Imputan terrorismo a los 59 colombianos presos en Caracas
Tras dos años de detención, el grupo fue presentado ante un tribunal También les imputaron concierto para delinquir y forjamiento de documentos públicos.
Tras más de dos años detenidos sin acusación, y pese a que un juez ordenó liberarlos por falta de pruebas, la Fiscalía venezolana los sindica de paramilitarismo.
El Tribunal 47 de control de Caracas imputó la tarde de ayer, luego de 819 días, a los 59 colombianos presos en Caracas, acusados por el presidente Nicolás Maduro de ser “paramilitares” y “mercenarios”.
Sergio Aranguren, quien ejercía la defensa de los connacionales, diálogo con EL HERALDO y confirmó que a los “colombianos se les imputaron tres delitos” y se les “vinculó” como presuntos integrantes de la banda ‘Los Urabeños’. Parte del grupo fue capturado en octubre de 2015 en un hotel de la población de La Fría, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
“Hoy (ayer) les hicieron una audiencia de presentación, sin derecho a la defensa, imputaron a los 59 colombianos por delitos de terrorismo, concierto para delinquir y forjamiento de documentos público. Estos delitos son de pena máxima en Venezuela, que podrían llegar a tener una sentencia de 30 años”, dijo el jurista.
Aranguren señaló que no lo dejaron ejercer la defensa de los connacionales, y les fueron asignados cinco defensores públicos.
La audiencia, según conoció este medio, se realizó en las instalaciones de La Yaguara (sur de Caracas), donde se encuentra el centro de reclusión donde por más de dos años llevan detenidos los colombianos, 51 de ellos costeños.
La defensa pidió las pruebas a la Fiscalía de los vinculos con la banda y esta solicitó los 45 días para presentarlas.
“El tribunal se instaló a las 11 de la mañana en el comedor del centro de reclusión y fue levantado a las 4 de la tarde de ayer. Allí la defensa pidió nulidad de la audiencia debido a que había trascurrido más de dos años sin que los hoy procesados hubiesen sido presentados a un tribunal y solicitó la deportación inmediata, pero fue negada”, detalló el abogado, quien pidió a la Cancillería de Colombia dar las copias de las “supuestas” 40 notas consulares emitidas al Gobierno de Venezuela en los últimos meses.
“NOS HICIERON FIRMAR UNOS DOCUMENTOS”. Enoc Montemiranda, uno de los detenidos oriundo de Barranquilla, manifestó que en días pasados el servicio de extranjería de Venezuela fue hasta el centro y “les hizo firmar documentos” y les “tomó las huellas dactilares” para “hacer la deportación”.
“Hoy nos salen con esta audiencia y nos vinculan una banda, cuando muchos de nosotros ya teníamos años de estar acá en Venezuela y nos detuvieron en septiembre de 2016 en distintos puntos de Caracas por estar indocumentados”, señaló Montemiranda.
Los detenidos narraron además que no se les permitió hablar durante la audiencia. “Ellos solo oyeron a la defensa, nosotros no pudimos hablar. ¿Qué el Gobierno de Colombia y la Cancillería nos expliquen si esto era lo que ellos buscaban?”, se preguntaron.
La semana pasada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la sentencia del
21 de noviembre de 2017, del Tribunal 27 de Control, en que le ordenaba la libertad de los connacionales. “Según el fallo el tribunal interrumpió el proceso administrativo de deportación iniciado contra los colombianos lesionando el orden público e interés de la República”.
HABLA LA CANCILLERíA. A través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que el 26 de noviembre el Ministerio tuvo conocimiento de la presunta decisión del TSJ, “por lo cual el 27 de noviembre se solicitó mediante Nota Verbal a la Cancillería venezolana intervención ante las autoridades competentes, a fin de establecer la veracidad de la decisión judicial”.
Frente a la audiencia de ayer, la Cancillería señaló que el cónsul de Colombia en Caracas “se dirigió” a La Yaguara, pero su ingreso “fue postergado” hasta las 4:00 de la tarde. “El Consulado una vez entró en contacto con la representación legal privada de los connacionales, fue enterado de parte de ellos que en el juicio adelantado hoy (ayer), al que no les fue permitido el acceso, se les imputaron cargos por terrorismo, asociación para delinquir y falsedad en documentos”, asegura.
Hasta la fecha, dice la Cancillería, se han elevado 94 notas verbales al Gobierno de Venezuela invocando la legítima protección de los derechos humanos de los 59 connacionales.