Fiscalía revela pruebas contra red de corrupción en salud
Por esos casos, ocurridos entre 2016 y 2018, están vinculados cuatro personas que trabajaban en el sector en Barranquilla y Bogotá ➲ Dos están privados de la libertad.
BOGOTÁ. La Fiscalía reveló los contenidos de las pruebas contra Eva Katherine Carrascal Cantillo, Javier Peña Ramírez, Guillermo Enrique Grosso Sandoval y Jhon Alexander Colmenares Russi, implicados en supuestos actos de corrupción en el sector salud de Barranquilla y Bogotá.
Tras la captura de estas personas, el pasado 26 de octubre de 2018, un fiscal del Grupo de Trabajo para la Investigación de Delitos que afecten el Sistema General de Seguridad Social en Salud logró probar ante un juez de control de garantías la inferencia razonable en los hechos.
El expediente se refiere a que desde el año 2016 y hasta enero de 2018 varios particulares, entre ellos Javier Peña Ramírez, director médico de Cajacopi EPS; Guillermo Enrique Grosso Sandoval, ex agente interventor de Saludcoop EPS y ex presidente de Cafesalud EPS y Jhon Alexander Colmenares Russi, administrador de varias IPS, “presuntamente se concertaron para cometer actos de corrupción de manera indeterminada, valiéndose del conocimiento y relaciones con diversos servidores públicos, incluidos altos funcionarios del Estado y miembros del Congreso de la República”.
Indicó la Fiscalía en el comunicado que Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien se desempeñaba como superintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, “se habría integrado a esa red y puso al servicio de estas personas la función pública que ostentaba, a cambio de múltiples beneficios económicos – dádivas o coimas– que le reportarían un incremento patrimonial hasta ahora no justificado superior a $700 millones”.
Entre estos dineros o utilidad obtenida se reportan pagos o abonos por un apartamento en el norte de Bogotá por $445 millones a través de empresas del sector salud o relacionadas con Colmenares Russi y su progenitora.
También hay pagos mensuales por $15 y $20 millones aproximadamente “que provendrían de un negocio de medicamentos en Córdoba y otro de prestación de servicios de salud en La Guajira”. Y “participación accionaria en una EPS, por interpuesta persona”.
La Fiscalía indica en su comunicado que Carrascal “se comprometía a realizar actos propios de sus funciones y contrarios a ellas, como tomar decisiones y emitir conceptos en trámites administrativos de entidades vigiladas (reorganización, modificación y revocatoria de condiciones de habilitación de EPS y Cajas de Compensación); intervenir en Cafesalud EPS para el pago de cuentas médicas; utilizar información oficial privilegiada (datos financieros y anticipación de decisiones de ente de control); o asesorar ilegalmente a los particulares".
Fue imputada por ello de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado y asesoramiento y otras actuaciones ilegales, cargos que no aceptó.
Con respecto a Javier Peña Ramírez, Guillermo Enrique Grosso Sandoval y Jhon Alexander Colmenares Russi, se formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer como coautores, utilización indebida de información oficial privilegiada y asesoramiento y otras actuaciones ilegales como determinadores. Uno de los imputados aceptó los cargos.
Desde el 15 de noviembre de 2018, un togado avaló la petición y envió a la Cárcel el Buen Pastor de Bogotá a Carrascal Cantillo, a la Cárcel El Bosque de Barranquilla a Peña Ramírez y a la Cárcel la Picota de Bogotá a Grosso Sandoval y a Colmenares Russi.
“Dentro de las evidencias presentadas por la Fiscalía en audiencias, se encuentran documentos que acreditan algunos desembolsos a favor de la señora Carrascal Cantillo y un número considerable de audios producto de interceptaciones telefónicas que permiten inferir la posible responsabilidad de los imputados en estos actos delictivos”, indicó el ente de investigación penal.