necesita que los congresistas hagan el lobby con el Gobierno para que giren los recursos lo más pronto posible. Posteriormente dio a conocer la conformación de ese grupo ( junta consultiva) para que los recursos se manejen “adecuadamente”.
“Yo estoy de acuerdo con que se manejen de esa manera, pero lo importante es que Electricaribe tenga robusta su parte técnica y las licitaciones y convocatorias sean transparentes”, expresó
Coincide con el senador Cepeda en que esos recursos que se invertirán el próximo año, son solo “un paño de agua tibia”, pues se está lejos de la solución definitiva.
Enfatiza en que esta plata es “prestada” y aclara que esto va “contra tarifa”. “La plata es prestada contra el fondo empresarial que tiene la Superintendencia, esto no lo está regalando el gobierno ni es del presupuesto general de la Nación, es prestada. Electricaribe presentó un plan de inversión que a la fecha no ha querido hacerlo público y subirán las tarifas contra los recursos que se inviertan en la empresa”, sostuvo el senador Name.
BOMBA DE TIEMPO. Para el representante César Lorduy (Cambio Radical) con la intervenida Electricaribe “estamos frente a una bomba de tiempo” que de activarse dejará a la Región Caribe en tinieblas, ya que los recursos vía créditos – ninguno gratis- que se le han inyectado a la empresa por parte del Gobierno Nacional a través del Fondo Empresarial ($349.122 mil millones) fundamentalmente han sido y son para otorgar garantías a los proveedores de energía, y casi que ninguna suma para inversiones y mantenimientos.
Lorduy dice que la demanda sigue creciendo en casi el 6% anual, pero también el nivel de las perdidas: a 2017 eran del 22,78%, en 2018 ya van en un 24,5%, y para el 2019, si no se hace nada, se proyectan en un 25%, cuando lo apenas “normal” es que no exceda el 16%.
Para esto último, asegura Lorduy se requieren con urgencia $7,1 billones en los próximos 10 años, y por ahora solo se cuenta con $125.000 mil millones para financiar inversiones prioritarias en infraestructura del STR (Sistema de Transmisión Regional) y del SDL (Sistema de Distribución Local) que deben ejecutarse de manera urgente.
Para el resto de las inversiones, cambios de redes, blindaje de la red y control de pérdidas, se requieren para 2019 con mucho más que emergencia $781 mil millones, de los cuales Electricaribe deberá aportar 46 mil millones, y para el saldo apenas se tiene autorización por $ 735 mil millones del Conpes 3933 de 2018 mas no todavía de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público; sumas que en ningún caso podrán dar origen a mayores tarifas con cargo a los ya sufridos usuarios de esta empresa, que por el contrario deberían ser indemnizados, como consecuencia de los daños que se les ha causado.
En opinión de Lorduy pareciera que desde Bogotá se desconoce o no les importa la realidad de más de 10,8 millones de habitantes en la Costa que sufren día a día con apagones, daños en electrodomésticos, a lo que hay que sumarle la pérdida de competitividad de las empresas ubicadas en 188 municipios de la Región Norte del país.