Alta tensión
Lo que sucede en Electricaribe nos afecta a todos y en vez de ser una espada de Damocles debería ser un activo estratégico como también es el caso del río Magdalena. La raíz de la solución no es económica, como se cree, sino política. En la Región Caribe ganó Petro, por eso sería mucha gracia que Duque nos resuelva esto, cuando además sabemos que no hay recursos. Y no es que Duque no quiera ayudarnos, sino que no puede o le será casi imposible, así que estamos al garete.
La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobó esta semana una garantía soberana de la Nación, sin contragarantía, por 735 mil millones que se aplicarán “mientras tanto” para financiar el primer año del plan de inversiones y la recuperación de las pérdidas de Electricaribe.
El artículo 365 de la Constitución dice: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”. Queda claro que “vigilar” es una función del Estado y le cabe la responsabilidad al haber permitido que las cosas llegaran a este punto por no haber estado pendiente a través del ente vigilante, que es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
A su vez, Electricaribe contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y esta entidad dice “tener el diagnóstico, las alternativas y el plan de ruta para la estructuración de la solución definitiva, para devolverle la viabilidad a la empresa con un horizonte de 10 años prestando un servicio de calidad”. Suena bonito. El Grupo Enel ha sido el único en manifestar su interés en “el negocio” de Electricaribe y resulta que eso, hasta el momento, no va a poder ser una opción.
Para coger el toro por los cuernos, ya quisiéramos que fuera solo un toro, se requiere un coloso con capacidad económica y técnica para convertir esta empresa –ya moribunda– en un atleta de alto desempeño. No es tarea fácil y hay pocas opciones para escoger. Tampoco hay muchos que se le midan, por eso estamos en el peor de los escenarios. Ilusamente se pretende que la empresa que tome este negocio no tenga más del 25% del mercado eléctrico. El Grupo Enel no es la alternativa porque alteraría el equilibrio en el mercado de energía, al sumarle Electricaribe, quedaría con el 46% de participación.
Un buen nivel de competencia estimula que las tarifas sean competitivas para los usuarios y estamos a favor de eso, pero el reto al que nos aboca Electricaribe es de tipo explosivo. El mercado eléctrico de la Región Caribe crece a un ritmo del 6% anual, mientras el resto del país lo hace al 2%; la mitad de los equipos tiene más de 30 años. Solo el 20%, menos de 10 años: obsolescencia total. Los equipos están siendo operados al máximo de su capacidad. Las pérdidas de la empresa van en ascenso y por encima de los límites. El panorama es más que oscuro y, como bien anuncia el representante a la Cámara César Lorduy: “estamos frente a una bomba de tiempo que nos dejará en tinieblas”. Y tiene razón.