Petro, ¿perseguido político o mala paga?

Las relaciones de Gustavo Petro con las decisiones administrativas o judiciales que lo afectan son bien curiosas: si lo favorecen, entonces pregona la objetividad e imparcialidad de la justicia y llama a sus contradictores políticos, entre ellos Álvaro Uribe, a que acaten los fallos. Pero si lo perjudican, entonces afirma que se trata de una persecución política y procede a convocar marchas en todo el país para que lo respalden. Ese procedimiento también contribuye al descuadernamiento nacional, pues genera mayor desconfianza en las instituciones del Estado. Contra Petro existen tres decisiones de la Contraloría de Bogotá que tienen su origen en su paso por la Alcaldía. No ha acatado ninguna, con el argumento de que quien las tomó es un “funcionario corrupto”, ficha de Germán Vargas Lleras, uno de sus principales contradictores políticos. De acuerdo con la Contraloría, las decisiones de Petro le costaron a Bogotá unos 300.000 millones de pesos y por ello deberá responder por el “detrimento patrimonial” causado. Para Petro, la decisión del Consejo de Estado de tumbar la protección provisional que le permitió ser candidato presidencial y senador también tendría motivaciones políticas y por consiguiente tampoco parece dispuesto a acatarla.